Por Diego Jiménez Mirayo *
Foto: Denunciamos que hay actas clonadas y manipuladas. #EleccionesLibres
Algo está cambiando en Centroamérica en estos últimos años. Y no únicamente en Nicaragua y El Salvador, países en los que la izquierda tradicional ha asumido distintas responsabilidades de Gobierno, en base a pactos con la parte menos intransigente del establishment. En Guatemala, las movilizaciones indígenas en el área rural están en plena, e incierta, implosión. Y ahora, en Honduras, unos pueblos tremendamente golpeados por la historia ha logrado aprovechar la estela dejada por ese presidente atípico que fue Manuel Zelaya y, en un plazo de cuatro años, constituir un partido y ganar unas elecciones presidenciales. O al menos, quedarse a las puertas.
Este partido es el LibRe (Libertad y Refundación) y su candidata Xiomara Castro cuenta casi con el 29% de los votos escrutados en las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre, frente al 34% de Juan Hernández, del derechista Partido Nacional de Honduras. Estos son los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al cierre de este artículo, habiendo sido procesados un 68% de los votos. [Actualización: El TSE proclama al candidato oficialista ganador de los comicios del domingo]
Recordemos que las elecciones presidenciales en Honduras no preven una segunda vuelta, de manera que quien gane los comicios, aún por la mínima, ocupará la presidencia del país durante los próximos cuatro años.
A pesar del escrutinio oficial, tanto el LibRe, como buena parte de los movimientos sociales y de manera vehemente, el expresidente Manuel Zelaya, se han negado a reconocer los resultados, señalando las numerosas irregularidades del proceso. Irregularidades que van desde la supuesta desaparición de urnas, pasando por el asesinato de dos dirigentes del LibRe, hasta las más que plausibles sospechas acerca de la parcialidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El golpe de Estado como telón de fondo
Hay que recordar que fue precisamente el TSE la institución que instigó la campaña institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Ese día, los militares hondureños, en cumplimiento de los deseos de la oligarquía y ejecutando la orden de captura dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), allanaron la vivienda del presidente Zelaya, lo secuestraron a punta de fusil, y lo deportaron a la vecina Costa Rica.
Se puso así fin a una experiencia política inédita en la historia reciente del país. Por primera vez, un presidente tomaba decisiones que beneficiaban tímidamente a las grandes mayorías empobrecidas, pero sobre todo, situaban al país en la agenda regional latinoamericana, rompiendo su tradicional papel de delegación norteamericana -no olvidemos que Honduras fue la base de la contrainsurgencia norteamericana en la región, durante los años 80. Primero fue la visita de Lula en 2007, después la de Chávez en 2008, que desembocó en el ingreso de Honduras en Petrocaribe, una iniciativa petrolera regional liderada por Venezuela, y pocos meses más tarde, la adhesión del país al ALBA (la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
A estas alturas, tanto la patronal hondureña como los militares tenían claro que el presidente no era uno de los suyos. No obstante, la gota que colmó la paciencia de las élites locales fue la propuesta presidencial de abrir un proceso constituyente que, dadas las recién adquiridas credenciales izquierdistas de Zelaya, podría llegar a amenazar unos intereses construidos durante siglos de dominación.
El golpe de Estado dio paso al oscuro periodo del Gobierno de facto de Roberto Micheletti, durante el cual se produjeron profundas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, incluyendo la persecución y el asesinato de decenas de activistas sociales, dirigentes comunitarios y periodistas. Esta dinámica represiva no cesó tras las elecciones de noviembre de 2009, sino que siguió siendo utilizada para tratar de subyugar a un movimiento social y político cada vez más cohesionado, más organizado y más decidido a recuperar los espacios abiertos por Zelaya. E incluso a transgredirlos.
La vía electoral y la resistencia popular y comunitaria
Como en el resto de países de la región, los procesos electorales no explican por sí solos la complejidad y la riqueza de los movimientos populares, los cuales tienen otros ritmos, otros procesos organizativos y otros objetivos, que van más allá de las dinámicas partidistas.
En el caso de Honduras, la resistencia frente al golpe de Estado de 2009 logró aglutinar a distintas expresiones sociales, cristalizando en el denominado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un amplio movimiento que ha venido levantando la voz contra las políticas neoliberales del Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2013) y denunciando las graves agresiones contra los derechos humanos que se han producido durante su mandato. Además, el FNRP es el germen del partido LIBRE, al cual considera su “instrumento político”, si bien dentro del mismo confluyen otras corrientes, no todas tan decididamente transformadoras.
Por su parte, las comunidades de las áreas rurales continúan enfrentando, en primera línea de trinchera, unas decisiones políticas y económicas que amenazan su misma existencia. Buen ejemplo de ello es la férrea oposición levantada por el pueblo lenca en Río Blanco (departamento de Santa Bárbara), frente a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, la cual ha llevado a la criminalización del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y a la persecución de su coordinadora, Bertha Cáceres. También en el Bajo Aguán se mantiene la lucha por la tierra y por la recuperación de la memoria histórica, a pesar del proceso de militarización iniciado en 2011 que se ha cobrado la vida de nueve campesinos y una campesina, entre ellos tres de los principales dirigentes locales.
Honduras, es cierto, se encuentra en un punto de inflexión. Pero no por los resultados obtenidos por ningún partido político, sino por la fuerza creciente de unos pueblos que han tomado conciencia de sí mismos y de su capacidad para transformar un futuro que comienza a ser suyo.
* Diego Jiménez Mirayo es responsable de Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario