Los días pasan y mientras Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel “Los Cachiros” habla en Estados Unidos, la clase política, policial y empresarial tiembla ante las acusaciones que implican a funcionarios públicos de tener vínculos con el narcotráfico.
En tres semanas, Rivera Maradiaga ha testificado dos veces en una corte de Nueva York como parte del juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En sus declaraciones Maradiaga vinculó al expresidente Lobo, al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, al político nacionalista Miguel Pastor, al diputado del departamento de Colón Oscar Nájera y Fredy Nájera de Olancho, asimismo al actual alcalde de Tocoa Adán Fúnez. Todos por tener relaciones con él en el negocio del narcotráfico.
Los funcionarios salieron a defenderse públicamente; pero sus discursos no superan las pruebas que son presentadas ante la justicia norteamericana. En ese sentido el comisionado de policía en condición de retiro Aldo Oliva aseguró que el involucramiento de funcionarios y políticos en narcotráfico es un secreto a voces que se conoce en las distintas regiones del país, pero que la institucionalidad se hace de oídos sordos y a la gente le da miedo denunciar por miedo a perder sus vidas.
Sobre las acusaciones contra políticos y policías, Oliva dijo que dentro de la Policía hay agentes vinculados al narcotráfico y que los políticos están enterados y embarrados en ese procedimiento ilegal.
Como parte del juicio contra Fabio Lobo, el gobierno de Estados Unidos acusó a otro elemento de la Policía Preventiva hondureña, bajo el argumento de conspirar por enviar droga a ese país. El acusado es Carlos Alberto Valladares Zúniga, exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
De la misma forma el general Julián Pacheco Tinoco, quien funge como Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, fue acusado por Rivera Maradiaga de tener vínculos con el narcotráfico. Pacheco Tinoco fue asesor de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, por tal razón Maradiaga afirmó que él colaboró con la organización para garantizar el traslado de la droga por el corredor del atlántico que recorre desde el departamento de Colón hasta el occidente del país en la zona fronteriza con Guatemala.
“En un país serio donde la institucionalidad verdaderamente funcione, el ministro de Seguridad tuvo que haber renunciado ante las acusaciones para ponerse a la orden de los organismos de investigación y si él no renuncia como mínimo el gobierno tuvo que destituirlo”, manifestó el analista Ramón Barrios al referirse sobre las acusaciones contra Pacheco Tinoco.
Barrios es del criterio que no se puede tener confianza en políticos o funcionarios acusados de tener vínculos en actividades irregulares, por eso la ciudadanía, las organizaciones populares deben exigir la renuncia inmediata de los acusados o la acción del gobierno para que los destituya y los ponga a la disposición de los organismos investigativos.
“Desde la Comisión de Depuración de la Policía, no podemos pronunciarnos sobre especulaciones; es decir, hasta que no haya pruebas contundentes contra los acusados no podemos decir si son responsables o no”, dijo Alberto Solórzano integrante de la Comisión que dirige el proceso de depuración policial en Honduras.
Esta comisión ha sostenido una postura timorata ante los acontecimientos que involucran a funcionarios del gobierno de estar ligados al narcotráfico, afirmaron que todo se trata de especulaciones, y que no pueden fijar una postura por el momento.
El analista Ramón Barrios, critica esa postura. “Tener una postura de ese tipo muestra incoherencia y servilismo, las pruebas que se emiten desde Estados Unidos son concretas y como mínimo una organizaciones que se supone seria debería demandar la renuncia de estos funcionarios por el simple hecho de transparencia”.
Mientras tanto la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos lamentó que los organismos de investigación no hayan actuado desde antes contra los ahora acusados, dudó que los organismos correspondientes no conocieran desde hace mucho las vinculaciones de políticos y policías en el narcotráfico, por lo tanto hizo un llamado urgente a fortalecer la institucionalidad para combatir la impunidad.
Por el momento, el Ministerio Público anunció el comienzo de las investigaciones ilustradas en las declaraciones de Rivera Maradiaga en Estados Unidos, pero hasta el momento ni el expresidente Lobo, ni el ministro de Seguridad Julián Pacheco, ni los diputados acusados han sido llamados a comparecer ante los organismos competentes.
Mientras la justicia norteamericana amenaza a los acusados, la institucionalidad hondureña los protege y es que a pesar de las denuncias en su contra, los funcionarios continúan en sus cargos como si no sucediera nada.
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