Por Fernando Luengo *
Aumento insostenible de la temperatura media del planeta, pérdida continua de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales, episodios climáticos extremos, emisiones crecientes de dióxido de carbono, acidificación de los océanos… estos y otros indicadores apuntan en la dirección de una crisis civilizatoria de proporciones históricas que exige de respuestas a la altura de este desafío. ¿Están la economía y los economistas ofreciendo diagnósticos y propuestas que contribuyen a revertir esta situación o, por el contrario, la están agravando?
Reconociendo que hay visiones muy dispares dentro de la profesión y que, en modo alguno, cabe generalizar, la economía convencional -dominante en los espacios académicos, las instituciones, los medios de comunicación y las políticas de los gobiernos-, aunque en apariencia se hace eco de la problemática medioambiental y pretende ofrecer al respecto alternativas, continúa razonando como si fuera una externalidad negativa o el resultado del mal funcionamiento de los mercados. Por el contrario, desde la economía crítica, con diferentes planteamientos, intentan integrar en sus análisis dicha problemática, que no es considerada ajena al ámbito de la economía, sino consustancial al mismo.
Me preocupa, en todo caso, la continua apelación que unos y otros hacen al crecimiento económico. Como si fuera una suerte de bálsamo mágico, para crear empleo, incrementar los salarios de las y los trabajadores, fortalecer las finanzas públicas, mejorar las cuentas de resultados de las empresas; en fin, para promover un aumento de la riqueza nacional. Operaría, según este enunciado, un juego de suma positiva, donde todos, en mayor o menor medida, son ganadores.
La economía convencional y buena parte de las visiones críticas permanecen instaladas en el paradigma de las cantidades, como si fuera posible y deseable un plus de crecimiento. Se sigue utilizando un indicador, el Producto Interior Bruto (PIB) y, más en general, un sistema de contabilidad, que falsea y distorsiona la realidad sobre los costes reales del modelo económico imperante.
Quienes razonan en estas coordenadas ignoran u omiten que ese mismo crecimiento que reivindican por los efectos positivos que supuestamente genera (premisa que no comparto, pero que no entraré a discutir aquí), tiene al mismo tiempo consecuencias muy negativas para la vida del planeta y para quienes lo habitan, comprometiendo asimismo la viabilidad de los procesos económicos.
Desde estos mismos parámetros se argumenta que las nuevas tecnologías, a medida que se generalice su uso, desplazan cada vez más el consumo de materiales en beneficio de los activos y servicios intangibles, al tiempo que permiten ofrecer soluciones novedosas a la acumulación de gases de efecto invernadero. El crecimiento económico encontraría así un nuevo motor compatible con un escenario de escasez de recursos y con las demandas de sostenibilidad.
Lo cierto, sin embargo, es que, en el contexto de lo que algunos llaman cuarta revolución industrial, la degradación del medio ambiente avanza de manera imparable y que no hay rastro de la supuesta desmaterialización de los procesos económicos, que continúan instalados, más si cabe que antes, en la utilización intensa y depredadora de los recursos naturales.
La dramática situación que vivimos exige un radical cuestionamiento del paradigma del crecimiento. En este contexto, el denostado, con razón, término austeridad reviste un significado completamente distinto al utilizado habitualmente para justificar la socialización de los costes de la crisis y la redistribución de la renta y la riqueza en beneficio de las elites. Postular un modelo económico austero -en los ámbitos de la producción, la distribución, el consumo, el transporte, el ocio…- es una necesidad imperiosa, no hay alternativa.
Otro de los iconos, íntimamente vinculado al del crecimiento, sobre el que la economía y los economistas están obligados a reflexionar, es el de la competitividad. Competir en el mercado internacional, ganar cuota de mercado a nuestros rivales y fortalecer el potencial exportador; en un escenario dominado por la internacionalización de los procesos económicos, esta sería, nos dicen, la única hoja de ruta posible.
Tampoco entraré en el debate -muy importante, por cierto- sobre los beneficios y los costes de los procesos de apertura externa y de cómo se distribuyen entre los actores que participan en la economía global. Pero sí importa reparar en que detrás de la lógica competitiva está el objetivo del aumento de las capacidades de crecimiento, para atender mercados en continua expansión; producir cada vez más, para más mercados, esa es la meta. Una dinámica que incrementa las necesidades de transporte asociadas a la expansión de los flujos transfronterizos de mercancías y que favorece las políticas extractivas, tanto salariales como en recursos, y a los grupos económicos -productivos, comerciales y financieros- que son los principales actores del mercado global.
La diferencia que algunos economistas, convencionales y críticos, establecen entre la competitividad mala -sustentada en la represión salarial y los bajos precios- y la buena, que descansa en la calidad de los bienes y servicios ofertados y en su contenido tecnológico, en absoluto resuelve la problemática de una globalización depredadora y, en consecuencia, insostenible.
Otra de las dimensiones clave de la crisis ecológica, donde la economía y las y los economistas tienen mucho que decir, es la desigualdad. Se desliza a menudo el planteamiento de que todos hemos contribuido a la degradación de la vida en el planeta y de todos se exige un esfuerzo, como si hubiera una culpa colectiva, que sería necesario repartir con ecuanimidad. Asimismo, se ha convertido en un lugar común cargar sobre los políticos por su inacción o contemporización ante un problema tan grave.
Ambas cosas son ciertas. Todos y todas formamos parte de un engranaje productivista y consumista que, de una manera u otra, ha contribuido a la degradación del planeta; del mismo modo que también es evidente que las y los políticos, bien sea porque están atrapados en un electoralismo miope y de corto recorrido, bien porque sus intereses económicos están del lado de los que contaminan el planeta, no han enfrentado la crisis climática. Con todo, esta línea de argumentación además de insuficiente es tramposa. Como he mencionado antes, poner en el centro de la reflexión la desigualdad es clave para disponer de un buen diagnóstico.
Integrar la desigualdad en el asunto que nos ocupa implica contraponer la lógica del bien común, de la vida y de las mayorías sociales a la de los mercados en la gestión y disfrute de los recursos naturales.
Eso significa, en primer lugar, saber que el proceso de acumulación capitalista que está en el origen de la crisis medioambiental ha beneficiado, sobre todo, a las grandes corporaciones y a los países con mayor fortaleza productiva. Estos son, asimismo, los mayores consumidores de energía y los que más residuos generan; mientras que las denominadas economías en desarrollo consumen una menor proporción de combustibles fósiles, aunque son los que en mayor medida padecen las consecuencias del despilfarro y soportan la acción más devastadora del cambio climático, convirtiéndose además en el escenario de disputa por los recursos -energía y materiales- cada vez más escasos.
Poner la equidad en el centro de la agenda significa, en segundo término, ordenar las necesidades sociales, de manera que, con carácter prioritario, se atiendan las de los grupos más desfavorecidos, las de la población que vive en la pobreza o soportando situaciones de precariedad. Crecer en esos planos implica necesariamente decrecer en aquellos instalados en la cultura fosilista y en el consumismo. Es necesario introducir en el debate el decrecimiento y el crecimiento selectivo.
Darle la centralidad que merece a la desigualdad implica, en fin, repartir, porque los costes de la transición serán importantes. Repartir supone movilizar en dirección a las políticas medioambientales recursos que ahora concentran las elites económicas y políticas y las grandes corporaciones; y supone asimismo reducir la jornada laboral, sin merma salarial, en el contexto de unas políticas destinadas a garantizar empleo decente para todos y tiempo para los cuidados, de nuestra vida y del planeta.
Cuando estalló el crack financiero y se desencadenó la Gran Recesión, hubo quien pensó que la reflexión económica y las políticas económicas, ante el evidente fracaso de los postulados dominantes, tomarían un nuevo rumbo. Nada de eso ha sucedido. Los intereses de las oligarquías, los mismos que nos han llevado a la crisis, han impuesto su hoja de ruta. Esos mismos intereses, que han capturado las instituciones y las agendas de los gobiernos, nos llevan directamente a una catástrofe climática. Es la hora de la buena economía y de los economistas decentes.
* Fernando Luengo, miembro del círculo de Chamberí de Podemos. Blog Otra Economía:
https://fernandoluengo.wordpress.com
Twitter: @fluengoe
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