Defensores en Línea
Por Riccy Ponce
El miércoles 25 de noviembre se realizará el juicio oral y público con otros elementos policiales quienes, en un desalojo ilegal y violento en la comunidad de Coyolito, Península de Zacate Grande en el Municipio de Amapala, agredieron a más de trece pobladores, incluyendo al dueño del predio al que estaban desalojando, quien les demostró la documentación que él era el legítimo dueño del mismo.
La mayoría de las víctimas estaban en apoyo al señor Hernández, porque había una orden judicial del juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán para desalojarlo, pese a que el tenía documentos de propiedad que lo acreditaban como legitimo dueño.
El hecho ocurrió el día 15 de diciembre del año 2010, cuando las hoy víctimas fueron agredidas en un desalojo violento, y continuaron siendo agredidos por los agentes cuando ya estaban sometidos a la impotencia y abordo de las patrullas, además también fueron agredidos verbalmente con palabras soeces.
El ataque dejó grabes consecuencias para algunas de las víctimas, así como daños materiales, según lo expresa José Luis Hernández, dueño de los predios donde hicieron el desalojo violento.
“Es menospreciar los derechos que tiene un ciudadano y en primer lugar yo tengo las escrituras y llega un señor de apellido Valenzuela que acreditaba ser dueño él, yo le expliqué que tenía las escrituras y la primera vez que nos fuimos a los juzgados le gané en Amapala, en el juzgado, pero apelaron ellos en el juzgado de Choluteca y también me dieron el derecho”, señaló.
Agregó que sin importar el derecho que le habían otorgado como legítimo dueño de las tierras, igual lo desalojaron de una forma violenta “con todas esas cosas me sacaron de mi casa por un año, porque como entramos a pelear, al final lo gano, pero yo en la casa tenía una microempresa de bloques, me robaron las maquinas, me robaron todo lo que yo tenía en la ferretería de materiales de venta, me los robaron, me robaron los que me fueron a desalojar”.
Entre lágrimas, José Luis expresó que lo dejaron sin nada, que su patrimonio de 20 años lo desparecieren tan solo en un año que lo sacaron de su propiedad.
“Un patrimonio de 20 años se lo destruyeron y ahora debo al banco un montón de préstamos, para pagar un montón de deudas que me dejaron, porque uno se endeuda para tener lo poquito que uno tiene”.
Ese día eran aproximadamente las 11:00 de la mañana cuando elementos policiales apoyados por la Base Naval, procedieron a desalojarlo, a destruir todo a su paso y a golpear salvajemente a todo el que mostrara su apoyo al señor Hernández, o simplemente a transeúntes que pasaban por la zona, como es el caso de Fermín René Alemán Santos, quien iba con una carga de leña para su casa.
“Yo venía con un viaje de leña, vi que estaban un montón de policías para el ataque que iba a haber, yo no sabía el problema que tenía el señor con el terreno; me dejaron pasar así, incluso me quitaron el viaje de leña, no supe donde lo tiraron”.
Añadió Fermin que “no sé por dónde salieron los militares, tiraron bombas de gas lacrimógeno para donde el señor José Luis, un policía de apellido Ortiz me dio un golpe (enseñando la cicatriz que le quedo en la cabeza producto de la brutal golpiza)”.
Asimismo, señaló que las consecuencias para él, después del brutal ataque han sido fatales.
En mi caso y a raíz de los golpes me cuesta dormir, no puedo trabajar normalmente en lo que hago, a pescar ya no me llevan los compañeros porque yo no miro bien, he quedado mal, a mí me gusta leer periódico, ahora no lo leo bien.
Asimismo, dos comunicadoras sociales de la zona acudieron para cubrir la noticia del violento desalojo que se estaba dando en la comunidad, las fuerzas represoras del estado en un intento por ocultar todo lo que estaban haciendo en la zona, violando los derechos Humanos de los pobladores, también las atacaron.
La comunicadora social Elva Yolibet Rubio Bonilla dijo a defensoresenlinea.com que “fui una de las víctimas. Me encontraba como corresponsal de la radio La Voz de Zacate Grande y ese día fuimos capturadas con otra compañera de la radio, la compañera fue golpeada y gracias a Dios a mí no me golpearon, pero si me quitaron la cámara con la que estaba grabando a mi compañera, y no nos las devolvieron y además me detuvieron y estoy procesada todavía”.
Otra de las víctimas de los cuerpos represores el estado es Elia Xiomara Hernández Laínez, que al igual que Elva es comunicadora social, expresó que “fue algo indignarte y doloroso por parte de toda la población que estuvo queriendo ayudar al dueño de la propiedad, nosotros venimos a cubrir la noticia pero ellos siempre usando la violencia, siempre creyéndose que porque tiene ese uniforme se creen que son invencibles nos golpearon, nos agredieron, mandaron a varios compañeros al Hospital gravemente heridos”.
Añadió que una compañera con su brazo quebrado y su pie golpeado la llevaron a la posta y estuvo detenida ella en una bartolina pequeña.
“Como nosotros estábamos cubriendo y como ellos lo que estaban haciendo era tirando las cosas, tirando los objetos y las cosas que tenían dentro de casa, entonces lo que ellos están haciendo nos pareció algo indignante y a dijo el policía que nos detuvieron porque nosotros estábamos obstaculizando lo que la policía estaba haciendo y nosotros estábamos ahí como comunicadores sociales cubriendo las noticias”, añadió.
Hernández Láinez denunció que hace unos meses estaba siendo intimidada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que dejemos el caso como está, por lo que dijo que “no lo vamos a hacer, necesitamos que ya no nos sigan amedrentando, no vamos a bajar la cabeza, nosotros lo que queremos es justicia.
A opinión del defensor de derechos humanos de la zona sur, Pedro Canales, el caso del brutal desalojo en la aldea Coyolito es una de las tantas situaciones difíciles por las que atraviesa el país, pero sobre todo en Amapala.
Canales agregó que el estado debe de pedir perdón por lo que realizó en la aldea de Coyolito.
Debido a la gravedad de los golpes que recibieron los pobladores y que fueron a parar al hospital por varios días, se realizó la denuncia correspondiente de las victimas acompañadas por el Cofadeh, quien se constituyó en el caso como acusador privado.
El 14 de octubre del 2011 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los agentes de la policía Héctor Roberto Carranza, Pedro Antonio Zelaya García, Héctor Francisco Soto Guzmán, Luis Arturo Flores Herrera, Marcos Antonio Ordóñez Montoya, José Wilfredo Oseguera Cerrato, por suponerlos responsables de los delitos de Abuso de Autoridad y Vejámenes en perjuicio de Elia Xiomara Hernández, Edwin Omar Flores Galo, José Estrada Oliva, Gladis Mejía García, Edeybi Melissa Castillo Santos, Nelly Aurora Mejía, Erlin Guadalupe Flores Rivera, Marvin René Alemán Santos, Claudia Iveth Hernández y Santos Flores Lagos.
La audiencia se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Tribunal de Sentencias de Nacaome, Valle, donde las víctimas esperan que se les haga justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
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