El nuevo año comienza con la misma escalada de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas del año pasado. De acuerdo con el Foro de Mujeres por la Vida, hasta el 8 de enero se habían registrado 11 femicidios, lo cual confirma el delicado contexto en el que sus cuerpos, sus vidas, su libertad, sus derechos y su dignidad corren un peligro constante.
En su más reciente informe de país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas, y las diversas formas en que ésta se expresa, en particular por razones de género y por la prevalencia de violencia sexual.
Además, para este órgano interamericano es preocupante la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales o intersex, y las mujeres defensoras de derechos humanos.
Un aspecto muy alarmante de esos crímenes es que se realizan con particular ensañamiento, dado que indican un patrón de violencia extrema contra las mujeres, adolescentes y niñas que incluye secuestros, desapariciones, torturas en las llamadas “casas locas”, mutilaciones, desmembramientos, aplastamientos del rostro, quemaduras en el cuerpo y otros crímenes de odio.
A pesar de la gravedad de la situación, las acciones de las autoridades estatales tienen una cobertura escasa, no se cuenta con suficiente capacidad investigativa y no se destinan suficientes recursos a instancias especializadas para acabar de raíz con esta lacra.
Por ello es que persisten altos índices de impunidad ante estos hechos violentos, cuya tasa alcanza más del 90% de los femicidios y el 95% de casos de violencia sexual. Esto es particularmente grave porque, como señala la CIDH, la impunidad facilita la violencia y discriminación contra ellas.
Exigimos que se declare una emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y que el Estado asuma su responsabilidad de investigar con la debida diligencia todos estos crímenes, y de implementar estrategias integrales para erradicar los estereotipos y patrones discriminatorios para garantizar su derecho a vivir libre de violencia.
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