Lenta, cansada y con un embarazo de cinco meses, iba Rosalina caminando bajo el inclemente sol de Tegucigalpa. Rosalina no está acostumbrada a caminar en el pavimento en una ciudad que cada vez se ve más muerta, o más industrializada. Esta mujer lenca de Río Blanco, Intibucá, decidida, se fue con una de sus hijas, esperando el onceavo hijo, porque quería ir a gritar que DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) mató a Berta Cáceres, y que, a un año de ese crimen, debe pagar.
La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad.
Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras.
Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas.
Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.
El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad.
El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.
“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal.
La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución.
“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina.
Un crimen que sigue en la opacidad
En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales.
“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado.
Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.
Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.
Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.
Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado.
Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó.
“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar.
Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”.
Presión internacional
Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia.
El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas. Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.
El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica. Muchas organizaciones y personas no pudieron llegar a La Esperanza, pero mostraron su solidaridad realizando plantones en las embajadas hondureñas en sus países.
Lea comunicado de Amigos de la Tierra internacional AQUÍ
Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.
Berta fue sembrada, no asesinada
El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo.
Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!
“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos.
Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas.
Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe.
Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.
“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.
Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual.
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