Radio Progreso
La agencia de noticias AP acaba de publicar una nota investigativa de los periodistas Alberto Arce y Katherine Corcoran en el que dejan evidencia tres de cosas importantes.
En primer lugar, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la cuestionada policía hondureña cuyo proceso de depuración hasta el momento es un total fracaso.
En segundo lugar, que el gobierno de Estados Unidos cuestiona que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla sea el Jefe de la Policía de Honduras por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a pandilleros, secuestradores y otros presuntos delincuentes.
En un informe del año pasado, el Departamento de Estado señaló haber retirado fondos de las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar “las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía".
En tercer lugar, que de acuerdo al gobierno estadounidense, el dinero que aporta a la policía sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa del Tigre Bonilla.
Estos tres puntos revelan una vez más el doble discurso y la doble moral de los Estados Unidos porque por un lado sigue apoyando a una policía cuestionada por décadas por su vinculación a crímenes de Estado durante los años 80 y a crímenes contra la ciudadanía, y al mismo tiempo señala que su dinero no va a las unidades que están bajo la supervisión de jefe policial.
No obstante, la posición estadounidense es contradictoria porque de acuerdo con la legislación nacional, el “Tigre” Bonilla tiene el control de todas las unidades de la policía y por tanto, no hay ningún policía en Honduras que no dependa jerárquicamente de él o no le deba obediencia.
En este sentido, aunque el gobierno de Estados Unidos diga que sólo da dinero a ciertas unidades de la policía, nadie cree que sea tan ingenuo de no saber que legalmente toda la policía está bajo el control del “Tigre” Bonilla.
En un país serio, el sistema de justicia ya hubiera dado los pasos para investigar todas estas denuncias y el gobierno suspendería al director de la policía; evidentemente de una institucionalidad fallida no puede esperarse nada pero lo más terrible es el silencio casi unánime de la sociedad que parece haberse convertido en un simple espectador de un espectáculo de sangre y muerte en el que la propia sociedad pone a las víctimas.
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