Por Giorgio Trucchi
Crédito Fotografía: Giorgio Trucchi |
Alba Sud / Rel-UITA
El 28 de diciembre, Ignacia Piota Martínez, de 70 años, activista de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), fue víctima de un atentado en la comunidad garífuna Masca. Dos semanas después falleció como consecuencia de las múltiples heridas.
Ignacia era hermana de Mirna Suazo Martínez, presidenta del patronato de Masca y defensora del territorio garífuna, asesinada en septiembre pasado, y de Amada Piota Martínez, integrante de la coordinación general de Ofraneh.
En diciembre, desconocidos abrieron fuego contra la casa de Amada, hiriendo aPaula Álvarez, activista muy cercana a la dirigente garífuna.
Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, la mayoría comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.
“Ha sido un año nefasto para el pueblo garífuna. En el caso de la comunidad de Masca hay un proceso de recuperación de tierras comunitarias, que fueron ilegalmente titulada a favor de personas ajenas a la comunidad.
Despojo y expulsión
Nos enfrentamos a una estrategia de despojo y expulsión de nuestra gente que tiene un fuerte componente de violencia racista” dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.
La recién galardonada con el Premio Derechos Humanos 2019 de la Fundación Friedrich Ebert (FES) explicó que estos “invasores” pretenden tomar el control de las tierras comunitarias y tienen a Amada Piota Martínez y a su familia en la mira.
“Nos enfrentamos a una campaña mediática para que se piense que se trata de un conflicto familiar, mientras sabemos que el objetivo es ir sembrando terror en la comunidad para que la gente se vaya”, aseveró Miranda.
Patriarcado e impunidad
Las mujeres son las principales víctimas de esta violencia y la impunidad reina soberana.
“Hay que tener claro que el sistema de aplicación de justicia en Honduras es patriarcal y profundamente racista.
Nadie investiga, ni siquiera están aceptando testimonios sobre los asesinatos del año pasado. Estamos en total indefensión.
Todo esto demuestra la falta de voluntad política y el racismo del estado hondureño hacia el pueblo garífuna”, manifestó la coordinadora de Ofraneh.
Una muestra más de lo que asevera Miriam Miranda es el hecho de que, cinco años después, el Estado sigue desconociendo las sentencias condenatorias de la Corte IDH por los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.
La dirigente garífuna aprovechó la ocasión para agradecer a la Rel UITA por estar divulgando, a nivel internacional, lo que ocurre en Honduras al pueblo garífuna y pueblos indígenas en general.
“Hoy más que nunca la defensa de los territorios y bienes comunes es criminalizada y reprimida. Nuestros derechos son a menudo violados y el Estado es cómplice de dichas violaciones.
Sentir esta solidaridad y poder visibilizar la situación que vivimos va a ser sumamente importante”, concluyó Miranda.
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