Embarazo prematuro

Diario Tiempo

Honduras ocupa, en América Latina, el segundo lugar en embarazos en adolescentes, y eso significa que el 22 por ciento de las hondureñas jóvenes, entre 15 y 19 años, ha experimentado el estado de gravidez.

Esta información procede de un foro realizado en Tegucigalpa sobre salud reproductiva, patrocinado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con ocasión del Día Mundial de Población.

La conclusión es que la causa principal de ese problema social es la falta de educación sexual en nuestra juventud, unido esto al patético índice de pobreza que afecta a casi el 80 por ciento de la población hondureña.

Esa mezcla socioeconómica de ignorancia y pobreza es el factor determinante, en la que interviene también, de manera incisiva, el fundamentalismo religioso instalado en nuestra sociedad, con su influencia dominante en las políticas de Estado.

La gravedad de ese alto porcentaje de embarazos prematuros en nuestro país no se reduce al problema estrictamente familiar, en que dicho núcleo se ve impactado moralmente y económicamente, sino que implica mayor carga para el Estado en relación con el incremento de la pobreza y las dificultades para solventarla.

Es verdad mundialmente aceptada que los países con sustancial disminución del crecimiento demográfico son aquellos que logran cotas sustentables de desarrollo humano. En nuestro caso, el de Honduras, la perspectiva es particularmente ominosa.

Al respecto, resulta muy interesante la conclusión de otro foro, sobre la anticoncepción de emergencia y el Estado laico en Honduras, íntimamente vinculado al fenómeno del embarazo en adolescentes, que clarifica la verdadera distorsión de la política de Estado en torno a los derechos humanos propios de la mujer.

Fuentes eclesiales conscientes, al referirse a la prohibición ilegal, inconstitucional, de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) o pastilla del primer día, indican que esa condena pone en evidencia que Honduras no es un Estado laico, sino un Estado confesional, porque decide —por motivos religiosos— sobre algo esencialmente privado, como es el dominio, de hecho y de derecho, de la mujer sobre su propio cuerpo.

La injerencia del fundamentalismo religioso en la política partidista, en la política elitista y en la política de Estado es un derivado del colapso institucional que sufre Honduras, que se profundiza y amenaza con la disolución del Estado y la conformación y confirmación del Estado fallido.

Los foros de referencia han desvelado, por ejemplo, que alrededor de 400 mil mujeres no logran ejercer el derecho de emplear métodos anticonceptivos. La PAE, entonces, repunta en la actualidad hondureña como el enemigo en provecho del fundamentalismo religioso, no importa el daño humano, económico y social que eso implique, a base de mentira, negación científica respecto a la salud y, definitivamente, mala fe.