Por Carlos Iaquinandi Castro
A un año del crimen, las calles de Tegucigalpa volvieron a recoger el reclamo popular de justicia en el todavía impune asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres. Ni las movilizaciones de los hondureños, ni las recomendaciones de las Naciones Unidas, ni el pedido de El Vaticano consiguieron esclarecer y por tanto condenar a quienes fueron los instigadores de ese crimen por encargo. Berta había encabezado la resistencia contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca de la compañía Desarrollos Energéticos (DESA) por el riesgo ambiental que implicaba al rio Gualcarque y las tierras lindantes en Santa Bárbara.
Militares y funcionarios de la empresa como sospechosos
Desde hace meses están detenidos como implicados Douglas Bustillo, militar retirado y ex jefe de seguridad de la compañía DESA, Sergio Rodríguez, gerente de temas sociales de la empresa, Edilson Duarte, otro militar retirado, y Mariano Díaz Chávez, militar en activo e instructor de la Policía. Duarte confesó en su día que actuaba como sicario. En este caso, supuestamente fue contratado por Sergio Rodríguez, gerente de la empresa encargada del proyecto hidroeléctrico.
Gustavo Castro, un ambientalista mexicano que accidentalmente se encontraba en la vivienda de Berta cuando ocurrió el asesinato, fue también baleado y dado por muerto, pero el disparo solo le había rozado. Castro, testigo de lo sucedido expresó “que a medida que se fueron descubriendo los vínculos criminales con el ejército, la investigación se fue opacando.” Pero no dudó en afirmar que “detrás de la muerte de Berta están las elites económicas de Honduras que son las más interesadas en mantener estos proyectos que amenazan a las comunidades indígenas”.
Las organizaciones sociales y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del cual fue fundadora Berta Cáceres, se manifestaron nuevamente por las calles de Tegucigalpa exigiendo justicia. Reclamaban por el encubrimiento gubernamental de las acciones represivas y criminales contra activistas campesinos que se oponen a los proyectos de las grandes transnacionales. Muchos ciudadanos, entre ellos la hija de la ecologista asesinada, creen que el juicio es una “farsa” y que hay tantas irregularidades en el proceso que los detenidos podrían quedar en libertad en cualquier momento.
El golpe militar del 2009 abrió las puertas a las transnacionales
El derrocamiento por un golpe cívico militar del gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009, consolidó el poder de la alianza de las “30 familias” que constituyen la casta económico-financiera que controla las grandes empresas e industrias, el ejército y las transnacionales. Bendecido entonces por la secretaria de estado de Obama, Hillary Clinton, el golpe permitió luego una continuación “seudo democrática”, en el que los políticos ligados con esa alianza de intereses obtuvieron el beneficio de leyes que favorecieron su asentamiento. La intromisión extranjera fue tan evidente que en el 2013 la embajadora norteamericana Lis Kubiske exigió públicamente al gobierno hondureño que actuara contra los que lideraban las ocupaciones de tierras por los campesinos.
Asesinato por encargo
A nadie le quedan dudas que el crimen de Berta fue un asesinato por encargo, y que detrás de la trama está la intención de “aplastar” toda la resistencia indígena y campesina a los planes de las empresas energéticas, mineras o desforestadoras. DESA es una empresa creada después del golpe militar del 2009. La preside un ex militar, y su esposa es la vicepresidenta del Congreso y presidenta del partido en el gobierno. Según las denuncias, la compañía DESA a través de argucias e irregularidades logró hacerse con los títulos de tierras en el área donde quería ejecutar su proyecto hidroeléctrico. Las protestas de los campesinos y los indígenas lencas fueron reprimidos por el ejército y la policía. Pero la COPINH encabezada por Berta no se doblegó y con gran coraje siguió su lucha. En abril del 2015 recibió el Premio Goldman, considerado el “Nobel Verde”, y tuvo reconocimiento internacional por su defensa del medio ambiente. A pesar de las amenazas y de asesinatos contra los activistas, Berta siguió adelante. Se había convertido en una muralla de dignidad y razones que frenaba los intereses de la empresa energética y por extensión cuestionaba también a las mineras o a la expansión del monocultivo de la palma africana. Pero Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra. Y entonces, en algún oscuro despacho, los que se creen dueños naturales de todo, decidieron que la única forma de frenar a Berta era asesinarla.
Los nombres de la trama
Las investigaciones indican que el gerente de la empresa -Sergio Rodríguez - encargó al jefe de seguridad de la compañía el asesinato de Berta. Douglas Bustillo habría recurrido a otro amigo de los cuarteles, el mayor Díaz Chávez para que contratara los sicarios. Edilson Duarte, militar retirado fue quien aceptó el encargo y se confesó ejecutor del crimen. El diario “The Guardian” menciona que especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras, vinculados a fuerzas especiales entrenadas por el ejército norteamericano, colaboraron en la planificación del asesinato. El sicario ejecutor del crimen habría recibido 50 mil lempiras, (2.500 dólares) por apretar el gatillo.
¿Quién o quiénes ordenaron y pagaron el crimen?
Pero toda la investigación sigue en el aire y sin producir resultados concluyentes que permitan esclarecer y condenar a quienes ordenaron el asesinato. A los verdaderos instigadores del crimen. La juez mantiene totalmente al margen a la familia de Berta que denuncia “ocultismo” para evitar que se abra la vía judicial hacia lo que califican de “Crimen de Estado”. Víctor Fernández, abogado defensor de la familia Cáceres ha denunciado presiones y amenazas. Su despacho fue forzado por “ladrones” que robaron su ordenador y documentos. El letrado indica que se llevaron toda la información digital sobre el caso, que todavía se encuentra bajo secreto sumarial. Fernández lamenta que a pesar del enorme impacto del crimen y de las denuncias internas y desde el exterior, en Honduras continúan las agresiones, intimidaciones y crímenes que no se esclarecen.
El asesinato impune de Berta, es parte del control social ejercido por la alianza de intereses políticos-financieros con el ejército y la complicidad y amparo de transnacionales y de gobiernos como el de Estados Unidos. Desde el golpe del 2009, el pueblo hondureño sufre el retroceso en sus derechos y libertades, más las penurias económicas y laborales. Con el agravante de que el sistema se mantiene con el apoyo del ejército, el control de los medios de comunicación, y el silencio o la complicidad de la jerarquía eclesial. Y las amenazas o el asesinato son sus herramientas para mantener ese férreo control social.
En el ámbito internacional, Honduras prácticamente está desaparecida de los medios de comunicación. Lo que sucede en el país, a veces ni siquiera se conoce en el propio territorio nacional, donde la libre información u opinión no existen.
Pero su pueblo, volvió a ocupar las calles con su grito: “Berta no murió, se multiplicó”. Y los pueblos son como el agua. Se les puede retener, pero no se les puede detener. Más temprano que tarde, el pueblo hondureño hará justicia.
Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL)
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