El Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal impulsadas por el titular del Poder Ejecutivo. En el marco de la aprobación, el presidente del Partido Nacional y diputado Oscar Álvarez presentó una moción para reformar el artículo 335-B del recién aprobado Código Penal.
La modificación dice textualmente que “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público, hiciere apología, enaltecimiento y justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este será sancionado con una pena de entre cuatro y ocho años de prisión”.
La normativa es considerada por varios sectores, en especial los medios de comunicación como una seria amenaza para la libertad de expresión y han reaccionado molestos por la propuesta del exministro de seguridad y ahora diputado del Congreso Nacional, Oscar Álvarez Guerrero.
Todas estas acciones forman parte del acelerado proceso hacia la concentración extrema del poder en una sola persona que es es el actual mandatario Juan Orlando Hernández.
A criterio del padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), es una amenaza para la libertad de expresión que se ha convertido en ley, y es lo más cercano al terror para los medios de comunicación, en especial los alternativos.
Moreno cree que con la medida se consolida el cerco mediático, sin embargo asegura que eso no significa una amenaza para todos los medios de comunicación, únicamente para un sector.
El peligro será para los medios de comunicación y periodistas que nunca aceptarán ser repetidores de la palabra oficial, sino que siempre mantienen una postura crítica, no cree que para los medios de comunicación que son voceros del oficialismo signifique una amenaza.
Dice que para los medios de comunicación alternativos es un serio peligro porque los expone a cierres y a pasar varios años tras las rejas por no aceptar las políticas que se imponen desde el gobierno.
Para la presidenta de la junta directiva del Comité para la Libertad de Expresión, (C-LIBRE), Ana Ortega, no es casualidad que sea Oscar Álvarez quien haya presentado la propuesta, pues fue el mismo que años atrás propuso las reformas que se hicieron a la Ley Antiterrorista y Antimaras.
Ortega dice que estamos llegando al punto en el que el gobierno se siente tan fuerte, que no le interesan los cuestionamientos que realizan la sociedad y los organismos internacionales, y lo único que le interesa es garantizar su estadía en el poder.
“Es terrible, primero fue la Ley de Secretos Oficiales y ahora esta reforma que atenta contra la libertad de expresión, esto debe alertarnos como sociedad para mirar que podemos hacer antes que sea demasiado tarde y no podamos revertir la dictadura que poco a poco se va instaurando”, expresó Ana Ortega.
Vulnerabilidad
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación afirmó que el artículo les preocupa, porque el mismo genera dudas sobre su constitucionalidad porque vulnera el principio a la libertad de expresión.
“Nos preocupa que esto se haya hecho sin consultar a los todos los sectores, el Estado no debe establecer controles, el artículo es sinónimo de vulnerar la libertad de expresión” afirmó Rodríguez.
A pesar de la poca credibilidad y el desprestigio que tiene el CPH, han reaccionado preocupados en cierta medida por la reforma.
Comunidad Internacional
La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, María Soledad Pazo, expresó su preocupación por la aprobación inesperada del agregado al artículo 335-B de Código Penal que pone en riesgo la libertad de expresión.
La funcionaria afirmó que tal disposición es ilegal y contraria a los Derechos Humanos, por haberse definido como apología de terrorismo la tarea que tienen los medios de comunicación de informar.
La noche del jueves y tras la oposición de varios sectores el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva dijo que van a designar un comité técnico que se encargará de hacer una nueva redacción del artículo 335-B. Afirmó que la reforma no será eliminada, únicamente se modificará.
Camino
Según Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el ERIC, frente a todo el miedo y desesperanza que existe en la población hondureña, nos queda la construcción de ciudadanía, aglutinarnos en un bloque social, ciudadano, cívico hondureño que luche pacíficamente por recuperar el Estado de Derecho que fue secuestrado por un reducido grupo personas.
Violado el derecho al agua
A pesar que existe una orden del Ministerio Público de parar los trabajos de la empresa, ésta sigue destruyendo sin misericordia la cordillera Nombre de Dios en Atlántida denuncia la población. Albertina López vive en Planes de Arena Blanca. Ella afirma que la empresa de Jason Hawit ha dañado el proyecto de agua de la comunidad y que ahora los vecinos se ven obligados a comprar agua embotellada.
“Antes tomábamos agua de tubo y hoy tenemos que conseguir 30 lempiras para comprar un botellón” expresa con indignación Albertina, una mujer que permanece en todas las acciones de protesta que convoca la comunidad. “El agua de la llave es puro lodo”, agrega confirmando que la llegada de la empresa ha cambiado para mal la vida de las comunidades.
“Honduras es firmante de convenios internacionales que reconocen el agua como derecho humano pero el gobierno incumple” manifiesta el investigador Pedro Landa del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric. Pedro señala que las comunidades pueden ampararse en esos tratados y convenios para exigir la salida inmediata de la hidroeléctrica.
Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos porque conocen ejemplos como el de Aguacatales en el departamento de La Paz, donde hace algunos años la diputada Gladys Aurora, vice presidenta del Congreso Nacional, llegó con cientos de promesas de prosperidad a cambio de instalar una represa hidroeléctrica. Al final lo logró, instaló su proyecto, pero las comunidades se quedaron sin río y sin tener acceso al agua.
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