Centro penal de Tela, Atlántida.
Un fin de semana sangriento vivió Honduras entre el 20 y el 22 de diciembre pasado. Se inició el viernes 20 cuando 19 personas fueron asesinadas y 18 resultaron heridas en el centro penal de Tela, Atlántida. Cuarenta y ocho horas después, el país se estremeció al conocer que, en la cárcel de mínima seguridad de El Porvenir, Francisco Morazán, un amotinamiento dejaba el deceso violento de 18 reclusos.
Estos hechos violentos se registran en el marco del proceso de intervención aprobado por el gobierno, que dio el control de las cárceles hondureñas a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
Escalada del mundo criminal
A través de una comparecencia de prensa, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, aseguró que las recientes masacres ocurridas en las cárceles del país son una estrategia del mundo criminal para evitar que se avance con la intervención de los penales.
José Gonzales, director de la Comisión Interventora, dijo a los medios que los asesinatos son para evitar que FUSINA imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios.
Militares en el manejo de las cárceles
Muchos son los interrogantes que rodean la situación de violencia en el sistema Penitenciario, en particular un repunte a partir del fallo condenatorio en la Corte del Distrito Sur de New York contra el hermano del presidente, el ex diputado “Tony” Hernández. En los hechos ocurridos se utilizaron armas de fuego y arma blanca, en un sistema militarizado y con tecnología apropiada, cómo se explica esto.
Carlos Paz, director de la Pastoral Social Carita en San Pedro Sula, integrante de la Mesa Penitenciaria, espacio de la sociedad civil hondureña, dice que la respuesta ante la violencia en las cárceles ha sido desatinada, ya que la militarización contraria a lograr cambios, continúan instalando una política violenta y de ataques contra los privados de libertad.
“El gobierno lo que propone es la militarización, sin embargo, los militares son parte del problema. FUSINA siempre ha estado dentro del ruedo de la crisis. Ellos han sido reiteradamente denunciados”, expresa Carlos Paz
Paz advierte que FUSINA es un ente controlado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, superestructura que dirige Juan Orlando Hernández y los jefes militares, que a su disposición.
Corrupción y tráfico de armas
La experta en criminología, Arabeska Sánchez, asegura que la corrupción y el tráfico de armas han dado paso a las masacres que se han registrado en los centros penales del país.
Sánchez dice que, “lo que hemos visto como caracterización generalizada de estas muertes sistémicas en cárceles de Honduras, es que casi siempre están ligadas a un mal manejo en cuanto a la gestión, sobre todo porque en el interior de las cárceles hay grupos antagónicos y generalmente se les coloca en los mismos espacios”.
Además, señala que se sigue detectando corrupción de los custodios, sobre todo en atención al tráfico de armas y municiones. “Se sigue presentando a lo interno de los centros penitenciarios del país el tráfico de armas, mismas que posteriormente sirven para cegarle la vida a los propios internos”, dice Arabeska Sánchez.
La criminóloga en declaraciones con Radio Progreso, dice que se flexibilizaron demasiado las medidas de seguridad en cuanto a la certificación del recurso humano que trabaja en los centros penales, sobre todo el que maneja la aduana penitenciaria. Además, cree que ha habido una desatención en el respeto de los derechos humanos de la población interna y de los mismos custodios.
No cree que sea propicio que los militares estén a cargo del sistema penitenciario en el país. “Por Convenciones internacionales eso no es lo ideal, pero fue una medida que se tomó por la crisis. Esperamos que en los próximos seis meses se estabilice el sistema y vuelva a manos de la conducción de civiles, tal como está establecido en los Convenios internacionales, puntualiza.
Dolor e indignación
A menos de un año de cumplir su condena, Santos Mario Grandez Pavón es una de las víctimas de la masacre en el centro penal de mínima seguridad Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.
Doña Santos, hermana Santos Grandez, en las afueras de la morgue judicial en Tegucigalpa, recuerda que hace ocho meses fue la última comunicación que tuvo con su hermano. Manifiesta que él guardaba prisión luego de ser condenado por defenderse de un asalto.
A llanto abierto, doña Santos señalaba que en los centros penales no existe seguridad. “no entendemos por qué dejan entrar armas. No sé por qué hablan de seguridad, si los custodios dejan entrar todo tipo de armas. Aquí hay gato encerrado”, condenaba.
Piden investigación efectiva
Las voces de condena frente a los múltiples asesinatos en las cárceles de Honduras no se han hecho esperar.
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, dijo en una conferencia de prensa, que confía que la emergencia declarada en los centros penales, sólo sea una transición para poner de manera permanente el manejo en manos de los civiles.
Por su parte la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, manifestó estar gravemente preocupada por los hechos suscitados en diferentes centros penales del país que han dejado como consecuencia luto en varias familias hondureñas.
La OACNUDH, expresó que, observa con alarma la violencia que se da en los centros penitenciarios e insta al Estado a garantizar la vida y respeto de derechos humanos de los privados de libertad y a proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente.
También el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, exigió al Estado adoptar medidas urgentes para cumplir con los once puntos resolutivos de la sentencia Pacheco Teruel y otros contra Honduras –donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado.
Las tragedias siempre han acompañado a las cárceles de Honduras, catalogadas como «academias del crimen». En febrero de 2012, en un incendio murieron de 362 privados de libertad en la granja penal de Comayagua. En otro incendio en el penal de San Pedro Sula murieron 107 internos en abril de 2004. Y en junio de 2008 fueron 68 los que perecieron en otro incendio en El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.
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