El mes de diciembre de 2009 fue similar al diciembre de 2013 tras el primer fraude de JOH. Pero el diciembre fraudulento de 2017 es el más parecido al último y mortal diciembre. Estos cuatro diciembres tienen la característica principal de tener a los militares como impostores de la vida política del país, lamentablemente como protagonistas.
En lugar de haber controlado el narcotráfico a gran escala, las fuerzas armadas del golpismo retomaron el monopolio de la seguridad interior, la policía, los puertos, aeropuertos, carreteras y telefónicas para vigilar y perseguir a la población disidente, como en los viejos tiempos de la guerra fría. Pero ningún esfuerzo para detener la sociedad hondureña con los carteles mexicanos, que introducen 500 mil toneladas de drogas por año al mercado estadounidense.
En lugar de parar a los empresarios del crimen organizado que talan las zonas protegidas y siembran de minas venenosas las montañas, los militares se convirtieron en socios de esa industria de muerte. La estructura ejecutiva de la empresa DESA, que asesinó a Berta, es sólo uno de los ejemplos de su sociedad activa con los banqueros criminales.
Los chafas controlan el proceso electoral y desde el Consejo Nacional de Seguridad convirtieron el censo nacional electoral y la documentación de las personas en un tema de estrategia militar. Y un tema de estrategia política, que además es secreto.
En el último año, sin menoscabo de su abultado presupuesto que paga su lealtad anual a la dictadura diabólica, pro israelí, amarrada a la estrategia narcótica que dirige el Comando Sur y la DEA en Centroamérica, los uniformados hondureños que monopolizan la violencia del Estado pasaron al control de la agricultura.
Con la complicidad de organizaciones campesinas corruptas, el régimen militar secuestró más de 4 mil millones de lempiras para reactivar según el discurso la producción alimentaria, que ya sabemos no es ninguna prioridad del régimen neoliberal salvaje que prioriza las industrias textiles y los monocultivos agroindustriales de palma, caña, bananos, café y otros que destruyen el hábital de la vida humana, vegetal y animal. Puro bla bla para tener más dinero en mano.
En la estrategia específica del mercado carcelario, diseñado en 2014 por ingenieros y contratistas hebreos, la dictadura ha sembrado de cárceles a Honduras para controlar a los enemigos y proteger a los amigos. Este es un gran negocio. En esas cárceles hay más de 22 mil personas, la mayoría empobrecidas que no pueden defenderse por sí mismas de las imputaciones privadas. Hombres y mujeres del campo, opositores políticos y liderazgos sociales de todas las categorías de defensa de los derechos humanos. Y algunos pandilleros comunes, y de cuello blanco.
El negocio de alimentar, cuidar y gerenciar estas cárceles de mediana y “máxima” seguridad, como les gusta decir, ha sido siempre de los militares durante estos años del golpismo. Por eso hoy sorprende el cinismo de la “emergencia nacional” decretada para ascender a coroneles y generales al cargo de alcaides y directores de esta maquinaria de influencias, tráfico y muerte, que asesinó a Magdaleno Meza, a su abogado y a sus contactos de las narco-libretas.
Es la primera vez que el hermano del sentenciado Tonny Hernández, culpable de tráfico de drogas y armas a gran escala en Estados Unidos, el señor Juan Orlando Hernández, ha salido a enfrentar con paja la crisis de muerte que recorre sospechosamente las cárceles después del juicio a su hermano. Después del crimen de ese privado de libertad que tenía los secretos de todos los sobornos a políticos, periodistas y funcionarios públicos de élite. Después de las horribles masacres en todo el país, que confirman el macabro negocio de la muerte a manos del Estado.
Esta omnipresencia brutal de los militares en la vida cotidiana de Honduras, es decir, de los unformados de la dictadura orlandista mal llamados fuerzas armadas, es de tal preocupación que hasta los sectores conservadores proponen, con sarcasmo y evidente desparpajo, que sería mejor entregar todo el control del Estado a los militares.
El ex presidente del consejo hondureño de la empresa privada, Eduardo Facussé, se preguntó sobre el papel de los civiles en el funcionamiento del gobierno: ¿dónde están, si todo está pasando a los armados?.
Mientras tanto, en redes sociales millares de usuarios se preguntan cuáles son los coroneles que van a sustituir a los cardenales, obispos y pastores de las iglesias. Inclusive, el poeta necesario ha preguntado, en tono despistado, si acaso el Tigre Bonilla, denunciado en Nueva York como un gatillero al servicio del clan Hernández, será el custodio de la Virgen de Suyapa en vez del padre Hermes y del cardenal Rodríguez…
Al paso que vamos, este espíritu socarrón de la población podría estar lejos de parecer surrealista y concretarse, porque en efecto, hay postas y batallones que rezan y cantan aleluyas antes de salir a reprimir y torturar la resistencia popular en las calles. Inclusive, los altos jefes del Obelisco predican ese dios de la guerra que simula ser el mismo dios de las sencillas iglesias del pueblo. Todo un discurso sinverguenza que es amestrado por los expertos hijos de la muerte. Un juego hipócrita y manipulador que tenemos que desbaratar, tarde o temprano.
Entonces, de este modo, estamos llegando a la Navidad de 2019: con militares agricultores y directores de centros penales. Pero nada es inocente. No, no, no, no.
El ex oficial de policía Henry Osorto Canales ha sido directo al menos una vez en su vida. El martes le dijo a Renato que este es un juego de los mismos líderes del Cartel de Lempira. Ponen a los militares al frente de las cárceles para pretender ocultar una realidad tenebrosa: los grupos armados que actúan como sicarios para matar dentro y fuera de las cárceles son policías y militares, que de día parecen personas normales: peludos, panzones o bien rasurados. Y de noche, asesinos.
Este cuadro siniestro que padece Honduras, con el aval político de la embajada de Trump en Tegucigalpa y con el apoyo económico de la Unión Europea, representa graves y numerosas violaciones a los derechos humanos durante el año que termina.
Este programa Voces contra el Olvido trabaja el recuento de las violaciones cometidas por el Estado durante 2019, y en nuestros primeros programas del nuevo año compartiremos con ustedes las cifras y las valoraciones.
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