Odebrecht, el imperio de los sobornos

Público

Por Agnese Marra

Atosigada por acusaciones de corrupción y deudas millonarias, la constructora brasileña Odebrecht ha pasado de ser la número uno de América Latina a estar al borde de la bancarrota en solo dos años. En su caída, esta multinacional que se estudiaba como ejemplo de negocio en Brasil y en el mundo se ha llevado por delante a buena parte de la clase política del país y amenaza la estabilidad de una decena de gobiernos latinoamericanos.

Todo comenzó en 2014, el año en el que facturó su cifra récord, 45.751 millones de dólares, y en el que sus negocios se repartían por 27 países de cuatro continentes. Fue en marzo cuando una investigación de la Policía Federal de Curitiba (ciudad al sur de Brasil) descubrió una operación de financiación ilegal de unas gasolineras llamadas Lava Jato. Nadie imaginó que el hilo del dinero llevaría al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil: la operación Lava Jato, una red de sobornos y desvíos millonarios --que alcanzan los 2.300 millones de dólares-- desde la petrolera estatal Petrobras hacia el bolsillo de políticos de más de una veintena de partidos.

Desde 2003 no ha habido una sola obra o concesión vinculada con Petrobras que no estuviera en las manos del cártel formado por las seis mayores constructoras del país (OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Méndes Júnior, Queiroz Galvão y Odebrecht). Entre ellas se repartían las licitaciones de obra pública y sus correspondientes sobornos a través de contratos sobrefacturados y depósitos en paraísos fiscales.

Odebrecht era la niña bonita de Petrobras, la mayor constructora y la que se llevaba más concesiones: “El resto estaba acostumbrado a quedarse con las migajas”, cuenta un ex ejecutivo que trabajó en los últimos años en la cúpula de la empresa y que prefiere no dar su nombre. Los fiscales de la operación Lava Jato se dieron cuenta de que debían centrar sus investigaciones en la familia de apellido alemán y en junio de 2015 el juez Sérgio Moro pidió la prisión preventiva del presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, conocido en el medio como el “príncipe de las constructoras”.

A pesar de tener enfrente a un centenar de ejecutivos detenidos dispuestos a hablar, durante sus primeros meses en prisión “el príncipe” no se achantó ni por un momento. Todos recuerdan la calma y seguridad con las que se presentó en su primera audiencia pública, donde negó todas las acusaciones. Al salir de la sala se despidió de los políticos que habían ido a verle con apretones de mano efusivos como si nada hubiera pasado.

Pero a principios de 2016 el juez Moro se hizo con una serie de pruebas que demostraban que Odebrecht había usado, entre 2006 y 2014, cuentas en Suiza para lavar 250 millones de dólares en propinas que garantizaban contratos con la petrolera. Según el juez Moro, Marcelo Odebrecht era “el artífice del esquema”, y en marzo de 2016 le condenó a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal. En ese momento, el mimado de los políticos, el empresario que daba cursos en Suiza y Estados Unidos, agachó la cabeza y aceptó empezar a hablar, y unirse al grupo de 77 ejecutivos de la constructora que han firmado un acuerdo de delación premiada.

Mientras “el príncipe” hacía lo suyo para reducir su pena e intentar salvar su empresa, en Brasilia, tanto el Congreso como el Ejecutivo, se echaban a temblar. Todos los pesos pesados de la política brasileña estaban en la lista de sobornos y financiaciones ilegales de campaña. Desde el ya expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, hasta el líder del Senado, Renan Calheiros, seis ministros del nuevo gobierno Michel Temer, y también el propio Temer, que ha sido citado 45 veces por diversos ejecutivos de la constructora. Lo mismo sucede con el excandidato presidencial del PSDB, Aécio Neves, y con grandes figuras de los gobiernos petistas, como el extesorero de Dilma Rousseff, Antonio Palocci, o el exministro de la Casa Civil, Jaques Wagner.

“No se habla de política”

Si algo ha dejado claro la operación Lava Jato es que Odebrecht no se habría convertido en la mayor constructora de América Latina sin la ayuda del poder público. Desde que el Partido de los Trabajadores (PT) llegó al gobierno la empresa multiplicó por seis su facturación, pasando de 7.700 millones de dólares en 2003 a 45.751 millones en 2014.

El historiador Pedro Henrique Pedreira Campos en su trabajo La dictadura de las constructoras recuerda cómo la simbiosis entre el poder público y el privado se remonta al periodo militar. El decreto presidencial 64.345 de abril de 1969, firmado por el entonces presidente Artur da Costa e Silva, obligaba a las administraciones públicas a contratar exclusivamente a empresas nacionales.

Fue en esa época cuando la pequeña empresa de Norberto Odebrecht –abuelo de Marcelo--, que se había fundado en Salvador de Bahía en 1944, dejaba de ser una empresa familiar de descendientes de alemanes para convertirse en una de las constructoras más importantes del país. Con el general Ernesto Geisel (presidente entre 1974-1979) como aliado, Norberto consiguió colocar su empresa como una de las principales socias de Petrobras. El dictador después les apoyaría para construir el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, la propia sede de la petrolera estatal también en la capital carioca, y la primera central nuclear de Brasil.

“Una de las mayores habilidades de esta empresa ha sido llevarse bien con los políticos. Todo el mundo sabía que era la favorita de los gobiernos de turno”, cuenta el exdirectivo. Además de cuidar sus amistades con el Ejecutivo y con el Congreso, Odebrecht siempre se preocupó por los empleados que contrataba para mantener el “ambiente familiar” de los viejos tiempos: “En el tiempo en el que trabajé con ellos me llamó mucho la atención que la mayoría de los empleados que ocupaban puestos de alto mando fueran bahianos”, recuerda el exejecutivo que antes lo entendía como una anécdota “pintoresca” y ahora lo asocia con ciertos tintes mafiosos: “Al ser todos del mismo lugar se entablaban relaciones de confianza y de lealtad fundamentales si se quiere mantener en secreto niveles de corrupción como los que se están saliendo a la luz”.

A su vez asegura que durante el tiempo que estuvo en la empresa “nunca” escuchó nada relativo a desvíos de dinero y mucho menos nombres de políticos: “Fue la única empresa brasileña en la que trabajé donde jamás se hablaba de política, parecía que fuera una orden de dentro porque en el resto de empresas es algo muy habitual, pero aquí había un silencio absoluto en relación al tema”.

En 2016 la exfuncionaria de Odebrecht Conceição Andrade decidió romper su silencio y entregó al portal de noticias UOL 400 documentos internos de la constructora que mostraban el esquema de corrupción de los años ochenta, idéntico al de la actualidad: “El sistema de propinas y fraude de licitaciones siempre existió y sucedía en todas las grandes constructoras. En mi época no era tan organizado como ahora que hasta tienen un departamento dedicado a los sobornos, pero el fondo era el mismo”, le contaba Andrade a los periodistas de UOL.

El profesor de Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha señala que la operación Lava Jato “ha permitido concretar la promiscua relación entre el oligopolio de la construcción y el Estado” y ha demostrado cómo “los grandes agentes económicos tienen un poder que supera de lejos a cualquier representación colectiva. Vemos la relevancia que tiene el aparato del Estado como factor clave de acumulación de poder y de capital en Brasil”, explica el politólogo.

La conquista latinoamericana

En los años ochenta, con la inflación de tres dígitos instalada en Brasil, la constructora de origen alemán decidió expandirse y crecer en sus vecinos latinoamericanos. En 1979 hizo su primera incursión internacional con la construcción de una hidroeléctrica en Perú. Hoy es una de las principales constructoras del país andino, donde tiene 20.000 empleados y se encarga de negocios que van desde gasoductos hasta la construcción de carreteras.

Las excolonias portuguesas Mozambique y Angola fueron, junto a los países latinoamericanos, algunos de los lugares más importantes para el desarrollo del conglomerado. En 1984 construyeron en Angola la mayor hidroeléctrica del país y comenzaron sus relaciones con José Eduardo Santos, el hasta ahora presidente.

Aeropuertos, carreteras, gasoductos, hasta misiles para la Armada brasileña han formado parte de sus negocios. Entre sus rarezas también una cadena de supermercados en Angola, que serviría más para hacer contactos en el país que para ganar dinero. Su expansión internacional no habría sido posible sin los incontables préstamos del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (BNDES). Desde 2004 el 70% de los recursos destinados a negocios en el exterior de esta entidad pública cayó en manos de la familia Odebrecht.

El modus operandi en el extranjero fue exactamente el mismo que en territorio nacional: conseguir licitaciones de obra pública a través de sobornos y contratos sobrefacturados. Un estilo de hacer negocios que según el exejecutivo con el que hablamos sería el pan de cada día de cualquier gran constructora: “Este fenómeno es muy habitual en América Latina y en España. Los constructores se acercan al poder público para poder crecer y los políticos de cualquier ideología caen fácil en los sobornos. Es un tipo de corrupción muy burda y a la vez muy fácil de llevar a cabo”.

Desde que Odebrecht está en el punto de mira de Brasil, donde por ahora no puede acceder a nuevas licitaciones, su nombre comenzó a ser mal visto en el resto de países. El pasado mes de diciembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que desde 2007 hasta la actualidad Odebrecht había pagado 439 millones de dólares a políticos, partidos y funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, Mozambique y Angola.

La denuncia rápidamente se usó con fines políticos. El grupo de países que acababan de cambiar de gobierno,  y cuyos actuales mandatarios estaban en la oposición durante el periodo de los sobornos, fueron los primeros en prometer duros castigos contra la constructora. Perú, Colombia, Argentina y Panamá enseguida se mostraron interesados en las investigaciones para cercar a sus adversarios.

Perú y Panamá anunciaron, por ejemplo, que Odebrecht no podrá optar a más licitaciones, y el presidente peruano, Pablo Kuczynski, llegó a pedir esta semana que la empresa venda todo su capital y abandone el país.

Venezuela, México, Ecuador o República Dominicana, donde el poder no ha cambiado todavía, intentaron ignorar las acusaciones. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, que cierra su ciclo de gobierno el próximo mes, pidió pruebas concretas de los sobornos: “No me fío exclusivamente de la confesión de una empresa”, sentenció.

Gigantes con pies de barro

En estos momentos, la que fue la mayor constructora de América Latina corre el riesgo de desaparecer. Además de perder las licitaciones en su país y espacio en el extranjero, tiene que enfrentarse a multas millonarias para poder seguir trabajando en Brasil y optar de nuevo a concesiones de obra pública.

La constructora ha aceptado pagar una multa de 4.500 millones de dólares, aunque advirtió que por el momento sólo podría adelantar 2.600 millones. El dinero lo recibirían autoridades brasileñas, norteamericanas y suizas (todos países afectados por el esquema de sobornos) en la considerada mayor resolución mundial sobre sobornos en el extranjero.

Gracias a los acuerdos de delación premiada que cobraron validez jurídica esta semana, Marcelo Odebrecht podrá salir de prisión a finales de 2017, y cumplir cuatro años de pena en su casa en régimen semiabierto. Pero el clan familiar ya ha anunciado que todos aquellos que tengan el apellido alemán dejarán de formar parte del consejo de administración. A su vez declararon que sacarán la empresa a bolsa con capital abierto, además de suscribir todas las políticas y mecanismos anticorrupción necesarios para controlar el conglomerado.

“Son empresas que crecen sin parar, no pueden mantenerse, sólo salen adelante si crecen. De ahí su dependencia del poder público que, además de darles las licitaciones, les da la explotación y las financia a fondo perdido. Están acostumbrados a ganar siempre, pero sin gobiernos que las apoyen no son más que gigantes con pies de barro”, concluye el exejecutivo.

Este gigante también ha mostrado los pies de barro de sus socios. La caída de Odebrecht hace tambalear al gobierno Temer, que tiene a gran parte de sus allegados acusados por corrupción. Lo mismo sucede con el 20% de los senadores del Congreso.

El futuro de la constructora y de los políticos afines dependerá del nuevo juez que sustituya al recientemente fallecido, en un accidente de aviación, Teori Zavascki que se encargaba de la operación Lava Jato en el Tribunal Supremo. El próximo magistrado tendrá en su mano la posibilidad de hacer caer a un gobierno, o de amortiguar los escándalos. La presión de las calles será fundamental para elegir uno de los dos caminos.