Por Germán H. Reyes R.
Expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumarán los restos humanos encontrados en un cementerio clandestino ubicado en la finca Paso Aguán, de la comunidad de Panamá, municipio de Trujillo Colón.
En conferencia de prensa realizada el martes 23 de abril, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dio a conocer la noticia.
La coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, indicó que el equipo encargado de hacer las exhumaciones está conformado por un forense y un antropólogo de origen guatemalteco.
Ellos serán juramentados por autoridades judiciales de Trujillo Colón.
Empleados de la dirección de medicina forense del Ministerio Público acompañarán a los expertos guatemaltecos este proceso investigativo, informó el Fiscal Especial de los Derechos Humanos, Germán Enamorado.
La osamenta
El pasado 3 de abril la dirigencia del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) denunció el hallazgo de los restos de una persona enterrada en la finca Paso Aguán.
Por tal razón el COFADEH, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el MUCA y los familiares de al menos cinco personas desaparecidas, hicieron la petición para exhumar la osamenta.
Ellos informaron que los trabajos de exhumación comenzarán en la mañana del jueves 25 de abril.
Los restos serán trasladados a la morgue judicial para la correspondiente identificación.
El trabajo de los forenses coincide con la visita de cuatro embajadores de países de la Unión Europea a la zona.
Los diplomáticos europeos se encuentran en Honduras para darle seguimiento a la Declaración de Tocoa, un documento firmado el año pasado en el Encuentro Internacional de Derechos Humanos.
La fiscalía
Para Germán Enamorado, fiscal de los derechos humanos, es importante determinar la cantidad de personas que han sido enterradas clandestinamente en este lugar.
Hasta hoy los campesinos solo han reportado el hallazgo de una osamenta. Sin embargo, “es posible que haya restos de más personas”, sostuvo Enamorado.
Sostuvo que en el Bajo Aguán se han presentado múltiples violaciones a los derechos humanos.
Para él, el Estado debe ejercer soberanía con políticas generales de seguridad y no inclinadas a un determinado sector.
En el Bajo Aguan las organizaciones campesinas han denunciado confabulación de la policía y del ejército con los empresarios y guardias de seguridad.
Estadísticas de organismos defensores de los derechos humanos señalan que más de 100 campesinos han sido asesinados en la zona en los últimos tres años.
En la disputa de tierras también han muerto varios guardias de las empresas agroindustriales asentadas en el lugar.
La crisis
En diciembre de 2009, miles de campesinos agrupados en el MUCA ocuparon alrededor de 10 mil hectáreas de tierra propiedad de Miguel Facussé.
La acción provocó sendas campañas para desprestigiar a los campesinos.
Medios de comunicación ligados a los empresarios del agro acusaron a los campesinos de pertenecer a una célula guerrillera.
Los campesinos también fueron acusados de formar parte de los carteles del narcotráfico.
Grupos armados
Ante esa situación en noviembre de 2010 el presidente Porfirio Lobo Sosa, ordenó la militarización de la zona a través del operativo Tumbador.
El mandatario argumentó tener en su poder un informe de inteligencia militar que le aseguraba que en esa región existían grupos armados para desestabilizar al gobierno.
Este operativo se mantuvo por varios meses, pero el gobierno no informó haber decomisado armas.
La operación tenía como propósito la pacificación de la zona. No obstante, la criminalidad se ha incrementado.
El fracaso de Tumbador hizo que el mandatario ordenara en agosto de 2011 incrementar el número de militares y policías. La operación pasó a llamarse Xatruch.
Las violaciones a los derechos humanos continuaron creciendo y esto provocó que en marzo de 2012, cien congresistas estadounidenses pidieran a su gobierno suspender la ayuda militar a Honduras.
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