Después de su pronta entrada en vigencia, la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que contiene las reformas penales, termina de sellar la política de militarización en todos los entes de seguridad, estrategia que el gobierno de Juan Orlando Hernández le aposto desde su inicio, aseguran analistas e integrantes de sociedad civil.
El paquete de reformas penales, aprobado en su totalidad el 22 de febrero, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta fue entrado por el presidente Juan Orlando Hernández a la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA).
“Señores y señoras de FUSINA: ustedes me hicieron el planteamiento en su momento sobre la necesidad de estas reformas, dimos la lucha y la batalla, y prevalecimos con nuestro argumento en el Congreso”, dijo Hernández a los cuerpos militares, luego de asegurar que “quienes venían aprovechando los tecnicismos legales y los más insidiosos terminarán su vida en El Pozo”.
Hernández frente a militares y policías aseguró que “ahora los agentes de seguridad del Estado contarán con garantías, las que siempre deberían de existir en favor de los que ponen el pecho en favor del pueblo hondureño a todas horas.
En ese sentido, Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), es del criterio que la acción de Hernández y las nuevas reformas Acción sellan y dejan en claro la remilitarización del Estado y la sociedad.
“Estas reformas penales deben de verse en el contexto de la remilitarización de la sociedad, y en ese sentido de darle todas las facilidades y toda la impunidad a las fuerzas de seguridad del Estado”, apunta Mejía.
Mejía, quien señala que el gobierno internacionalmente queda como excluyente, autoritario y, agrega que las reformas penales reflejan la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, “dispuesto a seguir con esta lógica alrededor de la seguridad, violentando los estándares internacionales”.
De acuerdo a Guillermo López Lone, integrante de la Coalición Contra la Impunidad, frente a las ya vigentes reformas penales, las organizaciones de sociedad civil deberán agotar todas las instancias jurídicas nacionales, entre ellas el recurso de inconstitucionalidad.
López Lone indica que los integrantes de sociedad civil deben “analizar concienzudamente ese paquete de reformas, y determinar en qué se opone a la Constitución, o sea con qué es incompatible de alguna norma constitucional y preparar en el corto Plazo un recurso de inconstitucionalidad”.
Agrega que es muy probable que la Corte Suprema de Justicia dilate la resolución del recurso de Constitucionalidad y resuelva declarándolo sin lugar, sin embargo, “hay que agotar todos los trámites para evidenciar que las autoridades que están violando los derechos humanos emitiendo una legislación que coarta la libertad de expresión y el legítimo derecho de la población a la protesta social”.
Por su parte, Raquel Isaula, directora de la emisora comunitaria del Distrito Central RDS-Radio, es del criterio que ante la nueva legislación, que criminaliza la protesta social y coarta la libertad de expresión, los medios alternativos y comunitarios deberán crear un Frente Amplio.
“Sobre todo nos preocupa a nosotros que manejamos medios virtuales, medios en línea porque ese decreto como que va dirigido a las redes sociales, no estamos exentos, están amplio que se pueden inventar cualquier cosa para decir que estamos cometiendo delito, pero los más importante es que nos organicemos como medios de comunicación alternativos para hacerle frente a eso”, reflexiona y propone Isaula.
Contrario a la propuesta de la directora de RDS-Radio, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, dijo que “los medios y periodistas deben andar con mucho cuidado”.
Las nuevas reformas al Código Penal, en su artículo 335B, establecen peas de cuatro a ocho años de reclusión las personas que incurren en apología del odio e incitación al terrorismo a través de medios de comunicación o difusión.
En el aire está el compromiso del Congreso Nacional, mediante el cual aseguró que nombrará una comisión técnica para revisar el artículo 335B, consideración que hará dicha comisión luego del proceso electoral primario del 12 de marzo.
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