En horas de la noche del sábado 28 de diciembre pasado, la señora Ignacia Piota Martinez, Garífuna de la comunidad de Masca, fue atacada por un mestizo que le infirió siete heridas de fuego, siendo trasladada de inmediato a Puerto Cortés y posteriormente a San Pedro Sula donde se encuentra en condiciones estables.
Ignacia de 70 años de edad, era hermana de la fallecida Mirna Suazo Martinez, la que se desempeñaba como Presidenta del Patronato de Masca, asesinada el pasado 9 de septiembre además del intento de asesinato perpetrado en contra de Paulina Alvarez el 12 de diciembre y el asesinato de Oscar Francisco Guerrero Centeno, acontecido el 10 de octubre; lo cual es un indicador de una enorme violencia dirigida en contra de los remanentes de la población Garífuna en la comunidad de Masca.
La inusual racha de asesinatos que se han venido dando en contra del pueblo Garífuna en los últimos meses, tiene un denominador común: sembrar el terror con el propósito de instigar la emigración que se aceleró en los últimos años. Como contención del debacle económico y las presiones territoriales promovidas por el crimen organizado el que usa el terror como arma destinada al control territorial.
De por sí Honduras se encuentra atascada en un circulo de violencia. 70 masacres y 3700 homicidios que se dieron durante el año 2019 y con alrededor de 50 mil muertos en la última década. Aunque aparentemente los indicadores muestran disminución de la violencia; es evidente que la violencia ha venido siendo dosificada, con el propósito de generar una sensación y crédito de que se ha “controlado” la violencia.
La costa norte de Honduras pasó a ser después del golpe de estado de 2009, un territorio controlado por el crimen organizado, manejando desde las municipalidades, juzgados, registro de la propiedad, entre otros.
Uno de los ingredientes fatales en la estrategia de despojo que se ha venido afinando en esta década, es el racismo, que está incrustado en la hondureñidad, el cual no se elimina a punta de decretos y leyes. Ese racismo está altamente empotrado dentro de los operadores de justicia, que a pesar de haber asistido a múltiples capacitaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, no hicieron mayor esfuerzo para asimilar las Convenciones y Tratados que estipulan los derechos que poseemos los pueblos indígena y tribales. Teniendo como resultado un sinnúmero de despojos territoriales emanados de sentencias que desconocen nuestros derechos ancestrales.
El caso de la comunidad de Masca es particular ante la enorme agresividad que se ha desatado en contra del pueblo Garífuna, sin que hasta la fecha – meses después del asesinato de Mirna Suazo- se conozcan resultados de la investigación por parte de las autoridades, sobre dicho caso, el que tiene en vilo a la población Garífuna, quienes habíamos logrado mantenernos al margen de la violencia que ha venido destruyendo el tejido social de nuestro país en la última década.
Exhortamos a las autoridades a efectuar una investigación exhaustiva de los hechos, al mismo tiempo que exigimos la protección de las lideresas de dicha comunidad, las que parece se han convertido en objetivos de guerra.
* Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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