La Ley para la Intervención de las Comunicaciones Privadas, también conocida como “Ley de Escuchas”, puede convertirse en un instrumento de persecución de opositores políticos, defensores se derechos humanos y de dirigentes de movimientos sociales, según el titular del Centro de investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.
Las reformas a la normativa establecen que cuando se solicite una intervención telefónica, el juez respectivo autorizará a la unidad que hará la intervención sin que tenga que girarse el mismo oficio a la empresa que presta el servicio, como ocurría con la anterior legislación.
En ese sentido, Méndez dijo que el CIPRODEH hizo un análisis sobre esta normativa estableciendo preocupaciones en torno a que al juez se le ponía en un plano secundario y al fiscal se le daba más autoridad.
“Miramos los agravantes de que esta legislación podría estar dirigida para la persecución de la oposición política, generar campañas sucias en contra de algunas personas”, señaló. Méndez indicó que su preocupación es que la unidad con mayor influencia de la Policía, haga intervenciones telefónicas violentando derechos fundamentales como la privacidad.
“No podemos negar que en el aspecto del combate al crimen organizado es importante contar con distintos mecanismos que puedan permitir contar con las personas incriminadas para luego ponerlos a la orden de los tribunales”, recalcó.
Pero expuso que no hay duda que esta ley puede convertirse en un instrumento de persecución de opositores políticos, dirigentes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
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