Radio Progreso
Según los abogados defensores de los ambientalistas de Guapinol en Tocoa, Colón, no se le dará trámite al recurso de apelación presentando ante la Corte de Apelaciones debido a las vacaciones de navidad y fin de año de los empleados del Poder Judicial.
Anunciaron, en conferencia de prensa, que todo indica que será hasta el 6 de enero de 2021 que se conocerá si la Corte se pronuncia a favor de los ambientalistas para que recuperen su libertad o ratifica la decisión de la jueza Zoé Guifarro y se mantiene la medida de prisión preventiva.
La defensa de los ambientalistas rechaza la resolución de la jueza por considerar que no está apegada a derecho. “Es una decisión política que reafirma el pacto de impunidad entre la empresa Inversiones Los Pinares, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, dijo en conferencia de prensa el abogado Edy Tábora, asegurando que no cabía otra decisión jurídica que no fuera la libertad de los ambientalistas, por eso se presentó de inmediato un recurso de apelación.
Sin embargo, el abogado defensor Efraín Ramírez, quien hizo de forma presencial la presentación del recurso en los juzgados de Tocoa, informó que en opinión de la jueza Zoé Guifarro, se conoció que debido a las vacaciones no dará trámite al recurso de apelación, a pesar que el Código Procesal Penal, en el artículo 190, habla de la celeridad de estos recursos ordenando a la Corte a dar respuesta en un plazo no mayor de 3 días.
“Nunca me había encontrado con una situación tan irregular y tan sesgada, donde el poder Judicial ha menospreciado el derecho y se ha parcializado hacia el Ministerio Público y la acusación privada. Es impresionante como una resolución, ausente de elementos jurídicos y reales, puede determinar la permanencia en la cárcel para los ocho compañeros defensores del agua”, dijo Ramírez.
Aprovechó para hacer un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internaciones, porque no sólo se están violentando los derechos a los ambientalistas y la comunidad de Guapinol, sino que es algo que se extiende a la generalidad de la sociedad hondureña.
Los ocho defensores son acusados de dos delitos de incendio agravado, uno en perjuicio de Inversiones Los Pinares y otro en perjuicio del señor Santos Hernández Corea que también aparece como supuesta víctima del delito de privación injusta de la libertad.
Los defensores privados de libertad son Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo y Daniel Márquez. El ambientalista Jeremías Martínez Díaz, lleva dos años en prisión tras ser capturado en diciembre de 2018.
Resolución ilegal y arbitraria
La defensa presentó recurso de apelación contra la resolución que dictó la juez Guifarro en la audiencia de revisión de medidas, porque considera que hay ausencia de motivación e incumplimiento de las normativas. La juez hizo, en siete numerales, una aproximación de lo que se podría llamar motivación, pero no atendió a los alegatos de la defensa, según denuncian los abogados de los ambientalistas.
Hay hechos que se concatenan con el derecho que por sí mismos son suficientes para que los ambientalistas se defiendan en libertad. El primer hecho que debe tomarse en cuenta es que ellos se presentaron voluntariamente al proceso en agosto de 2019.
“Eso en cualquier país civilizado es suficiente para que las personas nos defendamos en libertad, pero en Honduras la prisión preventiva se volvió la regla cuando debe ser la excepción. La prisión preventiva es el último recurso que debe usar la judicatura para poder mantener a los imputados presentes en el proceso”, explicó el abogado Efraín Ramírez.
Aunque se haya minimizado la acción de presentación voluntaria, hay otros elementos a favor de los ambientalistas. El hecho que se hayan sobreseído la mayoría de los delitos, incluido el de asociación ilícita, ha generado un pensamiento lógico, “si con el montón de delitos que fueron acusados se presentaron voluntariamente y fueron sobreseídos, no hay razón para pensar que no van a estar a disposición del Tribunal para concluir el proceso” sostuvo Ramírez.
Para dictar una medida de prisión preventiva se debe tomar en cuenta varios elementos, entre ellos el peligro de fuga, obstrucción de la investigación o si el imputado en libertad regresa a la organización criminal que pertenece. “En el caso de Guapinol no existen esos elementos legitimadores de la prisión preventiva, porque ellos se presentaron voluntariamente y está claro que no existe una organización criminal”, concluyó.
Dolor e indignación
En la conferencia de prensa Juana Zúñiga, en representación de las familias de los ambientalistas presos dijo que, están convencidas de la relación íntima que existe entre el poder judicial, gobierno y empresa minera, quienes les niegan el derecho de pasar la navidad con sus seres querido, pero quienes también les niegan el derecho al agua y la vida.
“Las familias no nos quedaremos en casa, porque nos han quitado la alegría de pasar una navidad en familia, pero no las fuerzas de seguir luchando. No nos han desbaratado porque seguimos de pie”, dijo enviando un mensaje directo a los operadores de justicia en el departamento de Colón, quienes son beneficiarios de la lucha de las comunidades porque consumen el agua que actualmente ellos y ellas están defendiendo.
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