Defensores en Línea/
Por Sandra Rodríguez
El maíz se pudrió, la cosecha se ha perdido, los habitantes del sur del país les preocupa de donde obtendrán alimentos, mientras el régimen asegura que solo en el municipio de Amapala se ha invertido 18 millones de lempiras en alimentos, durante el confinamiento por el Covid-19.
El Estado que ilegalmente gobierna Juan Orlando Hernández, ha sido incapaz de controlar la pandemia que ha enlutado a la familia de defensores y defensoras de derechos humanos en los departamentos de Choluteca y Valle, que oficialmente reporta más de cinco mil contagios y un centenar de muertos, aunque la cifra puede ser mayor considerando que en algunas comunidades pudo haber contagios masivos sin aplicación de pruebas médicas.
Y recientemente, los huracanes ETA e IOTA dejaron tanta lluvia y acumulación de agua afectó el sector agrícola. La milpa con mazorcas listas para cortar recibió tanta agua que los granos están echando raíces y hojas, ya no sirve. Los graneros nacionales en la zona sur como el de Moropocay en Valle, no darán fruto y la soberanía alimentaria pende de un hilo como algunos puentes improvisados en zonas destruidas por los fenómenos meteorológicos.
El 32 por ciento del territorio nacional es ocupado para labores agrícolas y ganaderas, la zona sur además cuenta con la energía solar que y la vocación del pueblo que es su máxima riqueza. La pesca artesanal también les ha abierto otras formas de producción, pero todo su esfuerzo es amenazado por terratenientes, empresarios, transnacionales, enfermedades y huracanes, y desprotegidos por el Estado.
El Artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, expresa que: Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata.
Pero en los departamentos de Valle y Choluteca, lo que adoptó el régimen de Hernández fue el proyecto de destierro “la hora del sur” y que repite el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, diputado por Choluteca.
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