La Alianza por la Paz y la Justicia, observa con suma preocupación que la delincuencia y criminalidad continúan cobrando vidas y amenazando el patrimonio de las familias y empresas; ante esta dramática situación manifestamos nuestra enérgica voz de protesta y expresamos que ya no aguantamos más este peligroso entorno de violencia y crimen, por lo que exigimos a las autoridades tomar las medidas extraordinarias y contundentes que esta penosa realidad requiere.
Reconocemos que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de la República, han aprobado leyes, creado instituciones y obtenido financiamiento para hacerle frente a la ola de criminalidad que azota al pueblo hondureño, no obstante los resultados han sido insatisfactorios. Los asesinatos, secuestros, extorsiones y asaltos siguen afectando a toda la población; seguir haciendo más de lo mismo no permitirá obtener mejores resultados. Estamos en medio de una situación de emergencia, con enormes retos y desafíos, que obligan a las autoridades estatales en general, y en particular a los operadores de justicia, a tomar medidas que reduzcan la violencia, la impunidad y la falta de coordinación interinstitucional.
Urge volver efectivo el proceso de depuración policial que ha sido fallido en la focalización de los investigados y evaluados, ya que no prioriza a las cúpulas que dirigen la Policía Nacional, ni dinamiza las acciones judiciales, ni sanciones administrativas que corresponden; de igual manera, se hace imprescindible que la depuración no se limite a la Policía Nacional y que la misma se extienda al Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ante esta situación, la Alianza por la Paz y la Justicia, Exigimos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, lo siguiente:
1.- Que el Presidente de la República, proceda a la remoción de sus cargos a los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, por su deficiente desempeño en sus funciones y falta de resultados. Debe implementarse un proceso acelerado de depuración que priorice la aplicación de pruebas de confianza a los altos mandos policiales que han dirigido y dirigen la Policía Nacional.
2.- Que el Congreso Nacional de la República, llame a rendir cuentas al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Fiscal General del Estado y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para evaluar su desempeño y sus resultados. En función de esta rendición de cuentas, exigimos al Congreso Nacional tomar las medidas correctivas que cada caso amerite.
3.- Que el Congreso Nacional, faculte al Poder Ejecutivo para que tome medidas excepcionales a fin de reducir los crímenes contra la vida, extorsión y crimen organizado, priorizando en:
a.- Investigación de casos paradigmáticos (emblemáticos) por un equipo especial con apoyo técnico internacional.
b.- El nombramiento de nuevas autoridades con reconocida capacidad y con el apoyo de expertos internacionales para que intervengan áreas específicas de la institucionalidad pública.
c.- Constitución de fuerzas de tareas Ad-hoc para procesos de investigación criminal y seguimiento a casos judicializados por el Ministerio Público y casos juzgados por los Jueces del Poder Judicial a fin de aclarar si las acciones de los fiscales y los jueces fortalecen el Estado de Derecho o si, por el contrario, favorecen la impunidad y el debilitamiento institucional.
4.- Que el Congreso Nacional de la República, proceda a discutir y aprobar las propuestas de reforma a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial elaboradas por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, a fin de modernizar el marco jurídico e institucional de las entidades operadoras de seguridad y justicia en el país.
La Alianza por la Paz y la Justicia, reitera su compromiso con el mejoramiento de la Seguridad en Honduras y con los esfuerzos por alcanzar un clima pleno de paz y justicia entre todos los hondureños. Una vez más, la Alianza por la Paz y la Justicia vuelve a ofrecer el respaldo necesario a las autoridades para alcanzar los fines antes mencionados, desde un accionar critico y propositivo, que coadyuve a garantizar el pleno goce de los derechos de todos los ciudadanos.
Dado en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los tres días del mes de abril del año Dos Mil Trece
Alianza por la Paz y la Justicia
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