Por Marvin Palacios
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) presidida por el Juez Roberto F Caldas, abrió la Audiencia el jueves 23 de marzo a la hora prevista (9:00 am), para escuchar las declaraciones de dos presuntas víctimas y de dos peritos, propuestos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras ( COFADEH) en su calidad de peticionario, en el caso conocido como Pacheco León y otros Versus República de Honduras.
El caso está relacionado con el asesinato de Ángel Pacheco León ocurrido el 23 de noviembre de 2001, horas antes de que ganara una diputación por el partido Nacional en el proceso de elecciones generales que llevarían a la presidencia a Ricardo Maduro Joest, muy cuestionado en aquel momento por el tema de su nacionalidad.
Los jueces de la Corte IDH, escucharon con mucha atención el contexto político que envolvió el crimen del joven líder nacionalista Angel Pacheco León, que al parecer no encajaba con las viejas estructuras de su propio partido, en el departamento de Valle, acostumbradas a manipular y controlar las planillas de diputados y diputadas para manejarlas a su antojo.
El contexto expuesto por el abogado y analista político, Rodil Rivera Rodil confirmó a la Corte IDH, que en Honduras los procesos eleccionarios pueden ser de gran conflictividad, violencia y muerte.
Como lo dijo Jimmy Pacheco al contestar al juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor de México sobre el motivo por el cual mataron a su padre: “Por cuestión del poder político en Valle. Las personas que lo asesinaron estaban en el poder en ese departamento. Mi padre quería cambiar la forma de administrar los recursos del pueblo”.
Es así que con las valoraciones que fueron expuestas en la Audiencia, se fue construyendo lo que el experto colombiano Alejandro Ramelli llamó, el “asesinato selectivo” , que puede ocurrir cuando un defensor de la tierra afecta intereses de un gran terrateniente, o cuando una defensora de derechos humanos articula un movimiento en defensa de los recursos naturales y echa a perder inversiones millonarias de grupos empresariales coludidos con la clase política; o cuando un joven político amenaza los siniestros intereses de la élite de un partido.
Ramelli cree que ésta tesis aplica al caso Pacheco y destaca ante la Corte IDH, que el patrón que se presentó se divide en hostigamientos – amenazas – muerte, y que dicho patrón se ejecuta mediante una estructura criminal que opera bajo la sombra de agentes de seguridad de un estado.
La noche que asesinaron a Angel Pacheco, una patrulla policial fue vista cerca de la escena y hay agentes involucrados que no fueron debidamente investigados y el Estado desvió la atención y gastó recursos y tiempo, siguiendo una línea de investigación contra 3 personas que al final no estaban conectadas directamente con el hecho.
“Se sabía que iba a pasar, lo trataron de convencer (refiriéndose a Angel Pacheco), le advirtieron, luego vinieron los hostigamientos y al final, el homicidio”, refirió Ramelli.
Al tiempo que sentenció: “El móvil clarísimo de este caso es político, es un crimen selectivo”, sostuvo el experto.
Con todo lo expuesto en la Audiencia, y los débiles argumentos esgrimidos por la defensa del estado, representada por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jacobo Cálix y el Sub Procurador General de la República, Ricardo Lara Watson, Honduras está a las puertas de ser condenada nuevamente por violar derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El estado fue incapaz de investigar y prevenir el asesinato de Angel Pacheco. El estado no fué garante de proteger el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano. El estado no proporcionó un proceso judicial rápido, idóneo y sencillo para brindar justicia a los familiares de la víctima, ni tampoco ha asegurado la integridad física y emocional de los parientes de Angel Pacheco León.
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