Defensores en Línea
Riccy Ponce
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, participó en un webinar sobre los golpes de estado que han sufrido los países de América latina y los efectos que han tenido los mismos, donde señaló que en Honduras el golpe de estado de 2009 todavía continúa vigente en el país.
En su participación, a la que asistieron representantes de varios países como Estados Unidos, Chile, Honduras, entre otros, la defensora de derechos Humanos expresó que estaba en representación de COFADEH y de muchas víctimas del pasado y del presente.
La coordinadora del COFADEH agregó que “estamos hablando del ayer, estamos hablando del hoy, y eso es producto de los artificies de romper la democracia en nuestros países, a través de golpes militares de estado”.
Honduras hace mucho tiempo ha vivido de golpe en golpe, y ahora en la última década todo mundo se estremeció porque se creía que los golpes militares de estado eran cosa del pasado, pero en el 2009, miramos convertido nuestro país en un laboratorio, y no un laboratorio elaborado localmente, sino un laboratorio instalado por los intereses del país donde la mayoría de ustedes son, señaló la defensora de los derechos humanos.
“Para los que rigen y dirigen los destinos de los Estados Unidos, el golpe militar de estado del 28 de junio de 2009 no era ninguna noticia, no era ninguna novedad, era parte del guion y puedo decirles con mucha propiedad y con mucha certeza, que lo peor que le puede pasar a cualquier país es prestar a un territorio junto con sus fuerzas militares para dar golpes locales”, añadió.
A renglón seguido dijo que “en los golpes militares de estado hay una negación por los poderes mismos, y tratan de imponernos normalidad, y no, no hay normalidad, o sea que aceptamos que la ruptura del orden democrático que ellos mismos nos imponen es normal, pero lo más grotesco es el silencio de los buenos y la falta de solidaridad de los buenos, ante una tragedia que vive un pueblo como es Honduras, porque el golpe militar que se dio en el 2009 cada vez se va consolidando y estamos viviendo una dictadura plena”.
La histórica defensora de derechos humanos continuó expresando que en Honduras está claramente reflejado que “la militarización y la remilitarización que enfrentamos es descomunal”.
Sostuvo que vivir en una plena militarización, lo militar todo su accionar están reflejadas en lo que debería ser lo civil, donde se celebran juicios a civiles en unidades militares, en batallones, con jueces de jurisdicción nacional, eso es una prueba clara de militarización.
Agregó que lo otro es que aprueban presupuesto en el Congreso Nacional en medio de la suspensión de las garantías, que es prohibido legalmente, millones de dinero para que las fuerzas militares sean los conductores del agro, ya no los campesinos y campesinas, eso es la forma de someter al campesinado a la brutalidad militar.
Berta Oliva hizo énfasis en la criminalización que enfrentan los defensores de Guapinol, así como en el riesgo que corren también otros defensores del sur, como Pedro Canales.
“La situación actual de Honduras, a los criminales los convierten en buenos y a los buenos en criminales, aplicando el poder y el sistema de justicia en contra de los que luchan por defender la tierra, el agua y por defender la casa común. Ahora tenemos presos políticos y es negada realmente por los diferentes espacios que lo haya, pero los hay, y el ejemplo son los presos de Guapinol”.
El estigma y la persecución a los liderazgos a nivel nacional es muy fuerte y existe la preocupación enorme por los que le pueda pasar a varios liderazgo en el sur del país, especialmente a Pedro Canales.
A la reunión también asistió Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) en Chile, quien explicó cómo vivió el golpe de estado en ese país en 1973 y como se sigue exigiendo justicia para las víctimas de ese entonces.
Alicia, siendo una militante de la juventud comunista, fue parte de la campaña de la elección del Gobierno de la Unidad Popular a la cabeza del presidente Salvador Allende. Sufrió y vivió en carne propia la detención de su hermano Diego y del asesinato de su compañero Felipe Rivera (Mao), y se incorporó a la Agrupación de familiares de Prisioneros y Ejecutados Políticos.
Alicia comenzó diciendo que ”un 4 de septiembre de 1970 fue elegido Salvador Allende, con un programa que favorecía la nacionalización de los recursos de nuestro país, un programa sobre reivindicaciones sociales, salarios dignos, y el efecto de este programa estaba dirigido a los niños y niñas, a las mujeres, que fueron siempre las más postergadas, por lo cual era algo que dignificaba la labor de la trabajadora de la casa y también el derecho del niño a la salud, a la educación y la cultura, eso significó que el imperio de Estados Unidos, la derecha chilena y grupos fascistas llamados patria y libertad, agudizaran el golpe de estado, que fue financiado y promovido por Estados Unidos.
Añadió que el día del triunfo de Salvador Allende, “empiezan la campaña del terror abalada por Estados Unidos y la derecha, que al mes haber sido electo, se asesina al comandante en jefe del ejército de Snaier en octubre de 1970. Los asesinos fueron condenados y la dictadura están asilados en Estados Unidos. En julio de 1973 asesinan al edecán del presidente de la República, el capitán Arturo Araya, y esta campaña del terror fue creado con el mercado negro”.
“Eso significó el ocultamiento de alimento de primera necesidad, el sabotaje financiado por estos grupos fascistas por Estados Unidos, como la bomba bencinera de cortar la cañería”.
Así mismo expresó que todo el país se encontraba en aislamiento y sin comida hasta que llegó el día del golpe militar, donde salieron los militares, los tanques y en el mismo día bombardearon La Moneda (Palacio Presidencial).
La defensora califica como algo terrible y trágico “ver La Moneda en llamas, estando nuestro presidente en el interior con el capitán de carabineros que murió junto a Allende”.
Añadió que “el sanguinario Pinochet ofreció que se entregara Salvador Allende, pero hay algo mágico, hermoso, consecuente con la convicción del presidente, que mientras bombardeaban La Moneda, Allende se dirigió al país y nuevamente menciona a las mujeres, a los trabajadores, a los niños, y se despide, es algo tan impactante que puedo recordar sus palabas”.
Alicia Lira recuerda que fue a reconocer a su esposo Felipe Rivera (MAO), víctima de la dictadura, “lo fui a reconocer a los dos días porque lo habían botado como basura, como lo han hecho con muchos; esto fue el 8 de septiembre del 1986.
Agregó que el 13 de agosto del mismo año tuvo que recorrer buscando a su hermano Diego Lira quien había sido detenido en el norte de Chile, y había sido torturado salvajemente y estaba encarcelado.
“Fue un largo camino, porque los tribunales eran cómplices de la dictadura y en lo penal no podíamos hacer nada, los gobiernos post dictadura del 90, no lo hicieron el trabajo fácil en búsqueda de la verdad y la justicia”.
Las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos llevan luchando 30 años porque se haga justicia a favor de 1,050 detenido desaparecidos y 2,200 ejecutados políticos.
Hoy en día solamente hay alrededor de 200 condenados por violaciones a los derechos humanos y esto empezó en el 2010, porque “nosotros presentamos 1,164 querellas por hombres, mujeres, niños y adolescentes asesinados, porque el gobierno no busco la forma de hacer justicia”.
La defensora de origen chileno concluyó que “cuando hay abuso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y no hay justicia, se repiten los abusos y los crímenes, como pasó el año pasado el estallido social, donde hay más de 35 asesinados, 400 persona mutiladas de los ojos, dos personas ciegas y mutiladas en distintas partes del cuerpo; por eso nosotros decimos ahora verdad, justicia y reparación de los crimen de la dictadura y los crímenes de la democracia”.
Tanto Berta Oliva, coordinadora general de COFADEH en Honduras, y Alicia Lira, presidenta de AFEP en Chile, son dos incansables luchadoras por los derechos humanos y continúan la exigencia de Justicia para las víctimas del golpe de estado, que en ambos países marcaron una dictadura cruel y sanguinaria, y en el caso de Honduras persiste desde 2009.
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