Por Ana Ortega
En otro artículo me referí a la política como espectáculo, forma de hacer política que Giovanni Sartori denomina video política, se trata de la política en “imágenes”, fundamentada en la exhibición de personas, el autor enfatiza que es “una política dirigida y reducida a episodios emocionales , decapitando o marginando a las cabezas que hablan, razonan y discuten problemas, eso porque la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de imágenes candentes que agitan nuestras emociones y sentidos”, efectivamente, a juzgar por lo que vimos en las recién pasadas elecciones, el acto votar pareciera cada vez más alejado de la racionalidad más elemental.
En esta segunda parte, abordaré de manera breve y sin pretensión de exhaustividad, el momento de inflexión en que según el enfoque de la política como sistema, desaparece la distinción legal/no legal y la política converge con la criminalidad. En su libro, “La política de la sociedad”, Luhman lo plantea:
Muchas y frecuentemente indispensables prestaciones sociales adoptan la forma de joint ventures entre política y criminalidad. Una vez que se han rebasado valores límite, la ilegalidad se convierte en un recurso generalizable, aplicable para muchos fines —aprovechando, precisamente, que su empleo no ha de ser conocido—.[…].El éxito de la mafia, pero también de muchas otras conductas desviantes, puede explicarse en virtud de que trabajar de forma efectiva es algo que sólo puede ser motivado en el medio de la ilegalidad” (Luhman, 2009: 344).
Antes de llegar a ese momento de inflexión, vale la pena resaltar los graves vacíos de institucionalidad del Estado hondureño; al punto que ni siquiera llegamos a consolidar una burocracia, en el sentido que plantea Weber. Basta un breve análisis de nuestra historia y cultura política para comprobar que nos quedamos en un Estado y una cultura política patrimonialista, que explica, la conducta del funcionario que no distingue entre los bienes públicos y los de su propiedad y maneja los primeros como si fueran de su propio patrimonio.
Sin embargo, no pasa nada, la ciudadanía lo reelige a pesar que esta práctica es el correlato de la impunidad y de la corrupción que nos empobrece. Es evidente que los bienes públicos se utilizan para sostener la adhesión de las y los votantes, sin que haya ninguna consecuencia, más que la cierta posibilidad de reproducir y mantenerse en el poder.
Pero los bienes públicos no son suficientes para mantener las redes clientelares y los niveles de vida de las y los políticos, la fastuosidad y el derroche de que hacen gala ha pasado a ser una especie de atributo de la clase política, para mantenerlo y detentar poder, pareciera que todo vale. Más aún, si tienen la certeza que provee la impunidad que paso a paso han ido tejiendo a su alrededor. Se sabe que en el núcleo duro del poder, en su constitución ontológica, persiste la tendencia a la opacidad, la secretividad, la concentración y la perpetuación, de allí la necesidad del control, de los llamados balances y contrapesos que provee la institucionalidad, si esta no existe, producto de la captura del Estado. ¿Qué podría impedir o limitar el vínculo entre política y criminalidad?
Volviendo al análisis de la política como sistema, vele recalcar que la expansión técnica de la política siempre ha dependido del medio de comunicación de sistema económico; “el dinero”, el problema radica en la des diferenciación del sistema político por el dinero, lo cual impide a la política dar cuenta de su entorno, todas sus operaciones giran alrededor del sistema económico y su medio de comunicación; el dinero.
La influencia del dinero en la elección de cargos de dirección y de elección popular en los partidos políticos, los gastos cada vez más elevados en las campañas políticas, la compra de votos, la circulación de dinero en los congresos (en forma de subsidios u otras prebendas al interior del congreso y de sobornos a los diputados desde fuera del congreso) y en general la supremacía del dinero en espacios de toma de decisión política, es aceptada como dinámica regular del sistema político, y aun si se comprobara no anula la “legalidad” de las operaciones políticas sobre las que el dinero incide e incluso llega a determinar.
En la actual sociedad de consumo el dinero tiene mayores posibilidades de condicionamiento o motivación, en tanto se erige como medida de éxito. Luhman afirma que Derecho y Dinero ofrecen motivos externos para ajustar el propio comportamiento a determinadas condiciones, lo cual explica por qué el poder político depende materialmente de estos para lograr sus fines. Si la frontera entre lo legal/no legal, desaparece porque el sistema jurídico ha sido también intervenido, ya sea por el sistema político o por el económico, entonces, el origen o reproducción del dinero se torna irrelevante, tanto si es legal o ilegal. Una vez que se realiza la transacción o cualquier otra forma de comunicación mediada por la diferencia pagar/no pagar se derivan otras comunicaciones, con independencia del origen. En el lenguaje de lo cotidiano se podría afirmar que no solo se “lava el dinero”, sino también lo que con este se hace. En nuestra sociedad, agrega Luhmann, el dinero ha tomado la forma de una construcción del mundo.
Si el dinero se erige como medio generalizable más allá del sistema económico, deja de sorprender cuando se introduce como medio de comunicación de otros sistemas, especialmente del sistema político y; ciertamente sin restricciones, dado el carácter de “amoralidad” del medio. En ese contexto, la narco actividad se convirtió en un importante motor de acumulación que rebasó los límites del sistema económico y por la relación de dependencia del sistema político, era de esperar su extensión a la política, configurando así la llamada “Narco política”, a principios del siglo XXI se advertía:
La necesidad no sólo de mantener aparatos partidarios en funcionamiento permanente sino, además, la de llevar a cabo campañas electorales crecientemente costosas, ha colocado a los partidos frente al problema de tener que recaudar grandes sumas, sin indagar muchas veces el origen de esos dineros o, incluso, cerrando los ojos ante lo obvio de los hechos. Se ha ido abriendo así, paulatinamente, la puerta al financiamiento ilegal, al predominio cada vez mayor de fuertes grupos económicos, al tráfico de influencias y al flagelo del narco-financiamiento (Zovatto, 2004: 5).
En el caso hondureño a juzgar por lo que se está develando en Estados Unidos, lo cual tampoco es casualidad, dados los altos niveles de impunidad prevalecientes en el país, la vox populi hablaba del narco financiamiento a la política, no solo a actividades de campaña sino a otras dimensiones o esferas de la política, desde hace muchos años, al parecer solo las instituciones del Estado encargadas de vigilar y hacer cumplir la legalidad, específicamente los operadores de justicia “desconocían el hecho”.
Con relación al papel del ciudadano, reducido a su mínima expresión de votante cada cuatro años y presa de las redes clientelares, tampoco es mucho lo que se puede esperar, como bien se afirmaba hace casi dos siglos, en 1878, cuando el principio de “representación” apenas comenzaba su larga historia de “suplantación”. La coincidencia con la coyuntura actual no es casualidad, al contrario, ha sido una constante, inevitable oxímoron de la “democracia-representativa”:
Las instituciones representativas tienen poco valor y pueden ser simples instrumentos de tiranía o de intriga, cuando la masa de los electores no se interesa lo bastante en el gobierno, o cuando la mayor parte de los electores, en vez de votar según los motivos del bien público, venden su sufragio lo dan ha instigación de alguna persona influyente, cuyas simpatías tratan de captarse por razones de conveniencia. La elección popular practicada en esta forma, en vez de garantía contra un mal gobierno, es solamente una rueda más en su mecanismo (Stuart Mill, 2001: 17).
Bibliografía:
Luhmann, Niklas. (2009). La política como sistema, lecciones publicadas por Javier Torres Nafarrete, México D.F. Universidad Iberoamericana.
Stuart Mill, John. (2001). Consideraciones sobre el gobierno representativo, Madrid, España, Alianza editorial.
Zovatto, Daniel (2004). Dinero y política en América Latina: Una visión comparada. San José, Costa Rica, Cuadernos de Ciencias Sociales # 130, FLACSO.
* Ana Ortega: Politóloga. Presidenta de la Junta Directiva del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
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