Radio Progreso
Cuando la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón levantó la bandera de lucha contra la instalación del proyecto minero Inversiones Los Pinares, el canto y la alegría de Arnold Joaquín Morazán, animó la resistencia en defensa del río Guapinol. Situación que le acarreó dos procesos criminales en su contra junto a 31 pobladores más.
Tenía apenas 32 años de edad y era pastor de una iglesia evangélica. La noche del 13 de octubre, dos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta su casa de habitación para asesinarlo. Llenando de mayor dolor y luto a una comunidad que le costado sangre y lágrimas la instalación de la mina a favor del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé.
Arnold no participó en la presentación voluntaria ante los tribunales de justicia como los demás defensores por temor, “porque para nadie es fácil enfrentarse a un sistema de justicia que solo sirve a los ricos poderosos. Un sistema que solo garantiza cárcel para los que defienden el agua y bosque”, dijo en entrevista a Radio Progreso, Juan López, coordinador del Comité Municipal Ambiental de Tocoa.
El Comité Municipal a través de un comunicado condenó el asesinato de Arnold, el segundo que se da contra los 32 criminalizados del caso Guapinol. El primero ocurrió en agosto de 2019, cuando fue asesinado Roberto Antonio Argueta, en las cercanías del hospital San Isidro de Tocoa.
“El pueblo de Guapinol en Tocoa está sufriendo la violencia del gobierno al implantar y legalizar proyectos extractivos en territorio protegido. La llegada de Inversiones los Pinares en contubernio con toda la institucionalidad y la militarización marca la llegada de este ambiente de violencia contra comunidades y vecinos de este territorio Municipal. ¿Cuándo el gobierno central y Municipal va a respetar la decisión soberana de Tocoa en cabildo abierto el 29 de noviembre 2019? Dice el comunicado emitido un día después del asesinato de Arnold.
Para el Comité los únicos responsables de los asesinatos, desplazamiento forzado, criminalización de los defensores y el daño ambiental que la empresa ha provocado en el parque nacional Carlos Escaleras, son los diputados del Congreso Nacional que en 2013 redujeron la zona núcleo del parque y aprobaron la concesión minera. “También son responsables el ICF, INHGEOMIN y el alcalde Adán Fúnez”, señaló.
Desde el Comité Municipal se demanda una investigación objetiva, imparcial y transparente de las autoridades, así como la cancelación inmediata del proyecto minero por considerarlo la causa de la espiral de violencia que azota a la comunidad de Guapinol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario