Radio Progreso
Por Max González ministro de Copeco
De acuerdo a varias organizaciones y sectores de la sociedad civil, la justicia hondureña debería tocar la puerta del ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max González por negligencia y mal manejo de la emergencia en el paso de los ciclones Eta e Iota.
El doctor en derechos humanos Joaquín Mejía argumentó que hay varios elementos a considerar en esta situación, por ejemplo, que hubo una emisión de alertas tardía y una gestión de riesgos que dejó mucho que desear, esto produjo muertes y millonarias pérdidas materiales.
Ante la llegada de la tormenta Eta, el Gobierno no decretó las alertas por dar prioridad a la celebración de un feriado turístico, el cual buscaba favorecer a los empresarios del turismo.
“Queda muy claro que el responsable directo, tanto a nivel institucional como personal, de la gestión de la emergencia y calamidad provocada por los huracanes Eta e Iota, es el señor Max González, ministro de Copeco desde el 21 de octubre de 2020”, comentó Mejía.
Para el defensor de derechos humanos hay dos factores que evidencian el mal manejo de la contingencia: “primero, porque los efectos de estos fenómenos naturales pudieron reducirse en términos de pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales, y segundo, porque el Estado de Honduras tiene la obligación de asegurar la protección de las víctimas en estos casos y, en consecuencia, es el actor clave, tanto en la prevención como en la respuesta a los desastres naturales”.
De acuerdo a Mejía, el Gobierno que dirige Juan Orlando Hernández ha tomado decisiones poco acertadas al nombrar a funcionarios en puestos de importancia que no tienen las competencias para ejercer sus funciones.
Además, subrayó que una de las formas en que el Estado debe cumplir con la protección a la población es mediante el establecimiento de mecanismos de prevención y respuesta, por tal razón Copeco, debe activarse oportunamente ante amenazas de fenómenos naturales.
“Con el huracán Eta, Copeco ni siquiera declaró un estado de alerta oportunamente, provocando pérdidas humanas y materiales que pudieron haberse evitado o minimizado, y con el huracán Iota, solamente se limitó a pedir a la población que evacúen las zonas de riesgo donde viven sin ofrecerles medios, lugares y condiciones dignas para realizarlo”, cuestionó Mejía quien también integra la Coalición contra la Impunidad.
Hasta la fecha el Gobierno no tiene un dato claro de los daños producidos por los dos ciclones tropicales, es por eso que una delegación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha llegado al país para elaborar un informe de impacto luego del paso de los huracanes.
Hasta la fecha a consecuencia de Eta e Iota se habla de más de 70 muertes, daños a más de 150 puntos carreteros, pérdidas millonarias en la producción de granos básicos y de ganado en todas las regiones del territorio nacional.
Por otra parte, el analista Wilfredo Méndez, consideró que el Ministerio Público debería estar actuando de oficio ante la responsabilidad de las autoridades en el manejo de la emergencia.
Para Méndez hay caminos jurídicos para presentar una denuncia y también para que las autoridades hagan las investigaciones de las razones por las que se tomaron malas decisiones.
En ese sentido, Méndez cree pertinente que se abra una investigación y se llame a los involucrados a rendir cuentas a la brevedad posible.
Wilfredo Méndez aprovechó para cuestionar el papel del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el cual calificó de estar ausente ante las demandas de la ciudadanía que no solo es víctima de las malas decisiones, sino del abandono en los puntos de inundaciones y albergues a nivel nacional.
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