Por Daniel Gutman *
¿Es posible invertir 5.200 millones de dólares para revertir la contaminación de un río de apenas 64 kilómetros de extensión y prácticamente no obtener resultados? Argentina está demostrando que sí.
A orillas del Riachuelo, que bordea la ciudad de Buenos Aires por el sur, viven miles de familias pobres, en emergencia ambiental y sanitaria. La Corte Suprema de Justicia de Argentina ordenó al gobierno en 2008 que las traslade, pero solo se han construido 3.147 viviendas de las 17.771 prometidas. Crédito: Cortesía de la FARN
Esa cifra es la que, según reconoció el gobierno a fines de 2016 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Estado ha destinado desde julio de 2008 a la recuperación del Riachuelo, el río que bordea la ciudad de Buenos Aires por el sur y que ha sido señalado como uno de los peores ejemplos de contaminación industrial en América Latina y en el mundo.
Sin embargo, la situación sigue siendo en esencia la misma que desde mediados del Siglo XIX, cuando las crónicas ya describían el estado de putrefacción de este curso de agua. Hoy se estima que unas ocho millones de personas viven en la cuenca, en grave emergencia sanitaria y ambiental.
“Es cierto que la gestión de la Acumar nunca fue buena. Pero este último año ha sido el más desastroso de todos. Tanto fue así que su presidente ni siquiera se presentó a la audiencia ante la Corte Suprema”: Andrés Napoli.
“El Riachuelo sigue cumpliendo la misma función de desagote de las actividades económicas y humanas de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano, como en los últimos 200 años”, se lee en un informe de más de 200 páginas al que tuvo acceso a IPS y que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo oficial encargado de su limpieza, presentó a la Corte Suprema el 30 de noviembre.
“No solo está altamente contaminado, sino que se lo sigue contaminando”, agrega el documento, que precisa que actualmente se están arrojando a las aguas unas 90.000 toneladas anuales de metales pesados y otras sustancias perjudiciales.
Con el nombre de Matanza, el río nace en la provincia de Buenos Aires, recorre 14 municipios y luego marca el límite sur de la capital argentina, ya con la denominación Riachuelo, hasta su desembocadura en el Río de La Plata, muy cerca del famoso estadio de fútbol de Boca Juniors.
Sus orillas comenzaron en la época de la colonia española a recibir saladeros en los que se procesaba carne de mulas u ovejas y curtiembres donde se trabajaba con la piel de vacas. Lanzar los deshechos al río se convirtió en una práctica habitual que lo transformó en una verdadera cloaca a cielo abierto y continuó con industrias más modernas, como plantas petroquímicas y frigoríficos.
En las últimas décadas abundaron las promesas oficiales de limpiar el Riachuelo. La que los argentinos quizás más recuerden es la de María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), quien anunció que lo haría en solo 1.000 días. Entusiasmado, el propio Menem dijo que, una vez terminada la tarea, él nadaría en el Riachuelo.
Finalmente, el río siguió siendo un foco de enfermedades para la población, Menem se abstuvo de nadar para cuidar su salud y Alsogaray terminó presa por hechos de corrupción.
Parecía que esta historia podía comenzar a cambiar en julio de 2008. O eso creyó la comunidad ambientalista argentina, que en ese momento calificó de manera unánime como “histórica” la sentencia de la Corte Suprema que ordenó entonces a las autoridades nacionales, provinciales y de la capital que limpiaran el Riachuelo.
La resolución se basó en un artículo incorporado a la Constitución Nacional en 1994, que garantiza a todos los habitantes del país a vivir “en un ambiente sano”.
Sin embargo, los escasos avances que se hicieron en estos años quedaron crudamente expuestos en la audiencia realizada el 30 de noviembre ante la Corte Suprema.
Ese día no ocultó su disgusto el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien es un especialista en ecología y el año pasado fue distinguido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como embajador de Buena Voluntad para la Justicia Ambiental.
Durante esa audiencia, la directora operativa de la Acumar, Gabriela Seijo, dijo que, por ejemplo, hasta ahora se han construido solo 3.147 de las 17.771 viviendas que se habían planeado para trasladar a las familias que viven con mayor exposición a la contaminación. “Si seguimos al mismo ritmo, vamos a terminar en 2036”, afirmó.
Ante este escenario, el ministro de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman intentó volcar las responsabilidades sobre los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), que era presidente cuando se creó la Acumar, y su viuda y sucesora, Cristina Fernández (2007-2015), la mandataria cuando la Corte emitió su sentencia.
“El estado que encontramos fue desolador. No solamente porque el Riachuelo estaba degradado y contaminado igual o peor que en la época de la sentencia, sino que también la herramienta para sanearlo, la Acumar, no estaba en condiciones de poder cumplir la orden judicial”, dijo Bergman a la Corte.
Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre de 2015, y el propio Bergman ya cumplieron el primer año de gestión y no lograron avanzar en los objetivos de la Acumar, un organismo que tiene 900 empleados, muchos de ellos incorporados durante 2016.
Según se informó, ha realizado 34.759 inspecciones a industrias y ha realizado 57 clausuras, pero todas ellas han sido de escasa duración y no han tenido un impacto ambiental relevante.
Según datos de la Acumar, actualmente viven en la cuenca seis millones de personas, al menos 10 por ciento en unos 60 asentamientos precarios.
“Es cierto que la gestión de la Acumar nunca fue buena. Pero este último año ha sido el más desastroso de todos. Tanto fue así que su presidente ni siquiera se presentó a la audiencia ante la Corte Suprema”, dijo a IPS el abogado Andrés Napoli, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cinco organizaciones no gubernamentales designadas por la Corte Suprema para controlar el cumplimiento de la sentencia.
Efectivamente, Torti no concurrió a la audiencia de noviembre y, pocos días después de la desafortunada presentación de otros funcionarios del organismo, presentó su renuncia.
El presidente Macri nombró en su reemplazo a la hasta entonces diputada Gladys González, de la gobernante coalición de centroderecha Cambiemos, a quien no se le conocen antecedentes en materia ambiental.
Napoli detalló que, luego de la audiencia, presentó a la Acumar un pedido de informes para que explique en qué se gastaron los 5.200 millones de dólares y anunció que, si la respuesta no es satisfactoria, introducirá una denuncia penal para que se investiguen posibles hechos de corrupción.
“Apenas se han limpiado un poco las márgenes del río y se han retirado mucho de los barcos que estaban hundidos desde hace décadas”, afirmó a IPS el diplomático Raúl Estrada Oyuela, miembro de la Asociación de La Boca, el emblemático barrio de Buenos Aires donde el Riachuelo confluye con el Río de La Plata.
“Pero no hay voluntad de atacar el problema central, que es la contaminación del agua, el suelo y el aire, porque eso implicaría tocar los intereses de las industrias, que por supuesto se verían obligadas a hacer inversiones importantes si se las forzara a reconvertirse a un sistema de producción limpia”, dijo Estrada, con prestigio internacional en temas ambientales y quien fue el presidente del comité que en 1997 dio vida al Protocolo de Kioto sobre cambio climático.
* Editado por Estrella Gutiérrez
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