Por Andres Molina
En medio de cuestionamientos y preguntas que no encontraron una respuesta, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), presentó su primer informe desde que se instaló en Honduras el año 2016.
Según la oficina, el informe “describe la situación de los derechos humanos en Honduras; la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sector de la justicia en un contexto de violencia; el entorno en que operan los defensores de los derechos humanos y los pasos necesarios para su protección; y la situación de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas”.
No obstante, defensores y defensoras cuestionaron que el informe tiene vacíos sobre la situación que se vive en el país, la representante de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Laura Rey, cuestionó que en el informe no aparece la situación de los niños y niñas.
Posteriormente el director de Coiproden, Wilmer Vásquez se sumó a los cuestionamientos y le recomendó al OACNUDH leer un análisis de regional de inversión en niñez del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, para “ver si después de leerlo, creen que casi cuatro millones de niñas, niños y adolescentes, son una prioridad”.
María Soledad Pazo, Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se justificó ante los cuestionamientos que se trata de un informe que debe cumplir con los requerimientos de sus jefes en Ginebra, Suiza. Agregó que la oficina sólo cuenta con diez empleados incluyéndose ella, dando a entender que no se daban abasto para atender la demanda de trabajo.
Pasos aseguró que les “interesa trabajar y avanzar no detenernos en cuestiones que son innecesarias” sin explicar cuáles son las cuestiones que son innecesarias.
El informe contiene recomendaciones como la desmilitarización de la sociedad y “transicionar de una militarización a una profesionalización y una gestión de la seguridad pública a manos de una policía que sea confiable, que sea transparente que esté sometida” a la rendición de cuentas a la sociedad.
Repensar el tema de las políticas de judicialización de persecución criminal que el m tiene que hacer, pensar como atribuir competencias a las diferentes unidades de la fiscalía, para trabajar sobre la impunidad y mejorar los índices en el país.
Pazo se quejó que ha sido bastante complicado obtener información en Honduras en el que la única institución que facilitó información es el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.
La Oficina criticó duramente lo que calificó como “incumplimiento” de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), del caso López Lone y otros versus Honduras, en el que la Corte Suprema de Justicia que preside Rolando Argueta, hizo oídos sordos a las recomendaciones del ente internacional y a los intentos de mediación del OACNUDH para que los jueces despedidos fueran reintegrados a sus cargos, tal como manda el juicio.
A esta oficina le preocupa la independencia de los poderes en Honduras, sin hacer una mención directa a las críticas que hacen los expertos en derecho constitucional y desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, sobre la inexistencia de un verdadero estado de derecho en el que se respeta el imperio de la ley.
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