Instituto Federal de Defensoría Pública ofrece a
migrantes ser sus representantes legales en un trámite
colectivo de solicitud de refugio.
El Instituto Federal de Defensoría Pública de México, inició desde la tarde de hoy martes (21/01/2020) los primeros 200 trámites para “refugio” en los estados del sur del país azteca, para integrantes de la caravana de migrantes hondureños y hondureñas.
De acuerdo a los representantes, quienes llegaron hasta un albergue improvisado instalado en un templo de Tecún Umán, Guatemala, la solicitud de manera masiva para la “condición de refugiados” será la primera experiencia que se hará ante el Instituto Nacional de Migración.
Esta decisión tomada por las autoridades mexicanas es el resultado de la presión ejercida por la caravana integrada por más de 4 mil migrantes que salieron de Honduras el pasado 15 de enero.
La caravana que llegó a Tecún Umán, Guatemala, desde el viernes 17 de enero y a partir del sábado 18 comenzó a solicitar el paso de la ruta migratoria hasta llegar a frontera con Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mexicanas negaban el ingreso y amenazaban con detener a toda persona extrajera que ingresara a su territorio sin una visa o documento migratorio especial.
“Lo único que habíamos recibido del Gobierno de México fue represión desde el sábado pasado, pero ayer lunes fue la mayor que vivimos al cruzar el río (Suchiate) e intentar ingresar a Ciudad Hidalgo. La Guardia Nacional comenzó una gran persecución y nos lanzaba piedras, toletazos y gas pimienta. Como resultado más de 300 personas fueron detenidas y 15 golpeados. Se maneja que había una niña desaparecida pero no confirmamos el dato”, dijo uno de los líderes de la caravana.
Al cierre de la nota, se informó que la menor se reencontró con su madre en Ciudad Hidalgo, al lado de la frontera mexicana.
A renglón seguido aseguró que, para mañana miércoles se había programado una toma de los puentes del río Suchiate que divide a Guatemala y México. “Parece que la información llegó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y acordaron proponer la figura de refugio, y hasta el momento el 50% de los que quedamos de la caravana hemos aceptado. Mañana se hablará con las personas que faltan”, indicó.
Por su parte los representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, indicaron que en el transcurso de la semana irán llenando y presentando las solicitudes, y una vez presentadas a Instituto Nacional de Migración, las personas podrán ingresar a México de manera legal y podrán transitar por los 5 estados del sur. “Si alguien incumple el acuerdo se emitirá una alerta migratoria y las autoridades comenzarán a dar con su paradero para luego ser deportado”, dijo un representante de IFDP.
El trámite puede durar hasta 4 meses y no todas las solicitudes de refugio van a clasificar. Pero, si no clasifican, en todo el proceso estarán en México de manera legal. Nosotros vamos hacer sus representantes”, indicó.
Las víctimas de la violencia en todas las escalas serán una prioridad para obtener el beneficio del refugio. Los temas de precariedad económica no clasifican para este beneficio, dijo a integrantes de la caravana.
De esta manera la primera caravana de 2020 llegaría a su final. Hay personas que han quedado con varias dudas sobre la propuesta, pero tendrán 4 días para pensarlo mientras sus compañeros y compañeras de viajes y sueños les informan de su situación.
“Las dudas que surgen son muchas porque nuestra meta es llegar a Estados Unidos, para sacar adelante nuestras familias. Pero, si nos dan refugio en México nos van a permitir transitar libremente en solo los 5 estados del sur y eso nos complica la ruta. Eso es lo que me queda de dudas. No sabemos si será la mejor decisión’, dijo una señora integrante de la caravana.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales, permitiendo atender a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de derecho.
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