El asesinato de al menos cinco personas en un supuesto amotinamiento en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” o “El Pozo II”, vuelve a dejar claro que lo único seguro en las megacárceles creadas por el régimen es la muerte.
El régimen vendió la falsa idea de que con estas cárceles se mejoraría la convivencia entre las personas privadas de libertad consideradas peligrosas y se les controlaría con efectividad, ya que pese a estar bajo la custodia del Estado, continuaban sus actividades delictivas desde el interior de los presidios.
Con esta lógica, se militarizó la función penitenciaria, lo que implicó entregar a los militares la custodia y control de las cárceles de máxima seguridad; no obstante, hasta la fecha los militares demuestran una vez más que son unos incompetentes. Para muestra dos botones.
Han sido incapaces para cuidar las fronteras nacionales con el fin de evitar que el narcotráfico transporte la cocaína que cruza el territorio nacional en su paso hacia Estados Unidos, tal y como lo confirma el caso del hermano del presidente de facto, Tony Hernández.
También han sido incapaces, a pesar de su poderío armamentístico, para evitar que se cometan 5 masacres cada mes y que el número de ellas, 58 en este año, represente un aumento del 50% en comparación con el año pasado en el que se registraron 43 masacres.
Y a esto se le suma su incapacidad para evitar que en las cárceles de máxima de seguridad se haya asesinado a 16 personas privadas de libertad, entre ellas, a Magdaleno Meza, dueño de las narcolibretas que evidenciaron el vínculo de los hermanos Hernández con el narcotráfico.
No hay ninguna duda que los militares solo sirven para violentar los derechos humanos y consumir enormes recursos del presupuesto nacional que deberían usarse con el fin de garantizar condiciones dignas del casi 70% de la población que vive en pobreza.
La ciudadanía democrática debemos continuar exigiendo que se cumpla lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que el Estado debe desvincular a las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que deben ser asumidas por el poder civil.
Además, como lo señala la Mesa Penitenciaria de Honduras, se debe investigar de manera pronta y efectiva los crímenes, e implementar una política pública cuyo enfoque sea la seguridad social, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad.
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