Lastre político de las finanzas públicas

Alainet

Por Javier Suazo

Fotomontaje: Juan Atacho

“El proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2021, 

es responsable, sostenible y racional, y está enfocado en una estrategia 

para catapultar la reactivación económica y social”.

Roxana Rodríguez, Viceministra de Secretaria de Finanzas

Las finanzas públicas, tal como las conocemos, se orientan por criterios racionales y técnicos en cuanto al origen y uso de recursos que el gobierno dispone cada año para hacer frente a los grandes problemas económicos, sociales, ambientales y culturales que enfrenta un país. Un criterio reconocido internacionalmente, es el llamado presupuesto “balanceado”, sea que se trate de usar en forma eficiente los recursos asignándolos a las prioridades del desarrollo nacional, pero sin cargar demasiado con impuestos a las empresas y personas, no abusar de exoneraciones fiscales ni del crédito interno, ni de recursos obtenidos vía préstamos para financiar dicho presupuesto; pero, sobre todo, cumplir con las obligaciones financieras, especialmente el pago del servicio de la deuda externa.

Honduras a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), ha enfrentado varios problemas para aplicar dicho criterio. El primero es que la asignación presupuestaria aprobada cada año por el Congreso de la República no se respeta y rápidamente desfasa la asignación, disponibilidad y ejecución presupuestaria, con lo cual también se vuelven poco creíbles los objetivos y metas propuestos en el plan operativo anual y plan plurianual. Entre las causas destacan: a) el control que ejerce sobre el presupuesto de ingresos y gastos el presidente de la República, al manejar directamente el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), con lo cual se permite, entre otras cosas, las reasignaciones de gasto y ampliaciones presupuestarias, sea entre sectores, instituciones o partidas; b) existe una fuerte presión al Ejecutivo por ejecutar nuevos programas y proyectos que cuentan con financiamiento internacional (donaciones o prestamos) que ameritan un ajuste del presupuesto. Esta presión viene de los propios organismos y empresarios que han “inventado” la solución a los problemas que aquejan al país; c) los diputados al Congreso de la República aprueban proyectos y contratos con empresas privadas que afectan el monto de recursos y asignaciones de gasto, sin tomar en cuenta el criterio de SEFIN.

Con la pandemia del Covid-19, el ajuste presupuestario se dio por decreto legislativo, a efecto de reasignar recursos en el presupuesto de ingresos y gastos para fortalecer los servicios de atención en salud. Esta reasignación no ha sido visible, es decir, no hay un documento público que muestre las reasignaciones de ingresos y gastos en el presupuesto de 2020, pero se evidencia una creciente adquisición de insumos, equipos y pagos de salarios al personal de salud, siguiendo un proceso de contratación poco transparente. La SEFIN no hizo (o al menos lo mantuvo en secreto) la reformulación del presupuesto de ingresos y gastos de 2020 para atender la pandemia. Ello facilitó que se siguiera con la práctica de compras del Estado sin un respaldo claro, visible y detallado para cada Secretaria de Estado, especialmente la Secretaria de Salud que tiene la competencia privativa en este campo, pero vulnerada por instituciones como COPECO e INVET-H.

En vez de un decreto para cancelar a IVEST-H por el mal manejo de los fondos del Covid-19, el Congreso de la República aprobó que el gobierno busque fondos con la cooperación internacional para que la institución contrate empresas de maletín para realizar obras de mitigación, sin conocerse los proyectos ni la cuantía de dichos fondos, por lo que desde ya el presupuesto 2020 y 2021 está viciado.

El nuevo Ministro de Finanzas, Marco Midence, envió al Congreso Nacional el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la República para 2021, pero lo hizo en forma digital, para facilitar el proceso de análisis, discusión y aprobación, pero, sobre todo, para que los diputados tengan el tiempo de pronunciarse sobre ello, haciendo público dichos planteamientos. Una pregunta de entrada, que se oye en círculos académicos, es ¿cuánto fue el monto de recursos del prepuesto de ingresos y egresos de 2020, “reformulado” por SEFIN según manda el Congreso de la República?

El monto del anteproyecto de presupuesto 2021 enviado al Congreso de la República asciende a la cantidad de 288,145.1 millones de lempiras, menor en más de 1,600 millones de lempiras si se compara con el presupuesto estimado a ejecutar en 2020 (Fosdeh: 2020). El 36.8% del presupuesto, unos 59 mil 806.7millones de lempiras, corresponde a endeudamiento interno y externo, lo que ejercerá una presión adicional sobre el pago del servicio de la deuda externa arriba de los 41,000 millones de lempiras anuales. Un problema central es que hay mucho optimismo sobre las cifras de crecimiento de la economía en 2021, entre 4.5% y 5%, cuando las estimaciones señalan que la caída del PIB en 2020 será mayor del 10%. Los economistas como Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dicen no comprender de donde procede este optimismo para 2021, si las condiciones del sector real no lo permiten.

Otro problema es que más del 50% del gasto de inversión pública para 2021 se focaliza en infraestructura vial y protección social, dos (2) sectores duramente cuestionados por el manejo de los fondos Covid-19, caso de la compra de hospitales y mascarillas sobrevaluadas y la falta de efectividad y poca transparencia en la compra y entrega de la bolsa solidaria a las familias en pobreza y aquellas que fueron afectadas por el despido masivo de trabajadores. En muy baja la inversión en protección de los recursos naturales, vivienda popular y fomento del desarrollo tecnológico.

La preocupación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), es que, el 100% de la recaudación tributaria en 2021, unos 96,000 millones de lempiras, se irán en el pago de sueldos y salarios de empleados públicos y del servicio de la deuda externa, por lo que urge un presupuesto “inteligente” que achique el Estado, pero se refiere muy poco al excesivo sacrificio del Estado por exoneraciones fiscales arriba de 35,000 millones de lempiras.

Se espera que el Congreso Nacional socialice la discusión del presupuesto con organizaciones empresariales y de sociedad civil, pero la práctica dice todo lo contrario, aun cuando las reuniones celebradas sirven más bien para avalar lo que manda el Ejecutivo. La preocupación es que el Congreso apruebe el presupuesto 2021 en reunión extraordinaria y con la participación de los diputados del Partido Nacional en forma virtual, donde también se dirá que votaron diputados del lado oscuro del Partido Liberal y algunos ligados a partidos chingaste.

Tal como está estructurado el anteproyecto de presupuesto 2021, no es posible pensar en una reactivación económica solidaria, ya que la inversión pública real representa menos del 4% del PIB, y está mal orientada. Pero, además, implica que, el nuevo gobierno electo a finales de 2021, tendrá que ejecutar un fuerte programa de ajuste económico para volver a la normalidad exigida por el Fondo Monetario Interaccional (FMI) antes de la pandemia, encontrando justificación en la Ley de Responsabilidad Fiscal que pone techos al déficit fiscal y monto de los salarios del sector público.

Mientras se está a la espera de dicha socialización y ajuste presupuestario, el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a los partidos y corrientes inscritas a celebrar elecciones internas en el mes de marzo del próximo año. Esta convocatoria se da, aunque no se cuenta con una nueva tarjeta de identidad y censo electoral, mucho menos con una Ley Electoral que elimine el “adefesio jurídico” creado para la reelección presidencial, autorice la segunda vuelva y regule el funcionamiento de las mesas electorales y la transmisión de resultados obtenidos por cada partido político.

Tal como sucedió en elecciones pasadas, el destino de gasto presupuestario en un año electorero, tiene también una orientación política, por lo que se necesita mayor transparencia en el destino y uso de los fondos. A la demanda de una mayor participación ciudadana en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, conviene un acuerdo amplio entre partidos políticos, empresarios y organizaciones sociales acerca de la vigencia de un Pacto Social, donde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tenga también participación activa. Es poco probable que se acepta de entrada por estos partidos y demás organizaciones sociales, un presupuesto que amarra al próximo gobierno a políticas de ajuste económico sin consenso previo.