Enrique Santiago Romero
Por Marvin Palacios
“Yo creo que lo que se aprecia es una práctica sistemática de vulneración de los derechos humanos y de persecución de los colectivos defensores de los derechos humanos”, reveló Enrique Santiago, especialista en derecho humanitario internacional que acompañó a la misión de parlamentarios españoles que visitó Honduras del 31 de marzo al 4 de abril de 2014.
La misión estuvo integrada por el senador Dionisio García del Partido Popular (PP), el senador Iñaki Anasagasti (Partido Nacionalista Vasco), el diputado del partido Izquierda Unida, Joan Joshep Nuet, la delegada del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (IEPALA), Beatríz Gil y el especialista en derechos humanos español, Enrique Santiago.
Santiago señaló que la primera conclusión a que llegó la misión parlamentaria de observadores de derechos humanos de España es que la impunidad es un hecho constatado en Honduras, con unos índices superiores, probablemente a los que puedan ocurrir en otro país, que van desde el 95 al 98 por ciento en general y similares respecto a crímenes cometidos contra colectivos defensores de los derechos humanos.
El especialista en derechos humanos comentó que “creo que el programa de reuniones preparado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) fue muy exhaustivo que permitió tener muchos elementos de valoración, porque hemos podido reunirnos con muchos departamentos de la administración del estado y también con organismos de la sociedad civil, especialmente de defensores, de manera que los legisladores puedan tener una idea global de lo que está ocurriendo.
Santiago explicó que desde el año 2009 se ha apreciado la aparición de una serie de evidentes actuaciones de persecución de determinados colectivos como defensores de derechos humanos y de otros que se oponían a la conculcación del sistema democrático y desde entonces la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) lleva adelante una serie de acciones ante la Fiscalía de la Corte Penal internacional (CPI) para que Honduras sea investigada con detenimiento por los delitos que son competencia de la corte como genocidio, crímenes de lesa humanidad, (que son los aplicables en Honduras) y crímenes de guerra.
“En estos momentos la fiscalía de la CPI mantiene abierta una investigación preliminar para determinar si se reúnen los requisitos respecto a los hechos ocurridos en Honduras para calificarlos como crímenes de lesa humanidad, nosotros estamos trabajando para que esa investigación pueda profundizarse y para disponer de todos los datos necesarios para que l CPI establezca sus conclusiones”, detalló el especialista español en derechos humanos.
Agregó que la CPI investiga y enjuicia eventualmente a personas individuales que bajo el cargo que desempeñan en la estructura del estado hayan propiciado o promovido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de tal manera que la “CPI tiene que investigar necesariamente a dignatarios del estado y organizaciones del estado”.
Enrique Santiago junto a miembros de la misión reunidos en la Embajada de España
Caso Billy Joya
En el caso de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado, durante la década de los años ochenta, como parte de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, Enrique Santiago habló sobre Billy Joya Améndola.
Santiago presentó una querella en España contra el capitán de policía en situación de retiro, Billy Joya Améndola, señalado por organismos de derechos humanos de pertenecer al batallón de la muerte 3-16, responsable de secuestros, torturas y desapariciones forzadas en contra de decenas de personas durante la denominada “década perdida”.
El defensor de los derechos humanos señló que esa querella la presentó a finales de los años noventa, “yendo de una orden de detención dictada en Honduras, (Billy Joya Améndola) se refugió en España y fue acogido por un centro religioso vinculado al Opus Dei en la ciudad de Sevilla donde estuvo escondido una serie de meses con identidad falsa, e incluso desempeñándose como catequista para menores”.
Agregó que Joya Améndola fue detectado por víctimas de torturas en Honduras y nos pidieron que interpusiéramos una acción penal, le interpusimos una querella y en el momento que esa querella fue admitida a trámite, el señor Billy Joya compareció ante los tribunales solicitando ser extraditado a Honduras.
“Donde llegó, y a no más llegar, fue puesto en libertad en Honduras. En estos momentos el caso no sigue abierto, porque al entregarse voluntariamente a la justicia hondureña, y estando solicitada la extradición por esos mismos delitos de tortura, entonces se archiva la querella en España”, explicó el especialista en derechos humanos.
En estos momentos en España se ha aprobado una reforma que prácticamente anula el ejercicio de la jurisdicción universal, “o al menos esa era la pretensión del legislador con mayoría absoluta en el parlamento del Partido Popular (PP); es además muy triste y vergonzoso porque esa reforma de la ley la anunció a los españoles la ministra de exteriores de Israel, a consecuencia de las órdenes de detención que se habían dictado en España contra altos oficiales del ejército israelí y ministros, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Gaza y por el asalto a la flotilla de La Libertad”.
Santiago lleva adelante una serie de investigaciones de expedientes relacionados a crímenes de lesa humanidad y que han tenido trascendencia a nivel mundial.
Para el caso participó en los sumarios que se presentaron en España contra los responsables de las dictaduras militares de Argentina y Chile, así como en la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, en el cual se encuentra un oficial de la armada argentina que guarda prisión en España condenado a mil 80 años de prisión.
En la actualidad, Enrique Santiago se desempeña como abogado defensor de la familia del camarógrafo español José Couso asesinado en Bagdad, Irak en abril de 2003, en una de las primeras incursiones de las fuerzas armadas estadounidenses donde se cometieron sucesivos ataques contra periodistas y reporteros gráficos de los medios de comunicación independientes que se encontraban en Bagdad.
Asimismo el defensor de los derechos humanos lleva adelante varias querellas por investigación de los secuestros supuestamente ordenados por autoridades de Estados Unidos de personas a las que ellos señalaron como responsables del terrorismo, más conocidos como los vuelos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que operaban en varios países de Europa.
Los detenidos acusados de terrorismo fueron llevados al campo de concentración de alta seguridad situado en la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Por estas detenciones y los abusos cometidos en contra de los privados de libertad originarios de Irak, Afganistán y de otras nacionalidades, Santiago presentó querella contra el ex presidente de Estados Unidos, George Bush y sus asesores, así como otra querella en contra del gobierno de Israel por el ataque a la flota de la libertad en donde se produjeron 11 asesinatos.
Actualmente Santiago realiza trabajos y colaboraciones tanto para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), la Red Europea de Abogados y preside el Foro de Abogados de Izquierda de España.
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