El día de las elecciones primarias 2017 ha pasado, sin embargo comienza una historia que se creía solo era contada desde los institutos políticos que integraban el bipartidismo tradicional. Ahora las denuncias de fraude electoral surgen desde el seno del opositor partido Libertad y Refundación (LibRe).
Un ejemplo de ello es la impugnación de las elecciones en el nivel de corporación municipal del Distrito Central, que fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el aspirante a alcalde Wilfredo Méndez, integrante del Movimiento Avancemos.
“He acudido para impugnar el resultado que da como ganador al compañero Jorge Aldana. En 46 mesas electorales receptoras le dan un gane absoluto, mientras que en 890 ganó con 50 por ciento, eso significa que se adjudicaron 300 ó 400 votos y a otros compañeros 10 ó cero como mi persona”, argumentaba Méndez ante los medios de comunicación la tarde del miércoles 15 de marzo, tres días después de finalizadas las elecciones primarias.
Frente a esa realidad, vuelven a la mesa de discusión la necesidad de reformar el sistema o mecanismo electoral vigente.
Arístides Mejía, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, analiza que las denuncias de fraude surgen alrededor de un sistema sin credibilidad que urge de nuevas reglas electorales.
“Lo primero es tratar de hacer un órgano técnico como en Costa Rica o Panamá, es decir sin representantes de partidos. Hay que buscar un mecanismo de tecnificar el voto con el que se evitarían mucho”, propone el ex titular del Tribunal Electoral e integrante del partido LibRe.
Agrega que el Congreso Nacional debe legislar y aprobar reformas que establezcan que las mesas electorales receptoras estén integradas por la ciudadanía y no por militantes de los institutos políticos.
“Se les puede dar un pequeño estipendio, como en otros países, y que los partidos sean fiscales”, detalla Mejía.
El proceso electoral primario, de los partidos Liberal, Nacional y LibRe, le costó al Estado hondureño mil millones de lempiras. En ese sentido, el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), David Reyes, considera que las reformas electorales deben estar dirigidas a elegir los cargos de elección popular a través de asambleas de partido.
“Los partidos políticos deben dilucidar sus candidaturas a través de elecciones internas en las sedes o través de asambleas, hacia ahorramos un gasto innecesario”.
Reyes critica la no implementación de la Ley de Política Limpia durante el proceso primario de elecciones: “vemos que se incumple, vemos un completo abuso y una burla al pueblo hondureño en la que el partido de gobierno aprovecha los recursos del Estado para hacer campañas políticas multimillonarias”.
El parlamentario indica que dentro del paquete de reformas electorales habría que proponer la segunda vuelta, “es una reforma integral a este proceso para poder tener confianza”, dijo Reyes.
Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, asegura que las propuestas discutidas con los líderes de los partidos políticos no contribuyen al fortalecimiento de los procesos electorales.
“Los diálogos que hemos tenido no han sido fructíferos, porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa no contribuyen en nada a fortalecer el proceso no las considero viables, solo por decirle una, cómo podemos ir a un proceso sin candidatos a diputados sino que los partidos políticos los escojan a posteriori, eso significarían reformas constitucionales que ya no da el tiempo”, dijo oliva entre risas, mientras celebraba el Día del Padre a los empleados del Poder Legislativo.
El último sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC-, mostró que cerca de tres cuartos de la población hondureña, es decir el 73.1 por ciento, desconfía de la transparencia con que se llevan a cabo los procesos electorales en Honduras.
Ministerio Público investiga nueve denuncias de supuestos delitos electorales
De acuerdo a información de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, durante los comicios primarios el Ministerio Público (MP) recibió nueve denuncias de posibles infracciones a lo estipulado en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Lorena Cálix, portavoz del MP, detalla que la Fiscalía ha iniciado la investigación de las supuestas infracciones, cometidas en su mayoría en la zona norte del país: “estás denuncias están relacionadas con coacción, con fraude y con violación de deberes de los funcionarios”.
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas señala como delito electoral la alteración del número de papeletas y de votos en relación con el Acta de Cierre de la Mesa Electoral Receptora.
Carlos Chajtur, abogado y candidato a diputado suplente por el Partido Libertad y Refundación, sin puntualizar nombres, indica que un grupo de pre candidatos está documentando irregularidades en la emisión de actas para presentar la solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral.
“Hemos tenido una media de votación de 60 a 70 personas por urna, y hay urnas en las que aparecen 400, 500 y 600 votos a favor de un candidato lo que vendría a alterar la regularidad del proceso, en ese sentido nos hemos estado documentando y posteriormente vamos a proceder de conformidad a las instrucciones”, detalló Chajtur.
Pese a que desde el año 2004 se establecieron los delitos electorales en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas hay pocos o nulos precedentes, apunta el ex fiscal del Ministerio Público, Aldo Santos: “ probablemente no habían suficientes elementos para considerar que estábamos frente a un delito, esto no implica que el Ministerio Público debe investigar las nuevas denuncias”.
Santos explica que las penas por la comisión de delitos electorales, entre ellos falsificación de documentos, “van de tres a diez años de reclusión de conformidad al artículo 284 del Código Penal, y amenaza electoral es de uno a cuatros de reclusión más las multas por salario que impone el órgano electoral”.
La Comisión Electoral del Partido Libertad y Refundación, en un comunicado de prensa, aseguró que acompañará a los pre candidatos a presenta las denuncias de irregularidades documentadas ante el Tribunal Supremo Electoral.
El Código Penal estable como un delito las denuncias falsas, las que sancionan con tres a seis de reclusión.
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