Campaña Vidas Desplazadas / ACNUR
Honduras sufre en carne propia el impacto de la violencia. El poder de las pandillas provoca miedo en la población que vive en zonas de riesgo. En el primer trimestre de 2019, una familia de escasos recursos se enfrentó a ese flagelo.
El hecho ocurrió en la zona norte del país, en uno de los barrios que registra mayor número de familias desplazadas a causa de la violencia. Mediante un testimonio una mujer que prefirió ocultar su identidad, las características de su familia y el barrio donde ocurrió el conflicto, relató el calvario vivido en su comunidad, mismo que los llevó a huir a un sitio seguro donde pudieran conservar su vida y la de su familia.
En el inicio del 2019, ella lideró un proceso comunitario que buscaba llevar desarrollo a su barrio. El proyecto era dirigido al sector educativo, enfocado en ayudas a niños y niñas de escasos recursos. Mediante un voluntariado se gestionó ante diversas organizaciones que trabajan el tema, el objetivo la construcción de un centro de enseñanza.
“Yo emprendí ese voluntariado y la visión que tenía en la comunidad era construir un kinder para que los niños tuvieran un espacio. Gracias a la gestión logramos obtener un predio, lo pusimos a nombre de la Secretaría de Educación, solicitamos ayudas con varias organizaciones, entonces ellos nos ayudaron para construir, sin imaginarnos que ese sería el origen de nuestro problema”.
Ella contó que los directivos de la comunidad empezaron a decir que el dinero se lo daban directamente a ella y que ella lo tomaba para uso personal. “Entonces yo fui a donde ellos, tuve una reunión con ellos porque esos comentarios a mí me molestaron. Les deje en claro la situación, en ese momento nosotros estábamos construyendo”.
“A raíz de eso yo decidí renunciar y les dije que no iba a seguir, ellos no la aceptaron y me dijeron que no me podía ir sin antes construir el kinder”, entre la depresión y la crisis que las acusaciones en su contra generaban, ella les dijo a sus vecinos que no podía más, que esas falsas acusaciones la lastimaban y que mejor se hacía a un lado para evitar problemas. En este caso la solidaridad de un grupo de la comunidad no se hizo presente, todo lo contrario, sus vecinos le clavaron el puñal al no aceptarle la renuncia y no solo eso, ellos le comunicaron que no se podía ir sin antes construir el kínder y para presionar acudieron a la pandilla del barrio.
“Yo sentí como amenaza, como presión y entré en pánico y yo le dije a mi esposo que no quiero vivir más allí y tuve que poner mi casa en venta. De la noche a la mañana buscamos ayuda, los hermanos cristianos iban a orar por nosotros a la casa, de repente alguien nos dijo: yo les pongo el carro y saquen lo que puedan, y así logramos salir, irnos a pesar que no teníamos a donde refugiarnos.
El ambiente en ese sector es bastante tenso. Uno no está libre de que haya un cateo, persecución entre policías y los muchachos (pandilleros), si ellos llegan a la casa no se les puede cerrar la puerta. Una vez yo me estaba bañando, había una persecución y ellos entraron a mi casa y nos obligaron a callarnos, es una situación fea”, comentó con voz entrecortada. El recuerdo duele.
Ante situaciones de este tipo, las víctimas no tienen confianza en la denuncia, pues acudir a las instituciones encargadas de esa gestión para muchas familias es sinónimo de muerte.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), ha presentado informes periódicos con base en las quejas interpuestas ante la entidad por personas desplazadas y en riesgo que ha permitido profundizar sobre las causas del desplazamiento. En su informe de 2017, señaló que las principales causas del desplazamiento interno fueron la violencia del crimen organizado (maras, narcotráfico, y sicarios); las violaciones de los derechos humanos y discriminación por motivos de género, orientación sexual e identidad de género; los atentados contra la libertad de expresión, movimiento y filiación política; y los conflictos sobre la tenencia de tierras derivados de megaproyectos que afectan a zonas habitadas por personas campesinas, pueblos indígenas y afro-hondureños.
Cuando el Estado no puede garantizar su seguridad y la de su familia, el salir desplazado se convierte en la opción más segura. “La verdad si yo no hubiera salido no sé qué hubiera pasado, no hemos logrado vender la casa, quedó abandonada y cuando eso sucede la pandilla es la que toma posesión y ellos, ya se ubicaron ahí, lo más importante es mi familia y gracias a Dios no nos ha pasado nada y lo material se recupera. Gracias a ACNUR mis hijos han logrado retomar sus estudios.
Al inicio no fue tan fácil, yo a pesar de la depresión lograba sostenerme, antes vivía en temor diario por mis hijos, mi esposo. Gracias a Dios donde ahora vivimos ya no ocurre nada malo”.
Mediante un estudio desarrollado en coordinación y esfuerzo conjunto de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS) y Visión Mundial (VM). Se muestra como en Honduras, entre el año 2004-2018, se han desplazado internamente por la violencia 247,090 personas. No obstante, esta realidad es poco visible en el país y las familias afectadas se mantienen en el anonimato, sin recibir asistencia y protección.
En las zonas de conflicto a los jóvenes que toman la decisión de involucrarse con las maras y pandillas corren el riesgo de ser asesinados o bien, terminar en la cárcel.
El estudio estimó que existen aproximadamente 58,550 hogares en los cuáles al menos uno de sus integrantes se desplazó a causa de la violencia entre 2004 y 2018. En total, esto representa 247,090 personas (el 2.7% de la población de Honduras) que sufren, los efectos del desplazamiento interno. Del total, 191,000 personas (77% de los integrantes actuales de los hogares) fueron directamente desplazadas por la violencia u otras violaciones de derechos humanos, mientras que cerca de 56,000 corresponden a integrantes que nacieron o se incorporaron a los hogares afectados después del suceso. Entre los principales departamentos de expulsión y recepción se encuentran: Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Atlántida, comprenden el 76% de los hogares expulsados y el 67% de los hogares recibidos.
“Yo extraño mi casa, nunca pensé vivir esta situación, mi visión era aportar algo a la comunidad y eso fue lo que hice, conseguir proyectos para la comunidad, pero ahora no pienso para nada retornar a ese lugar.
Las fuerzas solo Dios las puede dar, nosotros entregamos nuestras cargas a él, creo que en mi vida no había escuchado el término de desplazamiento, jamás creí que a mí me pasaría esto, esta situación se lleva buscando ayuda a las organizaciones que trabajan este asunto y yo agradezco a ACNUR, Casa Alianza, Consejo Noruego por la ayuda brindada a mi familia.
El actual estudio, muestra la necesidad de desarrollar nuevas políticas públicas que den respuesta y prevengan los impactos del desplazamiento interno, y de ampliar, mejorar y adaptar los servicios institucionales para adecuarse a esta realidad, plantea la urgencia e importancia de conocer su magnitud. Además, proporciona información sobre el número de personas afectadas por el desplazamiento interno, sus principales características, las dinámicas del desplazamiento y su distribución geográfica en el país.
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