Radio Progreso
Entre 2009 y 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, emitió tres sentencias contra el Estado de Honduras, que resultan claves y fundamentales para el marco internacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y territorios. Estas sentencias son por ambientalistas asesinados en los años 90; Blanca Jannette Kawas, Carlos Luna y Carlos Escaleras.
Cuando la Corte-IDH emite una sentencia, esta debe ser la base para que los países miembros de los Estados Americanos construyan y aprueben políticas públicas que garanticen la vida de los defensores y defensoras. Sin embargo, Honduras, el actor principal de las sentencias, ha ignorado el mandato de la Corte, “y reflejo de eso es que, sigue figurando como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales”, dijo en el foro virtual en memoria del ambientalista Carlos Escaleras, María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.
Las tres sentencias significan un avance porque la Corte- IDH pudo comprobar que estos tres asesinatos no fueron hechos aislados, sino que se enmarcaron en un contexto general de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, que se había agravado desde la década de los 90, y que al momento de la emisión de estas sentencias continua vigente con miras a la agudización.
“Además, se pudo comprobar que previo a los asesinatos había un patrón de denuncias sistemáticas por la labor que realizaban los defensores en sus comunidades, y que no se les dio el tratamiento que necesitaban”, dijo asegurando que ante las señales de alerta que se emitieron, el Estado fue incapaz de implementar medidas para proteger la vida de los defensores, “situación que sigue repitiéndose en la actualidad”.
Los casos de Escaleras, Kawas y Luna también revelan la correlación de poderes económicos con participación de agentes estatales tanto en el diseño como la ejecución de estos asesinatos, explicó la representante de Cejil.
En el Foro también participó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, Marina Comandulli representante de Global Witness y Ramón Cadenas de la Comisión de Juristas Internacionales. Además, se entregó la quinta edición del Premio Nacional Carlos Escaleras a los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro privados de libertad desde hace más de un año.
“Las sentencias deberían mejorar el sistema normativo en Honduras, que se haga justicia, para que las violaciones de derechos humanos no se repitan”, dijo Gómez, haciendo énfasis que la impunidad en estos asesinatos es la principal causa para que más asesinatos y agresiones sigan registrándose en el territorio nacional.
Una política de protección integral
Es imprescindible que Honduras implemente una política pública integral dirigida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, que incluya la participación de las víctimas, organizaciones de sociedad civil, sectores expertos en la elaboración de las normativas de protección, así como el abordaje interinstitucional de la problemática y la adopción de medidas inmediatas frente a las denuncias interpuestas por los defensores.
Producto de las sentencias y presiones de las organizaciones de derechos humanos, en Honduras en 2015 se aprobó la Ley de Protección para los Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y la creación del Mecanismo de Protección.
Sin embargo, la propia Corte-IDH a través de una resolución de supervisión de cumplimento de las sentencias, pudo comprobar que el país tiene serios problemas para avanzar en la implementación de una normativa que garantice la vida de los defensores.
“Con la sentencia de homologación el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado entre el Estado y la representación del ambientalista Carlos Escaleras en 2018, se le recordó al Estado de Honduras la tarea pendiente de crear una verdadera política pública integral de protección”, señaló María Luisa Gómez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.
El país más peligroso
América Latina es la región donde más ambientalistas son asesinados en el mundo. Pero cuatro países en particular tuvieron las tasas más altas de asesinatos en relación con su población: Honduras, Colombia, Nicaragua y Guatemala, indica el reporte “Defendiendo el mañana” publicado por la organización de derechos humanos Global Witness.
Estos países, según el informe, son los que tienen más asesinatos de ambientalistas por millón de habitantes, siendo Honduras el país que encabeza esa lista. La organización identificó 14 asesinatos para una población de apenas 9,5 millones de habitantes.
Marina Comandulli representante de Global Witness, dijo durante su presentación en el foro virtual que, la instalación de empresas mineras es la principal causa que provoca el asesinato de ambientalistas, especialmente en territorios indígenas o afrodescendientes. Además, advirtió que con la crisis sanitaria por la Covid-19, las empresas aprovechan las medidas impuestas por el Estado, para agudizar las campañas de desprestigio e intimidación contra los defensores y defensoras.
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