“René toma mi vida y que Dios te perdone”, dijo de rodillas y mirando a su asesino el líder Tolupán José Salomón Matute, uno de los hombres más firmes en la lucha que libra su pueblo en defensa del bosque. Segundos después, el disparo de una escopeta impactó en la cabeza del líder. El estruendo resonó en medio de las montañas de Yoro. Pero ese no fue el único disparo, dos veces más tuvo que sonar el arma para acabar con la vida de Juan Samael Matute, quien acompañaba a su padre en la siembra de frijoles.
Sólo quienes conocen el pueblo Tolupán pueden sentir como el corazón se hace pequeñito al mirar las imponentes montañas de pino y los caudalosos ríos que bañan esa tierra de hombres y mujeres luchadoras, quienes a pesar del abandono y la criminalización estatal, han comprendido que cuidar sus bienes naturales es cuidar la vida misma.
“Sólo estando allí, entonces, se puede entender ese sentimiento que produce la lucha Tolupán”, dijo con un nudo en la garganta Andrea Paz del Foro de Mujeres por la Vida, quien dedicó sus primeros años de trabajo a los tolupanes, a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.
A sembrar frijoles
La mañana del 25 de febrero, don Salomón salió temprano de su casa acompañado de sus tres hijos, uno de ellos Samael. Se disponían a sembrar frijoles en un terreno que durante años ha pertenecido a la familia y por ende a la tribu. Sin embargo, esa tierra había sido ocupada por René Córdova, un vecino de las víctimas que según familiares se pretenden vender la tierra a un terrateniente de la zona, a pesar que el territorio Tolupán cuenta con título comunitario ancestral que impide la venta individual de la tierra.
Tomaron café y amarraron unas tortillas para la faena del día. Caminaron al terreno sin imaginar que allí les esperaban René Córdova y Melquín Javier Córdova, quienes un día antes los habían amenazado a muerte.
Las agresiones y amenazas a muerte se han convertido en el pan de cada día para los tolupanes que se oponen a la venta de la tierra y el corte ilegal de madera según denuncia el Madj, organización a la que pertenecen los indígenas de Locomapa.
Las víctimas eran beneficiarios de Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, sin embargo, el Estado de Honduras una vez más demostró su incapacidad de proteger a los amenazados, pese a los constantes llamados que se han hecho a las autoridades.
El 31 de enero, la Policía de Yoro reprimió con gas lacrimógeno a los indígenas que impedían el paso de maquinaria cargada con madera de pino. La acción de protesta fue realizada por las personas que desde febrero de 2018 permanecen en un campamento de resistencia ejerciendo soberanía en su territorio.
En medio del dolor, Ramón Matute, hijo y hermano de las víctimas, responsabilizó al Estado hondureño, a terratenientes y madereros responsables de provocar el conflicto socio ambiental en la zona, al extraer de forma ilegal madera de pino. “Esto nos ha dejado 19 tolupanes asesinado desde el 2013”, dijo Ramón con rostro enrojecido mientras esperaba a las afueras de la Morgue Judicial de San Pedro Sula, los cuerpos sin vida de su padre y hermano.
Doña Cristina Ávila, se quedó en la comunidad de El Palmar, Locomapa, Yoro, esperando el cuerpo de su esposo e hijo. Ella lleva años viviendo con temor y angustia, esperando que lleguen a su casa para informar que han asesinado a su hijo Ramón, quien ha sufrido múltiples agresiones y amenazas por su lucha ambiental. Esa mañana la noticia que tanto temía llegó, pero con doble dolor. Su pequeño de apenas 24 años también dejó su sangre en la tierra que amó.
Samael era un joven amante de la naturaleza, defensor de la vida, amigable y sencillo, de saludo fuerte con su mano callosa de labrador de la tierra. En 2016, fue parte de la Escuela de Formación Política y Ciudadana que impulsa el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj.
“En este proceso le pudimos conocer por su dedicación a aprender, su sencillez y la claridad política que tenía sobre la necesidad de defender la vida, siendo consciente de los riesgos que esta labor llevaba para su propia vida”, publicó el equipo organizador de las escuelas en redes sociales.
Madera con color y olor a sangre
La situación que viven las familias tolupanes es complicada. La tribu cuenta con un Consejo Directivo responsable de garantizar los intereses de los indígenas. Sin embargo, desde los años 90, buena parte de la población ha denunciado las malas prácticas de dicho Consejo en el manejo de los recursos, así como la alianza con los empresarios en el corte de madera. Estas denuncias han cobrado la vida de algunos dirigentes. El caso más sangriento se registró en 2013, cuando tres indígenas fueron asesinados mientras realizaban una toma pacífica.
Buena parte del territorio Tolupán es ocupado por el general del ejército hondureño en condición de retiro Oscar Filánder Armijo Uclés, señalado como uno de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando en Honduras se implementó la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Armijo Uclés también es acusado por los delitos de daños, amenazas y allanamiento de Morada en perjuicio de Darling Ermilio Soto y David Paz, miembros de una familia Tolupán organizada en el Movimiento Amplio. A pesar del historial del general, el Estado le otorgó un plan de manejo forestal que le permite talar hectáreas de bosque para la comercialización de madera, según denuncian los tolupanes.
Otras de las personas señaladas como responsables de este conflicto es el empresario maderero Wilder Domínguez, propietario de la empresa maderera Inmare. En 2017, el Consejo Directivo de la Tribu y la Federación de Tribus Xicaques, Fetrixi, firmaron un contrato de venta de madera en el cual, según denuncias, se trata del otorgamiento de 5 mil metros de bosque, sin embargo, recientemente ha salido a la luz pública que realmente firmaron otorgando 17 mil metros cúbicos de madera, violentando el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado del pueblo indígena Tolupán.
Según Ramón Matute, las personas responsables de asesinar a sus familiares son trabajadores del terrateniente Uclés y del empresario maderero Domínguez.
“Esa madera que está saliendo de la tribu va manchada con sangre indígena, ante el visto bueno de los gobiernos que han decidido cerrar los ojos ante esos crímenes, condenando a las comunidades indígenas a la indefensión y repetición de hechos fatales como el asesinato de mi padre y hermano” dijo en entrevista a Radio Progreso Ramón Matute.
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