“Aquí nos quedaremos porque el agua es nuestra” afirmaron con seguridad los habitantes del Sector Pajuiles y Mezapa en Tela, Atlántida, quienes mantienen una toma en los accesos que comunican al lugar donde el empresario Jason Hawit construye una represa hidroeléctrica. Las comunidades exigen la suspensión inmediata de los trabajos que realiza la empresa y la cancelación definitiva de la concesión. La toma comenzó el Día Internacional del Agua y la ciudadanía está decida a permanecer en el lugar hasta que sus demandas sean atendidas.
La Fiscalía Especial del Ambiente de Atlántida, emitió un dictamen de la inspección realizada en febrero de 2017, en la que refirió que parte de los daños provocados por la empresa Centrales de El Progreso (Hidrocep), es la pérdida de cobertura forestal, sedimentación de los cauces de agua y represas de abastecimiento de agua a las comunidades de Brisas de San Antonio, Planes de Arena Blanca y Sector Pajuiles en el municipio de Tela. A raíz de esta situación las comunidades han sido contundentes en sus denuncias.
Honduras está viviendo momentos difíciles. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas transnacionales y por el otro hay una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes. Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con una licencia en mano para instalar una minera, una represa o talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla. Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante los gobiernos de Roberto Michelleti, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
En 2016, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro).
Según un estudio del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), a partir de los años 60’, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica, pero en 1994, en medio de una crisis energética, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada y blindando a través del Congreso Nacional los proyectos hidroeléctricos.
“Sabemos que estos proyectos son los responsables de los daños ambientales y de muchas asesinatos a líderes ambientalistas como Berta Cáceres”, dice Silverio López, un joven del Sector Pajuiles en Tela organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Silverio permanece junto a su hermana Albertina en la toma contra la hidroeléctrica de Hawit en la montaña Nombre de Dios.
La toma del Sector Mezapa y Pajuiles se desarrolla de forma pacífica. La gente ha instalado una cadena en la carretera para bloquear el paso. Únicamente pueden transitar los habitantes de la zona y los carros repartidores de productos de consumo popular. Se han colocado dos carpas donde los protestantes se cubren del sol y se protegen del sereno nocturno. De entrada al lugar se pueden observar pancartas o rótulos con mensajes de protesta por la destrucción de la madre tierra.
A pesar que existe una orden del Ministerio Público de parar los trabajos de la empresa, ésta sigue destruyendo sin misericordia la cordillera Nombre de Dios en Atlántida denuncia la población. Albertina López vive en Planes de Arena Blanca y afirma que la empresa de Jason Hawit ha dañado el proyecto de agua de la comunidad y que ahora los vecinos se ven obligados a comprar agua embotellada.
“Antes tomábamos agua de tubo y hoy tenemos que conseguir 30 lempiras diarios para comprar un botellón” expresa con indignación Albertina, una mujer que junto a otras que permanecen en la toma, han construido una cocina para preparar los alimentos en el lugar. “El agua de la llave es puro lodo”, agrega confirmando que la llegada de la empresa ha cambiado para mal la vida de las comunidades y que las mujeres se mantienen firmes en la defensa del agua.
Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos porque conocen ejemplos como el de Aguacatales en el departamento de La Paz, donde hace algunos años la diputada Gladys Aurora, vice presidenta del Congreso Nacional, llegó con cientos de promesas de prosperidad a cambio de instalar una represa hidroeléctrica. Al final lo logró, instaló su proyecto, pero las comunidades se quedaron sin río y sin tener acceso al agua.
El agua: Un derecho humano
El 28 de julio de 2010, la Organización de Naciones Unidas ONU, reconoció el derecho humano al agua, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Para poder disfrutar del Derecho al agua, esta debe ser:
Suficiente: El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico, o sea: para beber, el aseo personal, lavado de ropa, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
Saludable: Libre de microrganismos y sustancias químicas y peligrosas que constituyan una amenaza para la salud humana.
Aceptable: El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos uso, personal y doméstico.
Asequible: El costo del agua no debe superar el 3 por ciento de los ingresos del hogar.
Físicamente accesible: Dentro o cercanos al hogar. La fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos.
Sin embargo, más de 1.6 millones de personas viven sin acceso al agua potable en Honduras, a pesar que el país tiene mayor número de ríos y afluentes por área cuadra según organizaciones defensoras de derechos humanos.
La lucha por el agua es ahora
Desde el 2013, organizaciones comunitarias, iglesia católica y municipalidad de El Negrito, Yoro, comenzaron un proceso integral encaminado a prohibir en el municipio la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas, así como la tala del bosque, la caza de animales y la siembra de palma africana en las zonas productoras de agua.
El gobierno de Juan Orlando Hernández, ha multiplicado el número de concesiones mineras en los últimos dos años. Sólo el departamento de Yoro cuenta con 23 concesiones, de las cuales 7 están ubicadas en el municipio de El Negrito, una investigación del según el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric de la Compañía de Jesús.
En 2017, El Negrito, Yoro, primer municipio en Honduras auto-declarado territorio libre de minería e hidroeléctricas, busca declarar todas sus fuentes de agua como “Zonas Productoras de Agua Exclusivas para el Consumo Humano”, a través del Instituto de Conservación Forestal y el Congreso Nacional. “Gracias a la organización hemos logrado detener la minería y la tala del bosque”, dice Modesta Morales del Sector de Guaymas, asegurando que desde El Negrito están buscando la forma de articular la lucha con las comunidades de Tela.
También el Día Mundial del Agua, los pobladores y pobladoras del municipio de Reitoca, ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán, se tomaron la carretera que conduce al sur del país protestando porque les quieren instalar una represa hidroeléctrica. La población exige que se pare la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el rio Reitoca, que es la única fuente de agua para ese municipio.
La empresa PROGELSA cuyo principal accionista es el empresario y político Jack Arévalo, pretende construir el proyecto en el río Reitoca sobre el cerro Petacón dañando la toma de agua de esa y otras comunidades.
Es muy común ver y escuchar cómo estas acciones de lucha pacífica en defensa del agua se multiplican a nivel nacional ante la amenaza de ser acaparada por el capital trasnacional con el aval del gobierno de Juan Orlando Hernández, señala el ambientalista Pedro Landa. Esto significa que el agua lejos de ser un derecho humano, que el Estado de Honduras debe proteger, se ha convertido en un negocio redondo, y en un privilegio reservado solo para aquellos que tengan dinero suficiente para pagar por ella.
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