Luego que la defensa de Tony Hernández solicitará al juez Kevin Castel que postergara la fecha de lectura de sentencia de su representado, el juez accedió a la petición y la reprogramó para el 24 de febrero.
Según información que se desprende desde Estados Unidos, el principal argumento para la reprogramación de la lectura de sentencia se fundamenta en la presentación de documentos que la defensa considera cruciales y relevantes, para que el juez considere su decisión antes de emitirla.
La defensa de Tony ha dicho que los documentos serán obtenidos de las instituciones hondureñas, mismas que colaboraron durante el juicio y que implica colaboración con cuentas y otros documentos que fueron pruebas en la investigación de la fiscalía norteamericana.
Las especulaciones sobre esta reprogramación están a la orden del día, algunos analistas creen que la misma se debe a un proceso de negociación entre Tony Hernández y la justicia norteamericana, y otros valoran que se puede tratar simplemente de circunstancias administrativas.
“El sistema norteamericano es bastante serio que cuando amplía plazos como este es porque hay algo serio que definir, entonces podríamos especular que se trata de una negociación entre Tony y el gobierno de Estados Unidos”, comenzó valorando el abogado Eduardo Martell.
Sobre este asunto manifestó que una negociación no sería descabellada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que cometió y la dura condena que puede recibir, entre ellas, no es descartable una o dos cadenas perpetuas.
“Puede ser que estén negociando el plazo de tiempo que Tony Hernández pasará en la cárcel. Un ejemplo de esto, es el caso de los Cachiros, quienes mediante negociaciones lograron reducir sus penas.
El caso de Tony tenía claras agravantes porque era diputado y su hermano es el presidente del país, por lo que, si él no llega a un acuerdo, Tony morirá en la cárcel, si llega a un acuerdo hasta puede pasar unos 10 o 15 años en prisión”, consideró Eduardo Martell.
Por su parte el abogado penalista Elvin Carrillo dijo que, en esta ampliación hay varias particularidades, una de ellas es la estrategia de la defensa para poder luego de conocer una sentencia firme, los caminos hacia una apelación y la segunda es el panorama adverso que enfrenta el imputado.
“Si la defensa de Tony presentó esta solicitud en tiempo, es oportuno si todas las partes acceden, no creo que puedan obtener algún beneficio de eso, él imputado está sometido a penas fuertes de dos a tres cadenas perpetuas, creo que están dilatando el proceso para alguna maniobra de apelación a la decisión.
Le esperan penas duras, poco humanas, eso significa morir en la cárcel y a la defensa solo le queda pedir misericordia y piedad para efectos que sea una pena mínima”, determinó Carrillo.
El abogado culminó su valoración del caso con la tarea que las autoridades hondureñas, especialmente el Ministerio Público tiene en presentar requerimientos contra los funcionarios y políticos mencionados en el juicio contra Tony: “el Ministerio Público tiene eso como una tarea pendiente y están obligados a dar una respuesta sobre el asunto”.
Por su parte el exministro de Defensa Arístides Mejía dice que acá solo hay dos posibilidades: la primera es la negociación y la segunda una dinámica administrativa.
“Entiendo que en la justicia americana hay la posibilidad de que antes que se dé la sentencia, la persona condenada pueda negociar una disminución de su pena, delatando a otras personas de las cosas que sabe y puede probar.
Yo creo que cada vez que en un sistema penal se lleva a un testigo que quiere confesar cosas, todos los que han participado en algún delito tienen miedo, porque los testigos que los delatan son los que han participado en la acción delictiva”, expresó Mejía.
Las dudas sobre el caso se definirán en la última semana de febrero, cuando el juez que conoce la causa fije la sentencia que le espera a Tony Hernández en las cárceles de Estados Unidos.
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