Prensa Latina
Por Lourdes Pérez Navarro *
El debate sobre la inseguridad está latente en la agenda política de Honduras, país donde según las estadísticas ocurre un homicidio cada 74 minutos, pero, lejos de avizorarse soluciones, llueven justificaciones y antagonismos. Apremiado por organizaciones agrupadas en la Alianza por la Paz y la Justicia, entre los días 8 y 12 de abril pasados el Congreso Nacional llamó a las máximas autoridades judiciales y policiales del país a rendir cuentas sobre este tema que lidera las preocupaciones de los hondureños.
La alarma ciudadana tiene razón de ser. Basta echar una ojeada a las cifras emitidas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH): durante el primer trimestre de 2013 se registraron unos 20 homicidios diarios, es decir, cerca de 600 mensuales.
Otro estudio publicado por el gubernamental Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que en 13 años, desde 2000 hasta 2012, se contabilizaron 53 mil 622 muertes violentas.
De ellas, 20 mil 10 ocurrieron en un lapso de los primeros 35 meses de gestión del actual presidente Porfirio Lobo (desde el 27 enero de 2010 a diciembre de 2012).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estándar internacional es de 8.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, y se considera una epidemia cuando la tasa anual sobrepasa ese límite.
En el caso de Honduras, ese índice se excede con creces. El Conadeh observó que en los últimos ocho años la tasa de homicidios tuvo un crecimiento acelerado, al pasar de 37 en 2005 a 85.5 en 2012, o sea 10 veces más que la media mundial.
Sin embargo, la actual tasa de homicidios se redujo en un punto en comparación con la de 2011 (86.5) y eso interrumpió el crecimiento anual de 3.10 que prevaleció desde 2004, señaló la entidad.
A juicio del presidente hondureño, Porfirio Lobo, el país avanza en el tema de seguridad.
"Existe la voluntad y la disposición de que podamos cada vez mejorar, se ha reflejado una caída de los índices de homicidios y delincuencia hasta en un 75 por ciento en varios municipios, y seguiré trabajando en ese tema hasta el último día de mi mandato", aseveró.
Otros expertos tienen criterios divergentes. Al hacer un recuento de los presupuestos asignados a los rubros de seguridad y justicia en los últimos 30 años, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, afirmó que el Estado hondureño ha invertido más de 160 mil millones de lempiras (unos ocho mil millones de dólares).
Aún así, dijo, los problemas de la inseguridad se han acumulado de tal forma que actualmente hay una crisis institucional y la sociedad vive en un ambiente de pánico ante el incremento de la violencia.
"Solo queremos resultados..., el país no puede seguir gastando presupuesto en estas instancias (Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema, entre otras) y que se continúe hacia el precipicio", acotó.
El presidente del Congreso hondureño, Juan Hernández, aseguró que existen operadores de justicia confabulados con el crimen en esta nación centroamericana, la cual ocupa el primer lugar de homicidios en el mundo.
Tras concluir las comparecencias de altos funcionarios de la seguridad y del sistema judicial ante los diputados, Hernández aseveró que "han venido aquí a reconocer en el fondo que tenemos operadores de justicia que se han confabulado con el crimen".
A lo largo de una semana rindieron cuentas ante los parlamentarios el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva; el Secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla (que terminó siendo sustituido por Arturo Corrales); el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla y el fiscal del Estado, Luís Alberto Rubí.
También lo hicieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera; el ministro de Defensa, Marlon Pascua y el director nacional de Inteligencia e Investigación, Julián Pacheco.
"Ha llegado el momento de tomar decisiones, mi criterio personal es que la rendición de cuenta es una parte, pero esta tiene que terminar en decisiones claras y contundentes, porque el pueblo hondureño no puede seguir sufriendo", subrayó Hernández.
Según representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia, los datos arrojados por los comparecientes revelan el fracaso del Estado en el combate a la violencia y criminalidad.
Resaltaron, además, la falta de liderazgo del mandatario hondureño para dirigir la política de seguridad, tema relevante de su campaña.
En opinión de la Alianza, esta rendición de cuentas mostró además que las muchas leyes aprobadas por el Congreso Nacional han tenido pobres resultados pues, lejos de reducir el delito, lo han incrementado.
Armas de fuego: Principal instrumento de homicidios
En el 84 por ciento de las 20 mil 515 muertes violentas registradas en Honduras en el período 2010-2012, estuvo presente el uso de armas de fuego, según un informe del Conadeh.
Las armas más utilizadas son los rifles de asalto, ametralladoras, pistolas, revólveres, machetes y puñales, aseveró el titular del organismo humanitario, Ramón Custodio.
Ante esta situación, reiteró su exhortación a revisar y reformar la ley que permite portar armas de fuego y, de esta manera, buscar mecanismos que faciliten controlar las más de 650 mil armas ilegales circulantes en el país, según estimados.
El informe criticó la ineficiente labor del Registro Nacional de Armas, en el cual deberían estar depositadas las evidencias balísticas de todas las que circulan en el país.
Asimismo, Custodio cuestionó que las legislaciones hondureñas autorizan a cada ciudadano a poseer hasta cinco armas de fuego comerciales, lo cual, unido a la gran cantidad de armas ilegales circulantes en el país, exacerban la violencia.
Acorde con estadísticas aportadas por Conadeh, en los primeros 35 meses de gestión del presidente Lobo murieron de forma violenta 53 profesionales del Derecho, de los cuales 49 fueron ejecutados con armas de fuego.
Estas fueron utilizadas en el 77 por ciento de los mil 118 femicidios reportados en 2011 y 2012, así como para ultimar al 88 por ciento de los 34 periodistas y comunicadores sociales asesinados en el período 2003-2012.
El año último resultaron asesinados a tiros 84 taxistas, sobre todo porque se negaron a pagar el "impuesto de guerra" exigido para transitar por algunos lugares, tanto por pandilleros como hasta por miembros de la Policía.
La corrupción permea las filas policiales
La policía hondureña presenta graves problemas internos que disminuyen su credibilidad y capacidad de respuesta ante la criminalidad, pues se han dado casos de corrupción de sus agentes, enriquecimiento ilícito y consumo de drogas ilegales.
Pruebas toxicológicas realizadas entre junio de 2012 y marzo de 2013 a cerca de dos mil oficiales y agentes de diferentes unidades del cuerpo policial revelaron altos niveles de consumo de sustancias prohibidas entre los evaluados.
Las pruebas fueron ejecutadas por la Dirección de Medicina Forense y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp).
Según informes de esas instituciones, al tomar como base la totalidad de los resultados disponibles (mil 419 efectivos policiales) y compararlos con los 99 que dieron positivo, resulta que siete por ciento de los evaluados consumía algún tipo de drogas.
A juicio de los expertos, el creciente número de agentes toxicómanos es inaceptable en una organización dedicada a garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir el delito en la sociedad.
Añadieron que la situación es más preocupante al considerar que se trata solo de una pequeña muestra de mil 419 efectivos en un universo total de 14 mil policías en ese país centroamericano.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) remitió desde hace varios meses a la Diecp un total 73 expedientes sobre miembros de la Policía Nacional, a los cuales se les detectó que son millonarios.
Los informes enviados por la CNBS establecen fuertes sumas de bienes en manos de elementos de todas las escalas, desde generales y directores hasta subinspectores y miembros de las escalas básicas.
El involucramiento de oficiales en asesinatos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y robos de autos, así como hechos como estos, provocaron que un año atrás se iniciara un proceso de depuración de las filas policiales.
Desde entonces se aplican las llamadas pruebas de confianza, que incluyen verificaciones y el empleo del polígrafo o detector de mentiras.
Aunque estas pruebas no han transitado con la eficiencia requerida, varios expertos y políticos han solicitado que se extiendan también a las instituciones del sistema judicial.
* Lourdes Pérez Navarro, Periodista de la redacción de Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.
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