Por Javier Suazo
Miguel Briceño y Pedro Amador, candidatos a diputados.
Fotos: Tiempo y Miriam Enmanuelsson
El único objetivo creíble de la mayor parte de los políticos hondureños en el poder es robar,
no servir al elector.
Jesús Muñoz Tabora (Chungo)
Los datos de las elecciones primarias de marzo de 2017 muestran que el Partido Nacional ha obtenido más de 1.1 millón de votos válidos, contra 480,000 obtenidos por el Partido Liberal y 394,000 por el Partido LibRe. Según estas cifras, la suma de los votos de los Partidos Liberal y LibRe no ajusta para igualar o superar a los del partido de gobierno. La esperanza está puesta en una Gran Alianza Opositora para derrotar al presidente Hernández donde participa también el Partido Anticorrupción (PAC) que lidera Salvador Nasralla; la alianza ya camina entre los líderes de LibRe-PAC y PINU-SD, pero no se descarta al Partido Liberal con Luis Zelaya a la cabeza.
Sin embargo, estas elecciones primarias mostraron una institucionalidad y dirigencia política corrupta. Ya no se trata solo de los partidos políticos tradicionales, sino también de las llamadas fuerzas progresistas que aspiran a ser una alternativa democrática. Igual, de instituciones como el Tribunal Nacional de Elecciones y Registro de las Personas, ya que participan instituciones de gobierno y organizaciones de sociedad civil en el fraude electoral. Las primeras a través de la asignación de recursos del presupuesto público a la campaña política del candidato oficial, y las segundas acompañando dirigentes en las planillas de cargos a diputados y alcaldes.
Cuáles son los factores causales que explican este creciente deterioro, es la interrogante que brota en la sociedad hondureña, principalmente en aquellos actores como industriales, obreros, maestros, indígenas, académicos, iglesia católica, entre otros.
El primero es el deterioro y pérdida de valores éticos y morales de los dirigentes políticos, que se traduce en la búsqueda de un espacio de poder público para servirse y no para servir. Los dirigentes, con raras excepciones, aspiran a convertirse en diputados como una manera de cambiar sus estatus social y económico; o sea, poder acceder a recursos del Estado y de otras fuentes (narcotráfico) para enriquecerse él, familiares y amigos, a través de la venta de influencias, sobornos, y autorización de tránsito de drogas y proyectos que cercenan el territorio nacional y contaminan las fuentes de agua, y uso indebido de dichos recursos.
La pérdida de valores éticos y morales no discrimina entre los dirigentes y aspirantes a cargos de elección popular; igual se aplica al profesional universitario, empresario (grande, pequeño), líder sindical, campesino, futbolista, policía retirado, etc. En Honduras, uno de los requisitos para participar en político es no ser honrado, y estar dispuesto a violar la ley cuantas veces sea necesario ya que en más de 90% de los casos por corrupción no se condena a los infractores, y otros son condenados a pagar penas leves. La sociedad hondureña espera que esto empiece a cambiar con la llegada de la MACCIH, en especial cuando se trata de casos de corrupción que involucra a dirigentes de los partidos políticos, diputados y alcaldes; todavía esta espera continua.
Lo segundo tiene relación con la institucionalidad politica. Los partidos se han democratizado menos, y muestran prácticas autoritarias poco trasparentes. El Caudillismo es una de ellas, igual el control por grupos de poder mediáticos. Las diputaciones y alcaldías cuestan más, y en aquellos casos donde se paga menos, se exige un amplio respaldo de votos y espacio publicitario (imagen); ello sucede cuando se insertan en las planillas a futbolistas y periodistas, tal como sucede en el Partido Nacional.
Las instituciones electoreras están copadas por las dirigencias de los partidos políticos, resistiendo reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que permitan una mayor autonomía, independencia, modernización y transparencia de las mismas. Hay resistencia al voto electrónico, el conteo público y tráfico de credenciales usando partidos de maletín o chatarra. Igual, control de traslados y disposiciones sobre votaciones por encima del techo establecido en cada mesa electoral.
Un tercer factor el control de los medios de transporte para movilizar a los votantes, donde la ventaja siempre la tiene el partido en el poder. Este control promueve el abstencionismo “opositor” y posibilita el traslado rápido de votos entre municipios, departamentos e incluso regiones.
Destacan las alianzas entre dirigentes de los partidos, que permite de antemano saber a lo interno de las cúpulas quienes serán los más votados ya que se inflan las urnas para la planilla (s) convenida. Esto se da incluso entre el partido oficialista y los partidos de oposición, que se oponen a dichas prácticas. Varios candidatos a diputados del partido LibRe, incluyendo a Miguel Briceño del movimiento “Indignados” denunciaron esta práctica, atribuida a dirigentes de ciertos movimientos internos para favorecer a sus parciales. Incluso dirigentes como Pedro Joaquín Amador, fundador del partido, candidato a diputado por la corriente 5 de Julio, se tomó la sede del partido LibRe y mostró la evidencia del inflamiento de las urnas en su contra, lo cual lo deja prácticamente fuera de la contienda, por lo que exige un nuevo contento de votos.
Finalmente, es evidente el creciente involucramiento de las FFAA en el proceso. Su función principal es trasladar y custodiar las urnas, pero las denuncias del interior del país refieren al involucramiento en el llenado con papeletas previamente elaboradas a favor del partido de gobierno. Estas denuncias deber ser investigadas, ya que en las elecciones generales puede generar un conflicto mayor y orillar al país a una guerra interna que profundice la ingobernabilidad, elimine cualquier vínculo de comunicación entre los partidos, posibilite un mayor protagonismo de los militares y ayude a consolidar un gobierno autoritario. Según expertos en el tema, el mayor control que ejerce el presidente de la República sobre la institución armada, es el factor explicativo de este mayor involucramiento de los militares en los procesos políticos.
A lo interno de los partidos políticos, debe transparentarse el proceso de votación, ya que la pérdida de confianza y credibilidad les puede pasar factura en las elecciones de noviembre. En el partido liberal, al parecer, hay un compromiso entre los líderes de los movimientos mayoritarios que las diferencias que existan por irregularidades serán subsanadas, y se asignaran los votos a los diputados y alcaldes favorecidos, pero también hay que denunciar la práctica de compra de votos para diputados, especialmente en la zona sur del país.
En el caso del Partido LibRe, debe procederse a recepcionar las denuncias de fraude y exigir al Tribunal Electoral un nuevo conteo en aquellos departamentos como Francisco Morazán donde, según los afectados, la evidencia es abrumadora. En caso del Movimiento 5 de Julio se exige la impugnación del proceso, que implica un nuevo conteo de votos, lo que es poco probable ya que pondría en evidencia no solo las falencias del proceso, sino también prácticas antidemocráticas de dirigentes políticos que promueven incluso en la población el Socialismo Democrático como alternativa al modelo Neoliberal actual.
De cara al proceso electoral de noviembre próximo, los partidos de oposición en conjunto con organizaciones de sociedad civil, academia, gremios, grupos de interés, agencias y organismos de cooperación, deben analizar y evaluar los posibles impactos negativos de estos procesos viciados. Un primer compromiso debe ser la aprobación de una nueva ley electoral y de organizaciones políticas sobre la base del consenso, acompañado de nuevas reglas (coyuntura) claras para las votaciones, incluyendo lo relacionado con el traslado y retorno de las urnas, bajo control y supervisión de custodios independientes y de consenso, no de los militares, igual definir las competencias de los delegados y supervisores electorales.
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