Por Patricia Manrique
Desarrollar periodismo de investigación en medios locales independientes es una difícil tarea por la presión de los ‘caciques’ locales, a menudo mediante la vía judicial.
“En el vídeo que ahora tenemos que retirar, apuntábamos hace un año a o que ahora están investigando la Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces... pero, aun así, no sólo vamos a tener que retirar el vídeo, sino que tal vez tengamos que pagar una multa de diez mil euros”, explica con indignación Albano Dante, periodista y editor de la revista Cafè Amb Llet, un día antes de retirar el vídeo "El robo más grande de la historia de Cataluña", resultado de una investigación de dos años del semanario, en el que denuncian “la enorme opacidad en el sistema sanitario catalán y cómo esta opacidad permite enriquecerse a unas cuantas personas”.
Dante está especialmente indignado porque otras dos de las personas nombradas en la investigación han pasado a disposición judicial esa misma semana: Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud, y Josep Prat, presidente del Instituto Catalán de la Salud hasta junio de 2012, detenidos por presunta estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos en el marco de la “Operación Cirugía”, por denuncias que parten del nodo local de la CUP en Reus y del partido local Ara Reus. Antes que ellos, Ramón Bagó, otro objeto de sus investigaciones, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por contratar a sus propias empresas del grupo Sehrs mediante su cargo en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Y otro de los mencionados en el reportaje, el diputado de CiU en el Parlament y exalcalde de Lloret de Mar, Xabier Crespo, ha sido imputado por su vínculo con la mafia rusa. “Mientras tanto, nosotros somos los únicos condenados”, subraya Marta Sibina, coeditora del semanario.
El promotor de la querella, Josep María Vía, destacado cargo de la sanidad pública y privada catalana y asesor de Artur Mas, tan sólo aparecía nombrado en el vídeo a colación de un artículo en El País en el que reflexionaba sobre el exceso de control en la sanidad catalana; sin embargo, a la juez María Millán Gisbert –condecorada el 17 de noviembre de 2011 por el mismo Artur Mas, como ha destacado el semanario catalán La Directa–, el hecho de aparecer en un documento visual en cuyo título figura la palabra “robo”, y la frase “gente como usted, como Bagó, como Manté y tantos otros, que se han enriquecido a costa de hundir nuestra sanidad” le han parecido motivos suficientes para condenarles por lesión al honor de Vía a pagar 10.000 euros y retirar la información. Reporteros Sin Fronteras ha criticado duramente la sentencia, y el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha señalado que “una vez más, la balanza se ha inclinado a favor de quienes ocupan posiciones de poder frente a quienes, con rigor y valentía, se atreven a denunciarlas”.
No me toques lo concreto“El sistema tolera toda la presión del mundo en opinión, incluso en las redes, pero el zapatazo te lo dan cuando denuncias algo concreto”, señala Patxi Ibarrondo, director deldesaparecido semanario cántabro La Realidad. Este periodista, que trabajó para diversos medios, como El País, Cambio 16 o La Hoja del Lunes, se lanzó allá por el año 2000 a impulsar la creación de un semanario independiente con un fuerte componente de denuncia. “Se volcaron a fondo para cargarse el periódico”, explica. Lo molesto que era para los poderes locales devino en el cierre del semanario: una denuncia tras otra, casi todas archivadas, amenazaban cada semana su existencia. En 2001, llegó la querella definitiva: la presentada por el entonces secretario general del PP de Cantabria, diputado autonómico y presidente de Caja Cantabria, Carlos Sáiz, por una nota en la sección sarcástica denominada “Tinta Confidencial” firmada por Ulises Quintacolumna, en la que se reseñaba que, allá por 1996, “a raíz de una elecciones municipales”, Sáiz y una secretaria del partido “fueron por carretera hasta Zúrich (Suiza) de los bancos a manejar fondos” y que “a la entidad bancaria entró solamente la secretaria porque Carlos Sáiz no quería que le filmasen las cámaras de seguridad”. Esta y otra nota similar, también de corte humorístico, bastaron para que la juez Laura Cuevas Ramos estimase que se lesionaba “objetivamente” el honor de Sáiz. La condena inicial fue de 120.000 euros, y se ejecutó provisionalmente, con lo que la falta de recursos económicos para atender a la misma provocó la quiebra de la cooperativa de trabajadores que editaba el periódico. Finalmente quedó en 12.000, 27.000 con los costes procesales e intereses. Ibarrondo, que enfermó de párkinson, aún sigue pagando a Sáiz con el embargo de una parte de su pensión de invalidez.
‘La Realidad’ sufrió el acoso constante, semana tras semana, de demandas que no prosperaron
Ya por aquel entonces, el desaparecido periodista Javier Ortiz, que denunció el caso desde las páginas del El Mundo, apuntaba las dificultades de ejercer el periodismo independiente, mayores en el ámbito local. “Los obstáculos son constantes y las presiones más fuertes en el periodismo de investigación periférico”, apunta Ibarrondo: “Cantabria –y, como aquí, ocurre en otros territorios– es un coto cerrado de caciques que se reparten el pastel en plan mafia, y rige la omertá siciliana, el silencio cómplice”. A su juicio, “se han cargado el periodismo de investigación porque atenta contra los cimientos de la impunidad”, y éste ha dado paso al “periodismo de filtración”, espoleado, demasiado a menudo, por intereses espurios.
El periodista Carlos Otto sufrió también presiones en el ámbito local. Trabajaba en El Día de Ciudad Real, periódico propiedad del constructor Domingo Díaz de Mera, uno de los principales promotores del aeropuerto de Ciudad Real, ligado durante muchos años a diversos medios de comunicación y al extinto club Balonmano Ciudad Real. En octubre de 2008, cuando estaba a punto de abrirse el aeropuerto, se denegó la licencia de apertura por diversas irregularidades y Otto, en su blog personal Modus Tollens, escribió un post muy duro contra varias de las personalidades ligadas al aeropuerto, a quienes llamó “capos”, denunciando la compra de favores y el amiguismo existente en la Comisión de Seguimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Entre los mencionados, se hallaba el director de su periódico, “cosa que yo sabía perfectamente, pero lo hice porque lo tenía que hacer”, explica el propio Otto. El post fue portada en Menéame. Al día siguiente, el periodista fue despedido. Poco después, recibía la comunicación para tres actos de conciliación, que auguraban las correspondientes querellas, firmadas las tres por el mismo abogado en representación del propio Díaz de Mera, de Juan Antonio León Treviño, presidente del aeropuerto, y de la gerente del El Día, Carmen García de la Torre. No se avino a las condiciones de la conciliación –disculpas, eliminación del artículo y 6.000 euros por caso–, y se dispuso a esperar las querellas... que nunca llegaron. El despido, eso sí, fue declarado procedente.
Hacer periodismo sin miedo“Mi sensación era que, aparte de amedrentar, intentaban lanzar al resto el mensaje de que esto es lo que pasa si se critica a quien no se debe”, explica. A su juicio, “ha habido una ‘burbuja’ de medios de comunicación, fruto de la burbuja inmobiliaria, montados por personas que no sólo no tienen nada que ver con la comunicación, sino para quienes la libertad de expresión seguramente sea su mayor enemigo”. Por aquel entonces, la mayor parte de Ciudad Real desconocía, por ejemplo, que Díaz de Mera había sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Sus medios no informaban sobre esas cuestiones.
Con todo, Ibarrondo, Otto, Dante o Sibina no se arrepienten de nada. Para Dante, “si la gente sale a las calles y se arriesga a que le arranquen un ojo, los periodistas también tendrán que empezar a arriesgarse”. Cafè amb llet consiguió mediante un crowdfunding 23.000 euros para pagar la multa, Otto recibió un gran apoyo en internet. Ibarrondo no tuvo tanta suerte, pues su caso se produjo en una era preinternet. “El grupo PRISA tiene dinero –reflexiona Dante–, nosotros tenemos una comunidad inmensa. Cuanto más apoyo tengan de la ciudadanía los medios pequeños, más podrán hacer el trabajo de plantar cara al poder”, subraya. Y en ello siguen.
El efecto 'chilling', amenazas que callan“Hay un concepto en el periodismo norteamericano, el de chilling effect, sobre cómo ante la dificultad total de que las cosas sean claras, por miedo, nadie acaba diciendo nada”, explica Albano Dante, de la revista Cafè amb Llet. La expresión, que podría traducirse al castellano como “efecto intimidatorio”, se refiere a un fenómeno bautizado por un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1950, y se utiliza para señalar el efecto de determinadas actuaciones judiciales que amedrentan y provocan autocensura en la labor que desempeñan periodistas, pero también intelectuales y activistas.
Casos como los reseñados, y algunos de otra naturaleza como los de Egin, Egunkaria o Ardi Beltza, publicaciones clausuradas por actuaciones judiciales que después no tendrían refrendo en tribunales, pero acabaron con su labor periodística, son ejemplos que pueden provocar este fenómeno. En el caso de Cafè amb Llet, el exfiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, entre otras voces críticas, ha valorado que “la juez ha preferido optar por la vía más directa y represiva”.
En sentido contrario al “efecto chilling”, el “efecto Streisand” es un fenómeno de internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o incluso es contraproducente para el censor, ya que la información acaba siendo más divulgada al recibir mayor publicidad que si no se la hubiese pretendido acallar. Esto último ocurría la semana pasada con el vídeo de Cafè amb Llet, que se replicó en multitud de servidores.
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