Radio Progreso
A propósito de los medios de comunicación, los datos que aportó el último sondeo de opinión del ERIC y la UCA sobre los medios de comunicación, en general, nos mueven a elaborar diversas hipótesis. Para el caso, si el 65 por ciento de la gente dice informarse todos los días, y si el 71.8 por ciento afirma que lo hace a través de la televisión, se puede suponer que tales medios son los que más alimentan nuestras percepciones sobre lo que ocurre en el país, sus instituciones, la política y sobre nosotros mismos como sociedad. La televisión aparece así como el principal instrumento definidor de nuestros comportamientos frente a lo que ocurre todos los días.
Si toda la gente percibe que el país se derrumba y hay la sensación de que estamos sumergidos en la desconfianza y la depresión, entonces: ¿No le corresponde a la televisión una cuota de responsabilidad en nuestras crisis, en la alimentación del miedo, la inseguridad y la depresión colectiva? Si todo apunta a cambios profundos en actitudes, comportamientos tanto personales como institucionales: ¿No tendríamos que demandar también un cambio serio y responsable en los medios de comunicación, particularmente en la televisión?
Ya sabemos que existe una propuesta de ley sobre la regulación de las frecuencias y programaciones. Estamos de acuerdo en cuanto a buscar algún tipo de regulación; no tanto para censurar a los medios de comunicación o ponerle cortapisas a la libertad de expresión, sino para democratizar el acceso a las frecuencias que actualmente están bajo el control de monopolios y oligopolios, es decir de unas pocas familias.
¿Por qué los apuros para aprobar una ley de telecomunicaciones? ¿Por el amor del gobierno a las organizaciones comunitarias? ¿Por una decisión de romper con el monopolio comunicacional de cuatro familias? Es cierto que actualmente nuestra sociedad requiere una nueva ley de comunicaciones que rompa todo control monopólico u oligopólico sobre las frecuencias de transmisión. Pero, ¿es esa la razón por la cual el actual gobierno impulsa una nueva ley de telecomunicaciones?
En este año nunca hay que perder de vista que detrás de todas las cortinas está el proceso político-electoral. Y uno de los objetivos del candidato oficialista es avanzar en mayor control de todo. Ya no solo controlar todo lo que ya controla en el Ejecutivo, en el judicial y en el Congreso, sino controlar todo cuanto pueda a los medios de comunicación. ¿No habría, acaso, el interés del oficialismo de lograr una apertura formal del espectro radiofónico afín de que activistas del Partido Nacional adquieran, con apoyo de la maquinaria oficialista, la mayor cantidad de frecuencias locales de radio y televisión en todo el país?
No hay que dejarnos llevar por las formulaciones muy bien elaboradas, pero tampoco hemos de fiarnos de las denuncias y ataques que hacen los grandes medios. Hemos de mantener una actitud de sospecha y también de exigencia para que toda ley de comunicaciones esté orientada a devolver la palabra a los pobres organizados en sus comunidades y organizaciones de base. ¿De que vale tener una ley de telecomunicaciones muy bien elaborada, si la gente pobre a fin de cuentas no cuenta con una institucionalidad que la proteja, defienda sus derechos y le garantice decisiones orientadas a vivir dignamente? ¿De qué vale tener una ley de telecomunicaciones muy bien diseñada si el poder sigue definiéndose desde reducidas élites y bajo la concepción autoritaria y dictatorial de un candidato como el que busca a toda costa, contra propios y extraños ganar de la manera que sea las elecciones del próximo noviembre?
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