Radio Progreso
De acuerdo a la Asociación Calidad de Vida, los datos del Sistema de Emergencias 911 revelan que, en Honduras las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar en 2019 ascendieron a 94 mil 720, mientras que para el primer semestre de 2020 se contabilizan 50 mil.
Mientras que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el Boletín Homicidios en el Contexto COVID-19, detalla que, en los primeros cuatro meses de 2020, 290 municipios registraron denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar.
Según el OV-UNAH los municipios que presentan alta incidencia homicida también son los que acumulan el mayor número de denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar, entre ellos, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Choluteca, La Ceiba, Villanueva y Comayagua, en cada uno de ellos se registraron más de 751 denuncia.
“Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para hacer frente a la actual crisis de salud, obliga a las mujeres a permanecer en sus hogares junto con sus agresores, esta situación ha conducido a un aumento de violencia doméstica e intrafamiliar en el país”, se analiza en el Boletín Homicidios en el Contexto COVID-19.
A medida avanza la pandemia del Coronavirus y con el encierro, las mujeres sufren mayor dolor, sufrimiento y colocan su otra mejilla frente a sus agresores, manifiesta Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Eguigure señala la vulnerabilidad del sistema de justicia en Honduras, puesto que se sigue demostrando que no tiene capacidad para dar respuesta a los llamados de auxilio, “sin embargo, creo que es importante que las mujeres busquen el apoyo del Poder Judicial para poder parar una situación de violencia, porque caso contrario terminan en un ataúd”.
La pandemia, a criterio de la coordinadora de Visitación Padilla, también ha significado “mucho abuso sexual, no tenemos la dimensión de cuánto abuso sexual ha habido, porque se no ha hecho creer en el matrimonio y en la pareja no hay abuso sexual”.
Casas Refugio para Mujeres
En ese contexto de violencia contra los cuerpos y vida de las mujeres, surge la exigencia de aprobación de la “Ley Casas Refugio para Mujeres”, presentada ante el Congreso Nacional en febrero de 2018.
Según la Asociación Calidad de Vida, actualmente en Honduras existen siete Casas Refugio para mujeres víctimas de violencias, las cuales están ubicadas en Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, San Pedro Sula, La Esperanza, Choluteca y Puerto Cortes.
La abogada Alejandra Salgado, integrante de la Asociación Calidad de Vida, organización que presentó la propuesta de ley, manifiesta que ninguna de las casas refugio es administrada por el Gobierno, “cuando se supone que la responsabilidad de proteger la vida es del Estado, entonces se incide para que puedan existir los recursos y ofrecer la atención integral para las mujeres y sus hijos e hijas”.
En el engavetado proyecto de ley, se propone crear la normativa para el reconocimiento y financiación de las casas refugio, con su respectivo presupuesto para la atención de las víctimas y sobrevivientes de las múltiples violencias hacia las mujeres.
Salgado expresa que las casas refugio son espacios de sanación para las víctimas: “ellas llegan a un punto que no confían en nadie, mucho menos han confiado en los entes del Estado; aquí se trabaja con el empoderamiento y la prevención de la violencia”.
De ser discutida y aprobada, la normativa Casas Refugio establece que en dichos centros se atenderán a las víctimas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia sexual y mujeres víctimas de trata de personas.
“Estamos seguras que con las casas refugio evitaríamos muchos femicidios, porque muchas de las mujeres no cuentan con redes de apoyo, a través de las casas refugio ellas recibirían protección”, asegura la abogada Alejandra Salgado.
De acuerdo a la propuesta presentada por las organizaciones defensores de los derechos de la mujer, la normativa deberá decretar un presupuesto y fondo especial para la creación y mantenimiento de las casas refugio a nivel nacional, que será el 1% del Presupuesto Nacional de la República, fondo que será transferido a la Comisión Especial de las Casas de Acogida o Casas refugio.
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