Radio Progreso
Integrante del Comité Ambiental de Tocoa, Colón.
A través de una conferencia de prensa el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, denunció que el proceso de criminalización contra los 13 defensores del río Guapinol es parte de una persecución política que impulsa el Estado de Honduras, para beneficiar al empresario Lenir Pérez, dueño de la minera Inversiones los Pinares y la peletizadora Ecotek.
La Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo del 04 de marzo del 2019, a favor de los ambientalistas Juan López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalid Cedillo y Marco Tulio Ramos, y ordenado el auto de formal procesamiento junto a los 8 defensores que se encuentran privados de libertad desde hace un año, por suponerlos responsables de los delitos Privación Injusta de la Libertad e Incendio Agravado, en prejuicio de la minera.
Ante la decisión del Poder Judicial, la defensa de los ambientalista presentó un escrito ante el juez con jurisdicción nacional Carlos Irías de León, solicitando fecha para la presentación voluntaria de los cinco pobladores con auto de formal procesamiento. El juez no se ha pronunciado, pero tiene dos opciones: agendar la audiencia de presentación o librar orden de captura. Durante la conferencia se comunicó que cualquier escenario puede presentarse en los próximos días.
“El juez está notificado de nuestra disponibilidad”, recalcó Juan López, coordinador de Comité y uno de criminalizados. “No queremos y no debemos renunciar a nuestra ética porque somos inocentes”, sostuvo afirmando tener miedo, él y sus compañeros porque es muy probable que sean enviados a prisión nuevamente, ya que el Poder Judicial se ha convertido en el brazo armado de las empresas extractivistas que se instalan en las comunidades sin consulta, afectando los ríos y las montañas.
El Comité denuncia una serie de irregularidades judiciales en el Caso de Guapinol, empañado por la utilización de juzgados nacional creados para conocer de criminalidad organizada y alto impacto. Al mismo tiempo, señala que, de acuerdo con el derecho nacional e internacional se ha violentado el debido proceso al imponer la prisión preventiva y negar que se trata de defensores del ambiente.
El Estado de Honduras otorgó una concesión minera en el parque nacional Carlos Escaleras en favor de Lenir Pérez, quien cuenta con licencia para construir una fábrica y procesar el óxido de hierro que desentierre de la montaña. Las comunidades denuncian que el empresario ha provocado daños irreversibles al ambiente, y que esa concesión se otorgó en una zona protegida gracias al aval del diputado nacionalista Oscar Nájera.
En la conferencia se denunció que tanto el diputado Nájera y el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quienes suponen responsables del conflicto socio ambiental están haciendo campañas políticas en las comunidades, mismas que viven en zozobra por el hostigamiento de la empresa y la presencia masiva de militares. Juan sostuvo que lo único que le están ofreciendo a la gente es muerte, porque desde alcaldía y Congreso se confabulan con las empresas para entregar los territorios.
Adilia Castro integrante del Comité aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía de todo el país, porque se necesita de la solidaridad y de acciones en caminada a conseguir la liberación de los defensores. “La presentación voluntaria significa ponerse en bandeja de plata para que el sistema de justicia encarcele y asesine a los compañeros, pero lo hacemos porque no somos criminales, solo estamos defendiendo el agua y la vida”. Dijo.
A partir de este día (21/09/2020) el Comité ha iniciado una serie de actividades por redes sociales para sensibilizar sobre la grave situación que atraviesan las comunidades de Tocoa, y todas aquellas que luchan contra la instalación de proyectos extractivos: mineras, hidroeléctricas, fotovoltaicas y ciudad modelo.
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