martes, 20 de octubre de 2020

“Honduras, ante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos”


Defensores en Línea

Un total de 117 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos, agrupadas en redes, Coaliciones, Plataformas y Grupos de Base Comunitaria, participamos este martes 13 de octubre en la 36 Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presentando una Declaración del Informe Alternativo, del  Examen  Periódico  Universal  (EPU),  sobre  el cumplimiento  de  recomendaciones  y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en los últimos cinco años.

El  Informe  Alternativo,  incluye  entre  otros  temas, desigualdad  social, el aumento  de  casos  de  tortura, violación   de   derechos   humanos   a   grupos   colocados   históricamente   en   una   posición   de   mayor vulnerabilidad  como  la  niñez,  juventud,  discapacidad,  mujeres,  poblaciones  indígenas,  LGBTI, personas migrantes, situación de defensores y defensoras, entre otros.

Relevamos nuestra preocupación por el aumento del militarismo y el establecimiento de los tribunales de jurisdicción nacional, la falta del combate efectivo  a la corrupción, el  resquebrajamiento del Estado de derecho  y la violencia  sistemática  que  el Estado  de  Honduras  ejerce a   través  de sus  políticas institucionales, contexto empeorado en la actual pandemia porCOVID-19.

Nuestro países hoy el más desigual de América Latina y se encuentra dentro de los seis más desiguales del  mundo,  con casi  el  70%  de  la población viviendo  en  condiciones  de  pobreza  y  más del 40%  en condiciones de pobreza extrema y  exclusión  social. La  pobreza  es  una  condicionante  que,  sumada  al desempleo  y  la  falta  de  oportunidades,  generan  la  migración  de  familias  enteras,  de  niños,  niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados.

En  2020,  entre enero y septiembre han  retornado  al  país  31,321  personas,  de  los  cuales  3,954  son menores de edad no acompañados. Del 27 de marzo al 07 de octubre, durante el distanciamiento social por  la  COVID-19  han  retornado  al  país  1,937  Niñas, Niños, Adolescentes  y Jóvenes.  El  gobierno  de Honduras  no  ha  cumplido  con  las  normas  mínimas  para  la  eliminación  de  la  trata  de  personas,  y  esto coloca a menores de edad en mayor riesgo de ser víctimas de este flagelo.

La  cultura  de  militarización es impulsada  como  política  del  Estado.  La  presencia  militar  se  observa  en tareas  de  seguridad  ciudadana,  en  centros  educativos  a  nivel  nacional  y  en  el  sistema  penitenciario nacional, con la agravante de un uso excesivo de la fuerza y estricto control de la población privada de libertad, sin que exista un marco jurídico claro en relación con el papel de los militares en la seguridad pública. La desproporcionalidad de los presupuestos destinados a las Secretarías de Defensa y Seguridad, que  superan  los  364  millones  de  dólares, ubicándonos entre  los  países  con  mayor  inversión  militar impactando directamente en la violación de los derechos humanos.

Desde  el  año  2014,el  gobierno  a  través  de  las Fuerzas  Armadas  ha  implementado  el Programa “Guardianes de la Patria” que promueve una cultura castrense y viola los estándares internacionales que protegen a la niñez para ser educada en condiciones de paz.

El Estado debe asignar presupuesto a las políticas relativas al acceso a la educación, salud y prevención de violencia hacia la niñez. Además, debe fortalecer el marco normativo y los sistemas de  monitoreo que generen la información suficiente para tomar las medidas necesarias en respuesta a la niñez y juventud.

Honduras es también uno de los países más peligrosos en América Latina para las personas defensoras de derechos humanos, la situación de criminalización, violencia, estigmatización y persecución de defensores y defensoras hondureñas es alarmante.

Según registros de los observatorios de sociedad civil, once defensores y defensoras de  derechos de la población LGBTI fueron asesinadas entre 2008 y 2018, más de 120 defensores del medio ambiente fueron asesinados entre 2010 y 2017, entre 2016 y 2017se registraron 2,137 ataques a personas defensoras, seis de las cuales fueron asesinadas.

Entre 2001 y 2020, se han asesinado a 85 personas que trabajaban en medios de comunicación. A pesar de  que  el  Estado  no  cuenta  con  una  lista oficial de  casos  que  investiga  en  relación  a  su  quehacer periodístico, según el Ministerio Público, a julio del 2018 se han judicializado 17 casos, se han obtenido seis condenas y se encuentran  en investigación 20 casos, pero ninguno de ellos involucra a los autores intelectuales.

Por  otro  lado, entre  2001  y  2018,  6,265  mujeres  fueron  asesinadas, alcanzando un 98%  en  la  tasa  de impunidad. El Estado no brinda información  completa sobre los derechos de las mujeres en el caso de continuar con la denuncia, ni sobre las medidas de protección disponibles. Es urgente que el Estado se responsabilice por la poca justicia que proporciona a estos casos.

De igual forma, al menos 250,000 personas han sido desplazadas internamente entre 2004 y 2018. Este aumento  del  desplazamiento  forzado  es  el  resultado  de  patrones  de  violencia, alimentados  por desigualdad  social, impunidad, corrupción  y  violaciones  generalizadas  a  los  derechos  humanos.  La respuesta del gobierno hondureño a las Caravanas y al incremento de las personas deportadas ha sido la criminalización, sin estrategias de atención, protección e integración.

Esto se ha hecho más flagrante en tiempos de COVID, en los cuales el Estado ha arriesgado la salud y la vidade  aproximadamente  18  mil  personas  deportadas,  de  los  cuales  casi  2  mil  han sido  menores  no acompañados.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal se criminaliza la protesta social, el derecho de reunión y de asociación, contiene  restricciones  a la  libertad  de  expresión  y  de  prensa, así  como el  derecho  a defender  derechos  humanos. Esto  incluye, la  criminalización  por  la  utilización  de  sitios  web  o  redes sociales para emitir opiniones sobre funcionarios públicos, produciendo afectación a jóvenes por ser su principal plataforma de expresión. Los delitos de trata y otras formas de explotación contra la niñez no guardan armonía con los estándares internacionales, algunos tipos penales se derogan y en su mayoría se disminuyen las penas.

Otra  normativa restrictiva es la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, denominada “Ley de Secretos”, que  sigue  siendo  un  obstáculo  en  el  acceso  a  la  información  pública,  especialmente  para aquella que tiene que ver con la persecución de delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares y policiales.

Otros  elementos  relacionados  con  la  igualdad  de  derechos,  es  la  postergada ratificación  el  Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de Comunicaciones.

En los últimos cinco años, se presentó el proyecto de ley para implementar educación sexual integral en centros  educativos. Sus decisiones fueron  poco  fundamentadas en  la  ciencia  y sin considerar  el  bien común de la población, pese a la creciente tasa de embarazo en adolescentes y violencia sexual.

Igualmente,  urge que el Estado  derogue el Acuerdo  Ministerial  número  2744, que prohíbe  la  venta, promoción y uso de los anticonceptivos de emergencia (PAE), que se apruebe el Protocolo de Atención Integral  para  Víctimas  y  Sobrevivientes  de  Violencia  Sexual y  que  elimine de  la legislación  actual  la penalización del aborto.

Se debe reconocer plenamente la igualdad de derechos a nivel legislativo mediante la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario. Asimismo, debe implementar una ley de Identidad de Género y/o reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas, que permita a la población LGTBI la adopción legal del nombre asumido en razón de identidad y expresión de género.

Conforme a cifras que hace públicas el “Observatorio de muertes violentas de personas LGBTI”, del 2015 hasta mediados del 2020 se han producido más de 150 casos de muertes violentas contra personas LGTBI, en promedio 30 muertes por año.

Se  deben  tomar  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la  independencia  del  Estado hondureño de las religiones, evitando que prácticas y doctrinas religiosas interfieran en el reconocimiento de derechos en materia de derechos humanos, retirando de las esferas formales de decisión en materia de derechos de las mujeres a representantes de las iglesias.

Las solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas se han incrementado de 1,516 en 2009 a 78,100 en 2019, situación que coloca al país como el cuarto del mundo en número de solicitantes de asilo.

Finalmente, el día de hoy, nos presentamos ante la comunidad nacional e internacional para compartir una mirada  crítica  a  las  recomendaciones  incumplidas,  ignoradas  y  no  asumidas  por  el  Estado  de Honduras, con el deseo profundo de contribuir a generar cambios estructurales para el disfrute integral de los derechos humanos de toda la población sin sesgos ni discriminación.


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