El 2 de diciembre de 2019, un tribunal hondureño dictó las condenas a siete hombres acusados por el asesinato de la visionaria líder del movimiento social hondureño Berta Cáceres. Esto sucedió, un año después de declararlos culpables. Entre los condenados, está Douglas Bustillo -un graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y ex jefe de seguridad de la empresa de represas hidroeléctricas DESA- como también su compañero, graduado de SOA, el Mayor Mariano Díaz.
Díaz fue entrenado por los Estados Unidos no sólo en Fort Benning, sino también en la lucha contra el terrorismo en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea en Texas, y formó parte de la guerra liderada por Estados Unidos en Irak. Fue comandante del ejército, instructor de la Policía Militar de Honduras, y jefe de inteligencia militar del Primer Batallón de Honduras.
Sin embargo, ni Bustillo ni Díaz ni ninguno de los cinco condenados fueron los que ordenaron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Los condenados tenían, principalmente, sólo roles relacionados con la preparación o ejecución del asesinato, pero el dinero y la orden para llevarlo a cabo vino de más arriba. Más de tres años y medio después del asesinato de Cáceres, ninguno de los autores intelectuales se ha enfrentado a juicio.
Bustillo y Díaz fueron condenados a 30 años y seis meses y a 30 años, respectivamente. Bustillo y Díaz se comunicaron con Henry Hernández, un ex soldado que había servido bajo el mando de Díaz en el ejército. Hernández llevó a un grupo de sicarios a la casa de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, para ejecutar el asesinato.
Hernández y otros tres sicarios fueron sentenciados a 50 años tanto por el asesinato de Cáceres como por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en la casa de Cáceres en el momento del asesinato. Además, Sergio Rodríguez, el Gerente Ambiental y Social de DESA quien coordinó a los informantes que monitorearon a Berta Cáceres y a COPINH, también fue sentenciado a 30 años y seis meses. El veredicto y las sentencias están sujetos a un proceso de apelación y varios abogados defensores han indicado que presentarán apelaciones
La sentencia del tribunal afirmó que Berta Cáceres fue asesinada por su liderazgo en COPINH y su oposición al proyecto hidroeléctrico, financiado internacionalmente, de DESA en el río Gualcarque. Además, según la organización COPINH de Cáceres, el tribunal dictaminó en su sentencia que el asesinato de Berta fue planeado “con el conocimiento y el consentimiento de los ejecutivos de la compañía DESA, incluidos el Sr. Sergio Rodríguez y otros que no forman parte de este proceso”.
Sólo una persona más ha sido arrestada por el asesinato de Cáceres, el ex oficial de inteligencia militar hondureño y presidente de DESA Roberto David Castillo.
La evidencia admitida durante el juicio de los siete sugiere que Bustillo fue el intermediario en la planificación del asesinato que coordinó con su antiguo jefe, Roberto David Castillo. Sin embargo, más allá de Castillo, nadie más ha sido arrestado y el caso de Castillo se ha movido extremadamente lento.
Mientras todos los autores intelectuales que tomaron la decisión de asesinar a Berta Cáceres y que pagaron por el asesinato no sean llevados ante la justicia, la impunidad persistirá. Además, toda la estructura criminal que persiguió a Cáceres y COPINH debe ser desmantelada.
El asesinato de Cáceres fue la culminación de años de persecución y violencia contra los miembros de COPINH que se opusieron al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Además, es extremadamente preocupante que la concesión del río Gualcarque, por la que Berta Cáceres fue asesinada, no se haya cancelado.
SOAW se une a COPINH y a los hijos de Berta para pedir que todos los autores intelectuales, por muy poderosos que sean, sean llevados ante la justicia y que se cancele la concesión del río Gualcarque.
En Solidaridad,
SOAWatch
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