Defensores en Línea
La situación de los privados de libertad en el Primer Batallón de Infantería, es motivo de consternación entre sus familiares, quienes denuncian nuevos abusos de parte de los oficiales a cargo de dicho módulo.
En Honduras más de 22 mil personas guardan prisión en 25 centros penales y tres módulos militares, con características similares en cuanto hacinamiento, limitaciones en acceso a salud, reinserción social y el debido proceso.
Esta semana, mediante una carta dirigida a las autoridades competentes y organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares de los privados de libertad reclusos en Primer Batallón de Infantería, en el Distrito Central, claman por su acción urgente “ya que hemos recibido relato de que los oficiales a cargo de la custodia de este módulo, el coronel Ramiro Múñoz, capitán Oliva, tenientes Vásquez y Múñoz han cometido nuevamente abusos atentatorios contra nuestros confinados”.
Según la denuncia de los familiares, a los privados de libertad en la cárcel militar, le niegan el acceso a toda comunicación. A los recién detenidos no les permiten hacer una llamada a sus abogados para preparar una audiencia inicial.
Teniendo en cuenta que desde hace siete meses hay un distanciamiento supuestamente como medida de prevención ante la pandemia del Covid-19, a los privados de libertad se les quitó el derecho a visitas, pero, según los familiares denunciantes, “les han privado del derecho a recibir medicinas, e incluso del derecho a recibir la dieta especial aprobada por un médico para controlar enfermedades crónicas”.
Esta situación fue denunciada antes, en otros centros penitenciarios como el de Choluteca, donde estaba el preso político Antonio Esquivel, quien requería de medicamentos controlados, él recobró su libertad el 27 de junio de 2020. Y desde el Primer Batallón fue remitido por sospechas de contagiado por COVID-19 el periodista y preso político David Romero Ellner, quien falleció el pasado 18 de julio en el Hospital Nacional Cardiopulmonar (Tórax), el resultado de su prueba “Reacción en Cadena de la Polimersa” (PCR por sus siglas en inglés) dio positiva al virus.
“Sabemos que han puesto arbitrariamente en confinamiento solitario a un privado de libertad después que recientemente sufrió un infarto que lo llevó al borde de la muerte, sometiéndolo a condiciones infrahumanas”, detallan los familiares, en el texto que dijeron de conocimiento al Comité d e Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Finalmente, el documento ruega a las instituciones competentes investigar en la extensión posible estos hechos y asegurar la integridad personal de las personas internas, aisladas e indefensas en este espacio.“Nos preocupa sumamente el calvario que han sufrido nuestros parientes a lo largo de esta cuarentena, pues esta denuncia se suma otras por agravios tan extremos como torturas, encierros prolongados y arbitrarios, destrucción de la propiedad y actos de intimidación traumáticos en contra de nuestros familiares reclusos a lo largo de más de siete meses que han estado aislados, al grado que una ONG [Organización No Gubernamental] que recopiló estas denuncias nombró al coronel Múñoz como un violador de derechos humanos insigne en nuestro país”.
El pasado 7 de agosto, el COFADEH remitió al abogado Ricardo Matute de la Discalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, una denuncia por graves violaciones a los derechos humanos, contra el joven Ángelo Roberto López, de 24 años, víctima de tortura de parte del Coronel Ramiro Fernando Múñoz Bonilla el Teniente Oliva, los oficiales Irías, Morán y Díaz, asignados al Primer Batallón de Infantería.
El ataque contra Angelo López, fue el sábado 20 de junio del 2020, cuando estaba realizado llamadas telefónicas a su hija, en ese momento ingresó a su cuarto el teniente Irías, quien procedió a decomisarle el celular y lo reportó con el comandante del Batallón, Ramiro Fernando Múñoz Bonilla, a los oficiales capitan Oliva y el teniente Morán Vásquez, detalla la denucia.
Posteriormente ellos allanaron el dormitorio, destruyendo todos los objetos personales de Ángelo, le mojaron el colchón y seguidamente lo sometieron a la fuerza con las esposas y lo trasladaron a la parte exterior de los recintos penitenciarios donde fue torturado físicamente, le propinaban varios golpes con los toletes, puños en todo su cuerpo y lo amenazaron a muerte a tal punto que el coronel Fernando Muñoz Bonilla le mordió las orejas, mientras los otros agentes de seguridad lo tenía sometido a la impotencia .
Después lo trasladaron nuevamente a su cuarto donde los militares lo siguieron golpeando hasta dejarlo inconsciente.
Entre los privados de libertad, hay un enfermo de esquizofrenia que por no tener su medicamento se pone agresivo, agregó la denuncia en ese momento.Después a todos los Privados de libertad que están asignados a la misma área del Ángelo los mantuvieron aislados por una semana, El 24 de julio, se apersono al Primer Batallón el Juez de Ejecución Elvis Javier Alvarado, para indagar sobre los hechos antes descritos.
Días antes del inicio de la cuarentena por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en Honduras, la Coalición Contra de Impunidad compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia “Violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras”.
Por lo que, el tema no es ajeno al conocimiento de organismos internacionales. Después del 175 Periodo de Sesiones de la CIDH, en Puerto Príncipe, república de Haití, las denuncias continuaron ya en el marco de la pandemia.
Y en el 177 Periodo de Sesiones de la CIDH, diversas organizaciones nacionales y regionales, junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH- Honduras), y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) expusieron la situación que enfrentan las personas privadas de libertad ante la crisis sanitaria por COVID-19 en Honduras.
Y el mes pasado, La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, copmpartió de manera virtual el foro “Los derechos de las personas privadas de libertad a la luz de las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”, a fin de generar un espacio de reflexión sobre los avances, obstáculos y desafíos que enfrenta la implementación efectiva de las sentencias y resoluciones de la Corte IDH, particularmente en el contexto de crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, desde marzo pasado.
En cada una de las denuncias internacionales, el COFADEH formó parte de las organizaciones que velan por los derechos de las personas privadas de libertad.
Isabel Albaladejo, representante de la OACNUDH expresó preocupación por la situación de salud de personas privadas de libertad y la falta de atención médica en los centros; la suspensión de las visitas y la limitada información brindada tanto a familiares, como representantes legales y organizaciones; la militarización del sistema penitenciario; y la violencia a lo interno de las cárceles. En particular aseguró que su oficina ha documentado casos de tortura y tratos cueles en contra de las personas privadas de libertad y denunció que, desde el inicio de la pandemia, 14 personas, entre ellas 7 mujeres, han fallecido en hechos violentos dentro de los centros. Al respecto, llamó a la implementación de protocolos de investigación y al acceso a la justicia para todas las personas víctimas y sus familiares.
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