Por Martin Khor
Numerosos libros y artículos se han ocupado del contraste y la competencia entre los actuales modelos económicos asiático y occidental. El exitoso modelo asiático de “capitalismo impulsado por el Estado” se ve ahora amenazado por el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por su sigla en inglés).
Los países occidentales tienen, supuestamente, un modelo de libre mercado basado en la competencia entre empresas privadas, en el que el gobierno no interviene. Y los países del este asiático practicarían el “capitalismo de Estado”, en el que el gobierno juega un papel importante colaborando con el sector privado nacional y en el que también numerosas empresas son total o parcialmente de propiedad estatal..
Los países occidentales fustigan cada vez más el modelo asiático, aduciendo que las empresas estatales cuentan con ayuda estatal, obteniendo una ventaja desleal frente a las empresas extranjeras que compiten con ellas.
China, Malasia, Vietnam y Singapur son algunos de los países en los que el Estado desempeña un papel protagónico. Y en Japón y Corea del Sur, sus empresas nacionales crecieron hasta convertirse en colosos mundiales con el apoyo sistemático de sus gobiernos. Para estos países, el llamado capitalismo de Estado (o socialismo orientado al mercado, en el caso de los socialistas) ha funcionado bien gracias a un desarrollo industrial y un crecimiento económico relativamente alto y sostenido.
Algunos países occidentales han intentado frenar, o incluso eliminar, el modelo asiático de capitalismo de Estado o ayudado por el Estado. Esta es una actitud hipócrita, porque en Europa, Estados Unidos y Japón, el sector agrícola está fuertemente subsidiado y protegido. Muchos de sus establecimientos agrarios no podrían sobrevivir sin la ayuda determinante del Estado y los altos aranceles de importación. Además, varios de sus bancos y empresas industriales también están subvencionados de variadas maneras, incluso mediante los rescates multimillonarios a raíz de las recientes crisis financieras.
Pero esto no les ha impedido atacar el modelo asiático. El último intento de ponerle freno ha sido a través de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Este tratado sobre comercio e inversión en el que participan Estados Unidos, Canadá, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Perú, Chile, Australia y Nueva Zelanda, contiene una importante sección sobre las empresas públicas, impulsada por Estados Unidos y Australia. Como su negociación se realiza en secreto, no se conoce aún el texto de la sección de empresas públicas, pero todo permite pensar que muy probablemente contenga controles para frenar y dar forma al comportamiento de tres tipos de empresas estatales.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales recientemente concluidos por Estados Unidos contienen un capítulo sobre la competencia que se refiere a dos tipos de empresas estatales. Es probable que Washington proponga en el Acuerdo de Asociación Transpacífico algo similar a lo que se establece en el TLC con el Perú, por ejemplo, en materia de controles sobre los monopolios designados y empresas del Estado. Allí se dice que, a la hora de comprar o vender los bienes o servicios de un monopolio, los monopolios estatales actuarán exclusivamente de acuerdo con consideraciones comerciales, en particular con respecto al precio, la calidad, la disponibilidad, el transporte. De ser así, deberán ofrecer un trato no discriminatorio a las inversiones, bienes y servicios de otros miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico y no utilizarán su posición monopólica para incurrir en prácticas anticompetitivas a través de las relaciones con sus casas matrices, filiales u otras empresas de propiedad común en un mercado no monopolizado, por tratarse de prácticas que afectan negativamente a las inversiones de otros países. Las empresas estatales ofrecerán, igualmente, un trato no discriminatorio en la venta de bienes o servicios a las inversiones de otros países.
Más importante aún. Estados Unidos y Australia proponen un tercer tipo de empresa pública que también estaría regida por controles. Según informes de prensa, Australia ha introducido el principio de “neutralidad competitiva” para controlar a las empresas estatales.
La forma en que se aplicará este principio puede ser anticipada a partir de las directrices del gobierno australiano sobre neutralidad competitiva, que se basan en el concepto de “negocios de propiedad estatal”. La empresa comercial de propiedad estatal que compita con empresas privadas puede obtener ventajas que impidan al sector privado competir en igualdad de condiciones. De acuerdo con las directrices australianas, esas ventajas incluyen exenciones de impuestos, financiación más barata de la deuda (por la calificación de bajo riesgo o por las garantías gubernamentales), no necesidad de una tasa comercial de retorno y exención de restricciones reguladoras o de gastos.
Para compensar estas ventajas las directrices australianas establecen ahora la forma en que las empresas estatales deben pagar los impuestos en su totalidad, cómo deben devolver al gobierno central la diferencia de los costos de sus préstamos en comparación con los costos de los préstamos del sector privado, el pago de los honorarios de las licencias equivalentes al gobierno central y asegurarse de que obtengan una tasa de rentabilidad comercial.
Es probable, pues, que el proyecto del Acuerdo de Asociación Transpacífico tenga controles para una tercera categoría de empresas estatales, las entidades comerciales vinculadas al gobierno que estén involucradas en actividades comerciales que compiten con el sector privado. Los controles propuestos podrían estar en esa misma línea, por la cual se rechazarían las “ventajas” que tienen las empresas vinculadas al Estado, como las mencionadas en las directrices australianas.
Las consecuencias para Malasia, Vietnam y Singapur serían graves, porque sus economías nacionales se caracterizan por las importantes funciones que desempeñan tanto las empresas estatales como las vinculadas al gobierno. Estos países tendrían que abandonar su exitoso modelo de desarrollo, así como su actual estructura económica.
Por otra parte, las empresas estatales cumplen numerosas funciones, entre ellas la prestación de servicios sociales a la población, asegurando que los sectores pobres y vulnerables reciban una consideración especial. A menudo, esto significa que las empresas estatales no actúen exclusivamente con móviles comerciales y que varias de ellas dependan de las subvenciones y la ayuda del gobierno. También hay subvenciones cruzadas en las que el aspecto rentable de una empresa estatal puede financiar las actividades no rentables, pero socialmente importantes. Y existe el peligro de que la sección sobre empresas estatales del Acuerdo de Asociación Transpacífico impida o estorbe las funciones de utilidad social de las empresas estatales.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico todavía se está negociando y, por lo tanto, aún no hay un texto definitivo en la sección de empresas de propiedad estatal. Por esto, aún hay margen para que se expresen distintos puntos de vista.
Martin Khor es fundador de la Red del Tercer Mundo y director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
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