Uno de los elementos fundamentales del sistema democrático es la legitimidad, es decir, el consentimiento y convencimiento de la ciudadanía de que el régimen que gobierna y sus decisiones son las mejores para la colectividad, y, por tanto, no necesita el uso de la fuerza para imponerse.
Para ello se requiere el respeto absoluto al principio de la soberanía popular que se expresa en la voluntad de las mayorías mediante elecciones libres, auténticas y justas. En otras palabras, una parte de la legitimidad democrática se gana cuando los resultados electorales corresponden con la voluntad popular.
Dos de las principales características del régimen de Juan Orlando Hernández son el autoritarismo y la falta de legitimidad, por lo que ha tenido que imponerse mediante el fraude, la represión policial-militar y las graves violaciones a derechos humanos, todo cubierto bajo el manto de la corrupción y la impunidad.
Como todo régimen autoritario, es ciego y sordo ante la voz popular, y solo vela por sus propios intereses y de la clase corrupta que representa. Por eso no le importó violar la Constitución para imponer su reelección que consumó a través de un fraude electoral.
Y lo mismo ha sucedido con la MACCIH, que, pese a existir una rotunda demanda ciudadana para su continuidad, el régimen la dejó morir para evitar que siguiera con su trabajo de desenredar las redes de corrupción que llegan hasta él y su círculo de poder.
Por ello, como señala la doctora Ana Ortega, “pese al contexto de represión, precariedad de la vida, fragmentación e incluso expulsión de buena parte de la población”, el papel opositor de la ciudadanía es central para activar la ruptura de este círculo vicioso de corrupción, impunidad y cinismo de los actores políticos.
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