El capital transnacional está echando raíces en el país, teniendo como grandes aliados a grupos empresariales locales. “Fue después del golpe de Estado del 2009, cuando los recursos naturales de Honduras (Carreteras, bosque, Ríos y minerales) se convirtieron en el paraíso a explotar “trayendo la muerte, la contaminación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, negros, y de todo el pueblo hondureño”, indicó de la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.
Según estudios del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, actualmente el Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de Represas Hidroeléctricas, 950 concesiones mineras y más de 800 se encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 30% del territorio hondureño ya fue entregado a las compañías mineras.
“Para todo esto se preparó el escenario con la aprobación en el 2019 de la Ley General de Aguas y luego se aprobó la Ley de Minería en agosto del año 2013, marco jurídico que favorece incluso una de las formas más irracionales e inhumanas de explotación, entre ellas las de Cielo Abierto a base de cianuro, que tiene bajo costo para las empresas mineras y un alto impacto para todos los seres vivientes; por lo cual ha sido prohibida en varios países del mundo”, indicó el dirigente indígena.
“Las hidroeléctricas y la minería, solo han representado desplazamientos forzosos de comunidades, la desigualdad en el acceso y distribución de los recursos entre los que tienen más y los que no tienen nada, ha provocado conflictos sociales, políticos, y económicos limitando y condicionando a los más pobres a no contar con una soberanía alimentaria, a verse limitada su participación de los beneficios de crecimiento y desarrollo económico del país”, indico el investigador Pedro Landa, quien es parte del ERIC-SJ.
Dijo además que el Estado no gana al contrario pierde al máximo el costo humano y de país es invaluable comparado con las mínimas ganancias que este tipo de industria trae para el desarrollo del país, sin embargo dijo que en medio de estas arbitrariedades aparece la luz de la esperanza y es que más de 20 municipios de los departamentos de: Yoro, Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Francisco Morazán, se han declarado territorios libres de minería y algunos libres de hidroeléctricas.
“La reelección o continuidad de Juan Orlando Hernández, refleja la continuidad de la política de entrega del territorio, soberanía, bienes comunes y de la naturaleza", así como la consolidación de la dictadura que representa al gran capital nacional y trasnacional”, aseguró Beti Vásquez, del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, MAS.
A renglón seguido dijo que por eso es que la alta clase política empresarial-política de Honduras, el Gobierno de Estados Unidos y otros países Europeos incluyendo varios bancos transnacionales, no dicen nada y más bien en secreto han dado la bendición a la reelección presidencial y con ello la dictadura de Juan Orlando.
Modelo extractivo es sinónimo de muerte
No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras. Según la reciente investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.
El indígena Lenca Alan García de 17 años, sobrevivió a una bala disparada por un militar que le fue a impactar a su pecho. Él estaba protestando contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca que se pretende construir sobre el río Gualcarque de Río Blanco, Intibucá, cuando soldados del ejército abrieron fuego. Su padre murió asesinado a tiros en el mismo ataque.
Tres años más tarde, en 2016, la destacada líder indígena y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres fue asesinada según han denunciado organizaciones nacionales e internacionales por tener una lucha frontal contra la hidroeléctrica Agua Zarca. El 02 marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros
Modos para entrar a las comunidades
En Honduras las empresas mineras e hidroeléctricas emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos, la mayoría enfrentan el rechazo total de las comunidades.
Sin embargo de acuerdo a Tomas Gómez, del Copinh, existen tres procedimientos que utilizan las empresas para que las comunidades acepten los proyectos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.
“Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo. Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, algunas ocasiones reparan las carreteras de acceso a las comunidades, o construyen una escuela.
“Tercero, si algún líder o lideresa comunitaria o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante la policía y el ejército quien actúa en contubernio con jueces y fiscales, quienes crean los escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados”.
Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos). Dijo que para muestra de esto es el asesinato la lideresa social y compañera de lucha Berta Cáceres, quien ayer jueves 02 de marzo cumplió un año de su martirio.
Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas con militares y exmilitares.
“Ante este situación en Honduras hay una gran preocupación y por la que hacemos un llamado urgente a detener la industria extractiva porque ella lleva el acaparamiento y control de grandes extensiones de territorios, de los recursos hídricos (agua), y otros bienes naturales, sumándose la destrucción de la cultura e identidad de los pueblos originarios, de la salud de la población e incluso la perdida de la vida a manos de sicarios de las personas que se oponen a los proyectos extractivos”, indicó el investigador Pedro Landa.
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